martes 20 de julio de 2010
Denuncian vivir en «clima de miedo» en un geriátrico
[Valencia] La convivencia diaria en la residencia pública de la tercera edad de Carlet debería ser plácida, sin embargo, la realidad es que se ha convertido en un verdadero infierno para un relevante número de empleados del centro y de ancianos residentes. La causa de estos males reside en la particular gestión impuesta por el actual director del mayor centro sociosanitario de la Comunidad.
J.MARTÍN - VALENCIA
Con su llegada todo cambió en la residencia y se empezó a aplicar a rajatabla la máxima de «conmigo o contra mí», según destacan empleados y usuarios consultados que denuncian el «clima de miedo» que viven. En los últimos meses, hasta tres empleados: el coordinador del centro, el jefe de vigilantes y el informático han tenido que abandonarlo por expreso deseo del gerente. A ellos hay que sumar el presunto mobbing sobre al menos cinco empleados, uno de los cuales está actualmente de baja por depresión. De esta forma la falta de comunicación con los responsables de recepción, mantenimiento, almacén, enfermería y farmacia es una constante.
El rechazo del gerente se ha plasmado en «humillaciones, ninguneos y puenteos» así como la apertura de expedientes. Destaca episodios como el sucedido en recepción, donde de la noche a la mañana y sin previo aviso, el jefe, ahora de baja por depresión, se encontró su despacho destruido por unas obras de reforma y con sus enseres esparcidos.
La relación entre la dirección y el Consejo de Usuarios es de guerra abierta, especialmente con su presidente Luis Aparisi dado que es quien ha denunciado las deficiencias y las prácticas de la actual dirección. Incluso se ha intentado echarle del cargo disolviendo de forma irregular la Junta de Gobierno de los Usuarios.
Sin embargo, en la última asamblea, con la asistencia de cargos de la Conselleria de Bienestar Social, salió reelegido.
Fuente: EL MUNDO
Publicado por AVaFURCeG
Presentación
viernes, 26 de noviembre de 2010
Compromís denuncia que el Consell rebajó las sanciones a los geriátricos de los Cotino
viernes 9 de julio de 2010
Compromís denuncia que el Consell rebajó las sanciones a los geriátricos de los Cotino
Oltra dice que hay multas por 17 expedientes con 15.000 euros cada uno cuando debían oscilar entre 120.500 y 600.000 euros. Bienestar replica que a todas las firmas se les baja la sanción si corrigen deficiencias.
JUANJO GARCÍA GÓMEZ - VALENCIA
Bienestar Social rebajó entre 2007 y 2010 a la entonces empresa de residencias geriátricas de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino y del constructor Enrique Ortiz, entre otros socios, las sanciones que se derivaban de expedientes de la Inspección de Servicios Sociales, en al menos 106.500 euros, según denunció ayer la portavoz adjunta de Compromís en las Corts Mónica Oltra. Según la parlamentaria, la dirección general sobre la Dependencia impuso a nueve de los 22 centros de Savia, por 17 expedientes abiertos, multas que suman 15.000 euros, cuando las sanciones planteadas por la Inspección, de acuerdo con el baremo fijado por la ley, comportaban una horquilla entre 120.500 y 600.000 euros. Oltra censuró este "trato de favor" a la en aquella época empresa ligada a la familia de Cotino (recientemente han vendido Sedesa, con la que participaban en el accionariado de Gerocentros-Savia) y reclamó a través de las Corts todos los informes y las resoluciones de la conselleria que justifiquen "en Derecho" esta rebaja. Explicó que la Inspección eleva una propuesta de sanción cuando tras varios avisos la residencia no subsana las deficiencias pero que corresponde a la dirección general fijar la cuantía según la gravedad: De 300 a 3.000 euros para las sanciones leves; 3.000 a 15.000, graves; y 15.000 a 600.000, muy graves. La suma de las cantidades económicas derivadas de las sanciones propuestas por la Inspección oscila entre los 120.500 y los 600.000 euros. Sin embargo, la dirección general ha impuesto multas por un total de 15.000 euros, dijo, y pese a que está obligada a justificar una disminución de la sanción, en las resoluciones "no hay ninguna argumentación jurídica de por qué se le ha aplicado esa rebaja", aseveró. Por ello se preguntó "si la única justificación es que se trata de una empresa de familiares de Cotino". "Son resoluciones arbitrarias, no motivadas", insistió. Las residencias aludidas son las de San Antonio de Benagéber, Albuixech, Silla, La Nucia, Xirivella, Manises, Paiporta, Benicarló y Alcàsser. Entre las supuestas deficiencias figuran las relacionadas con la atención médica, falta de personal y de medidas de seguridad, errores en la medicación y el diagnóstico clínico, omisión de atención clínica y alergias a la penicilina no informadas, plantilla o inexistencia de habitaciones individuales. "Igual con todas las empresas" La conselleria replicó que lo que la diputada presentó como denuncia corresponde a "la tramitación normal de un expediente". "Cuando la Inspección acaba en expediente sancionador, la ley contempla que la empresa tenga 6 meses para solventar el hecho que lo motivó; si subsana las deficiencias, la sanción se atenúa", recalcó un portavoz de Bienestar Social. "El objetivo de la sanción siempre es la solución del problema", dijo. La misma fuente subrayó que este procedimiento se sigue igual con todas las firmas afectadas por expedientes, que también han visto reducida la multa. "Los controles son muy, muy estrictos y se actúa sin mirar de quién es la empresa", aseguró otro responsable. Savia no respondió al ofrecimiento para dar su versión.
Fuente: Levante-EMV.com
Publicado por AVaFURCeG
Compromís denuncia que el Consell rebajó las sanciones a los geriátricos de los Cotino
Oltra dice que hay multas por 17 expedientes con 15.000 euros cada uno cuando debían oscilar entre 120.500 y 600.000 euros. Bienestar replica que a todas las firmas se les baja la sanción si corrigen deficiencias.
JUANJO GARCÍA GÓMEZ - VALENCIA
Bienestar Social rebajó entre 2007 y 2010 a la entonces empresa de residencias geriátricas de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino y del constructor Enrique Ortiz, entre otros socios, las sanciones que se derivaban de expedientes de la Inspección de Servicios Sociales, en al menos 106.500 euros, según denunció ayer la portavoz adjunta de Compromís en las Corts Mónica Oltra. Según la parlamentaria, la dirección general sobre la Dependencia impuso a nueve de los 22 centros de Savia, por 17 expedientes abiertos, multas que suman 15.000 euros, cuando las sanciones planteadas por la Inspección, de acuerdo con el baremo fijado por la ley, comportaban una horquilla entre 120.500 y 600.000 euros. Oltra censuró este "trato de favor" a la en aquella época empresa ligada a la familia de Cotino (recientemente han vendido Sedesa, con la que participaban en el accionariado de Gerocentros-Savia) y reclamó a través de las Corts todos los informes y las resoluciones de la conselleria que justifiquen "en Derecho" esta rebaja. Explicó que la Inspección eleva una propuesta de sanción cuando tras varios avisos la residencia no subsana las deficiencias pero que corresponde a la dirección general fijar la cuantía según la gravedad: De 300 a 3.000 euros para las sanciones leves; 3.000 a 15.000, graves; y 15.000 a 600.000, muy graves. La suma de las cantidades económicas derivadas de las sanciones propuestas por la Inspección oscila entre los 120.500 y los 600.000 euros. Sin embargo, la dirección general ha impuesto multas por un total de 15.000 euros, dijo, y pese a que está obligada a justificar una disminución de la sanción, en las resoluciones "no hay ninguna argumentación jurídica de por qué se le ha aplicado esa rebaja", aseveró. Por ello se preguntó "si la única justificación es que se trata de una empresa de familiares de Cotino". "Son resoluciones arbitrarias, no motivadas", insistió. Las residencias aludidas son las de San Antonio de Benagéber, Albuixech, Silla, La Nucia, Xirivella, Manises, Paiporta, Benicarló y Alcàsser. Entre las supuestas deficiencias figuran las relacionadas con la atención médica, falta de personal y de medidas de seguridad, errores en la medicación y el diagnóstico clínico, omisión de atención clínica y alergias a la penicilina no informadas, plantilla o inexistencia de habitaciones individuales. "Igual con todas las empresas" La conselleria replicó que lo que la diputada presentó como denuncia corresponde a "la tramitación normal de un expediente". "Cuando la Inspección acaba en expediente sancionador, la ley contempla que la empresa tenga 6 meses para solventar el hecho que lo motivó; si subsana las deficiencias, la sanción se atenúa", recalcó un portavoz de Bienestar Social. "El objetivo de la sanción siempre es la solución del problema", dijo. La misma fuente subrayó que este procedimiento se sigue igual con todas las firmas afectadas por expedientes, que también han visto reducida la multa. "Los controles son muy, muy estrictos y se actúa sin mirar de quién es la empresa", aseguró otro responsable. Savia no respondió al ofrecimiento para dar su versión.
Fuente: Levante-EMV.com
Publicado por AVaFURCeG
Las familias denuncian que los ancianos de la residencia de Sueca no comen lo suficiente
martes 22 de junio de 2010
Las familias denuncian que los ancianos de la residencia de Sueca no comen lo suficiente
[Valencia] «Algunos acuden al horno para poder subsistir», dicen los denunciantes, que insisten en que falta personal.
EVA MELERO - SUECA
Familiares de usuarios de la residencia municipal San José de Sueca arremetieron ayer contra las dos coordinadoras del centro, el alcalde, Joan Baldoví, y la concejal de Servicios Sociales, Dolors Pérez, y defendieron que la falta de personal repercute en la calidad de la atención a los ancianos que acoge el geriátrico. Los denunciantes, que aseguran representar a unos familiares y que prefieren no identificarse «por temor a posibles represalias contra los residentes», acusaron ayer a las dos coordinadoras de «ejercer abuso de poder sobre familiares y ancianos, que son los que están indefensos». En este sentido contaron que una de ellas se había referido a internos con expresiones insultantes, actitudes amenazantes y de manera «atemorizadora». «Pedimos una persona cualificada para la dirección, —la que había dimitió tras días en el cargo— que pueda ejercer su trabajo bajo su criterio y no bajo el de las coordinadoras, que son las que mandan actualmente», manifestaron. Un grupo de familiares había presentado una denuncia ante la Conselleria de Bienestar Social en parecidos términos a un comunicado emitido semanas atrás por el sindicato CSI·F, quien también acudió a la Inspección de Trabajo. Fue el sindicato quien sacó a la luz pública los resultados del informe del departamento del Consell. En él se detectaban una serie de anomalías que, en el momento de hacerse público el informe de la inspección, conselleria y ayuntamiento daban por solucionados. Aún así, estos familiares mantienen las quejas en cuanto a que «la atención a los usuarios sigue igual porque mandan las mismas y está trabajando la misma cantidad de personas». Uno de los aspectos denunciados, y en el que ayer mismo se reiteraba este grupo de familiares, era la atención deficiente a los residentes.
Fuente: Levante-EMV
Publicado por AVaFURCeG
Las familias denuncian que los ancianos de la residencia de Sueca no comen lo suficiente
[Valencia] «Algunos acuden al horno para poder subsistir», dicen los denunciantes, que insisten en que falta personal.
EVA MELERO - SUECA
Familiares de usuarios de la residencia municipal San José de Sueca arremetieron ayer contra las dos coordinadoras del centro, el alcalde, Joan Baldoví, y la concejal de Servicios Sociales, Dolors Pérez, y defendieron que la falta de personal repercute en la calidad de la atención a los ancianos que acoge el geriátrico. Los denunciantes, que aseguran representar a unos familiares y que prefieren no identificarse «por temor a posibles represalias contra los residentes», acusaron ayer a las dos coordinadoras de «ejercer abuso de poder sobre familiares y ancianos, que son los que están indefensos». En este sentido contaron que una de ellas se había referido a internos con expresiones insultantes, actitudes amenazantes y de manera «atemorizadora». «Pedimos una persona cualificada para la dirección, —la que había dimitió tras días en el cargo— que pueda ejercer su trabajo bajo su criterio y no bajo el de las coordinadoras, que son las que mandan actualmente», manifestaron. Un grupo de familiares había presentado una denuncia ante la Conselleria de Bienestar Social en parecidos términos a un comunicado emitido semanas atrás por el sindicato CSI·F, quien también acudió a la Inspección de Trabajo. Fue el sindicato quien sacó a la luz pública los resultados del informe del departamento del Consell. En él se detectaban una serie de anomalías que, en el momento de hacerse público el informe de la inspección, conselleria y ayuntamiento daban por solucionados. Aún así, estos familiares mantienen las quejas en cuanto a que «la atención a los usuarios sigue igual porque mandan las mismas y está trabajando la misma cantidad de personas». Uno de los aspectos denunciados, y en el que ayer mismo se reiteraba este grupo de familiares, era la atención deficiente a los residentes.
Fuente: Levante-EMV
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Un estudio denuncia abusos al atar y medicar a los ancianos en residencias
viernes 18 de junio de 2010
Un estudio denuncia abusos al atar y medicar a los ancianos en residencias
El 23% de los internos sufre sujeciones forzosas. La utilización de esta práctica que favorece úlceras e incontinencia es la más elevada de Europa.
EMILIO DE BENITO
España tiene la tasa más alta de los países occidentales de uso de sujeciones físicas y farmacológicas (sedación) en las personas ingresadas en residencias para mayores. Un estudio de la Confederación de Organizaciones de Mayores (Ceoma), que busca erradicar estas prácticas, calcula que un 23% de los 300.000 internos (un 50% de ellos, además, sufre algún tipo de demencia) está sometido a estas prácticas. El trabajo se ha hecho en 263 residencias públicas y privadas que acogen a 9.000 personas. La tasa coincide con la calculada en Navarra, única comunidad que tiene un estudio completo. Antonio Burgueño, médico y director del programa Desatar al anciano y al enfermo de alzhéimer de Ceoma, indica que la tasa de utilización de estas técnicas en Italia, Suiza y Alemania ronda el 15%, que en Reino Unido está en el 4% y en Dinamarca en el 2%. Esta última cifra se considera por los expertos equivalente a la práctica erradicación de estos sistemas, ya que se admite que puede haber casos esporádicos (un paciente que tiene un brote de agresividad contra otros residentes o contra sí mismo) que pueden justificar el uso puntual de estas técnicas. Los datos no muestran grandes diferencias entre los centros públicos y los privados. La clave está en el término "puntual". Porque lo que los expertos han detectado cuando revisan las instituciones es que estas prácticas se utilizan de una manera continuada. Con importantes secuelas. Entre ellas, los investigadores destacan las físicas y las psicológicas. Y las éticas. Porque los representantes de Ceoma, el Imserso, la Confederación de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhéimer (Ceafa) y la Fiscalía General del Estado coinciden en que se trata, ante todo, de un problema de derechos humanos con impacto en la salud. Por ejemplo, como apunta Burgueño, estas prácticas favorecen la aparición de úlceras de presión, infecciones (sobre todo respiratorias y de orina), incontinencias, disminución del apetito (y la consecuente desnutrición) y pérdida de tono muscular. Y, en el plano psicológico, de apatía, ira, vergüenza, depresión, aislamiento, miedo o pánico. Según Burgueño, la solución no tiene por qué encarecer la asistencia. "Hay que aceptar que en las residencias haya cierto ambiente [gente moviéndose aunque no tenga muy claro adónde], porque no podemos aceptar convertirlas en remanso de paz a costa de la felicidad y los derechos de los internos", dice. El experto afirma que el principal obstáculo para que las prácticas cambien está en la voluntad de los gestores y el personal. "Hay que acabar con una serie de mitos", indica. El primero, que estas prácticas se usan para evitar caídas, "cuando estas aumentan", porque después de tres o cuatro meses de inmovilidad las personas son incapaces de mantenerse en pie, y eso sí que es un peligro. El resultado es que el personal que se reduce en atender y, si hace falta, vigilar a los ingresados hay que utilizarlo en moverlos y cuidarlos. Por eso los estudios no indican que en los centros donde se han erradicado las sujeciones hayan hecho falta más trabajadores. Tampoco es cierto que estas técnicas sirvan para corregir problemas de conducta. "Es contraproducente", indica Burgueño, ya que las personas se irritan y se deprimen. En casos extremos, ha habido fallos cardiovasculares por la tensión a la que se somete al paciente cuando hace el esfuerzo por desatarse. El estudio no está tan avanzado en cuanto a la otra medida para controlar -o anular- la voluntad de los pacientes: la llamada sujeción química o farmacológica. Pero los datos adelantados muestran que ahí también hay un problema. No se trata de, si hace falta, no usar un calmante en un momento determinado "y con voluntad de suspenderlo", pero sí de evitar que su uso se convierta en algo crónico. Y eso es justo lo que pasa en el 66% de los casos. Además, solo en el 18% de los casos hay un seguimiento del efecto para ajustar la dosis, lo que implica que las personas están "sedadas de más". Los expertos admiten que existe un problema: que hace falta que las familias empiecen a valorar que la libertad de los ingresados está por delante de "una seguridad absoluta". Porque si los gestores de las residencias tienen miedo a que se les denuncie si la persona mayor se cae, por ejemplo, actuarán a la defensiva, y será más difícil que acepten cambiar las prácticas en los centros. Todas estas conductas fueron enmarcadas por el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de los mayores, Jorge Sena, en un "fenómeno sangrante de malos tratos", que puede llegar al 5% de los mayores, según datos que acaba de hacer públicos la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). El problema, según admite Sena, es que estas conductas se llevan a cabo "en el marco de la impunidad", que se ve favorecido por el entorno familiar. Por eso Sena propone que se haga una ley específica tomando como base la de violencia contra la mujer. Para el fiscal, la cobertura actual del Código Penal a ciertos abusos no es suficiente, y estaría justificado crear figuras específicas cuando se trata de "lesiones, robo, estafa, coacciones o amenazas" a mayores de 65 años, ya que considera que están más desprotegidos. De hecho, indicó que en dos años ha tenido conocimiento directamente de 45 expedientes por malos tratos a mayores, pero admitió que ninguno había tenido entidad y había acabado en condenas. "Se pierden en la nebulosa de la impunidad" favorecida por el entorno familiar, el miedo de la persona mayor a actuar contra sus hijos y la "falta de mentalización" de la sociedad, indicó el fiscal.
Unos derechos difíciles de proteger
- Afectados. Aproximadamente unas 300.000 personas están ingresadas en residencias para mayores (públicas y privadas) en España. De ellas, la Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores (Ceoma) calcula que el 50% tiene, además, algún tipo de demencia.
- Malos tratos. Los médicos de atención primaria estiman que un 5% de los siete millones de mayores de 65 años sufre malos tratos. La cifra coincide con la del Centro Reina Sofía. De ellos, el fiscal especial para la protección de los derechos de los mayores, Jorge Sena, calcula que solo se persigue un 1%. No tiene estadísticas de condenas.
- Sujeciones. Las organizaciones de afectados afirman que el 23% de los ingresados en residencias sufre la práctica de sujeciones físicas (ataduras, inmovilización, limitación excesiva a sus posibilidades de deambular).
- Actuaciones legales. El fiscal Jorge Sena recuerda que la restricción de derechos fundamentales, como el de libertad de movimientos, exige una autorización judicial. Lo mismo sucede con el ingreso en un centro contra la voluntad de las personas, ya que si no se puede incurrir en un delito de detención ilegal. Según Sena, en estos casos "no basta con un informe médico".
- Centros adecuados. Ceoma ya ha acreditado en España un centro libre de sujeciones (en Gernika, Vizcaya), y tiene dos pendientes (en Villarreal, Castellón, y Ontinyent, Valencia). Hay otros dos y dos centros de día que podrían incluirse en esta categoría.
Fuente: ELPAIS.com
Publicado por AVaFURCeG
Un estudio denuncia abusos al atar y medicar a los ancianos en residencias
El 23% de los internos sufre sujeciones forzosas. La utilización de esta práctica que favorece úlceras e incontinencia es la más elevada de Europa.
EMILIO DE BENITO
España tiene la tasa más alta de los países occidentales de uso de sujeciones físicas y farmacológicas (sedación) en las personas ingresadas en residencias para mayores. Un estudio de la Confederación de Organizaciones de Mayores (Ceoma), que busca erradicar estas prácticas, calcula que un 23% de los 300.000 internos (un 50% de ellos, además, sufre algún tipo de demencia) está sometido a estas prácticas. El trabajo se ha hecho en 263 residencias públicas y privadas que acogen a 9.000 personas. La tasa coincide con la calculada en Navarra, única comunidad que tiene un estudio completo. Antonio Burgueño, médico y director del programa Desatar al anciano y al enfermo de alzhéimer de Ceoma, indica que la tasa de utilización de estas técnicas en Italia, Suiza y Alemania ronda el 15%, que en Reino Unido está en el 4% y en Dinamarca en el 2%. Esta última cifra se considera por los expertos equivalente a la práctica erradicación de estos sistemas, ya que se admite que puede haber casos esporádicos (un paciente que tiene un brote de agresividad contra otros residentes o contra sí mismo) que pueden justificar el uso puntual de estas técnicas. Los datos no muestran grandes diferencias entre los centros públicos y los privados. La clave está en el término "puntual". Porque lo que los expertos han detectado cuando revisan las instituciones es que estas prácticas se utilizan de una manera continuada. Con importantes secuelas. Entre ellas, los investigadores destacan las físicas y las psicológicas. Y las éticas. Porque los representantes de Ceoma, el Imserso, la Confederación de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhéimer (Ceafa) y la Fiscalía General del Estado coinciden en que se trata, ante todo, de un problema de derechos humanos con impacto en la salud. Por ejemplo, como apunta Burgueño, estas prácticas favorecen la aparición de úlceras de presión, infecciones (sobre todo respiratorias y de orina), incontinencias, disminución del apetito (y la consecuente desnutrición) y pérdida de tono muscular. Y, en el plano psicológico, de apatía, ira, vergüenza, depresión, aislamiento, miedo o pánico. Según Burgueño, la solución no tiene por qué encarecer la asistencia. "Hay que aceptar que en las residencias haya cierto ambiente [gente moviéndose aunque no tenga muy claro adónde], porque no podemos aceptar convertirlas en remanso de paz a costa de la felicidad y los derechos de los internos", dice. El experto afirma que el principal obstáculo para que las prácticas cambien está en la voluntad de los gestores y el personal. "Hay que acabar con una serie de mitos", indica. El primero, que estas prácticas se usan para evitar caídas, "cuando estas aumentan", porque después de tres o cuatro meses de inmovilidad las personas son incapaces de mantenerse en pie, y eso sí que es un peligro. El resultado es que el personal que se reduce en atender y, si hace falta, vigilar a los ingresados hay que utilizarlo en moverlos y cuidarlos. Por eso los estudios no indican que en los centros donde se han erradicado las sujeciones hayan hecho falta más trabajadores. Tampoco es cierto que estas técnicas sirvan para corregir problemas de conducta. "Es contraproducente", indica Burgueño, ya que las personas se irritan y se deprimen. En casos extremos, ha habido fallos cardiovasculares por la tensión a la que se somete al paciente cuando hace el esfuerzo por desatarse. El estudio no está tan avanzado en cuanto a la otra medida para controlar -o anular- la voluntad de los pacientes: la llamada sujeción química o farmacológica. Pero los datos adelantados muestran que ahí también hay un problema. No se trata de, si hace falta, no usar un calmante en un momento determinado "y con voluntad de suspenderlo", pero sí de evitar que su uso se convierta en algo crónico. Y eso es justo lo que pasa en el 66% de los casos. Además, solo en el 18% de los casos hay un seguimiento del efecto para ajustar la dosis, lo que implica que las personas están "sedadas de más". Los expertos admiten que existe un problema: que hace falta que las familias empiecen a valorar que la libertad de los ingresados está por delante de "una seguridad absoluta". Porque si los gestores de las residencias tienen miedo a que se les denuncie si la persona mayor se cae, por ejemplo, actuarán a la defensiva, y será más difícil que acepten cambiar las prácticas en los centros. Todas estas conductas fueron enmarcadas por el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de los mayores, Jorge Sena, en un "fenómeno sangrante de malos tratos", que puede llegar al 5% de los mayores, según datos que acaba de hacer públicos la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). El problema, según admite Sena, es que estas conductas se llevan a cabo "en el marco de la impunidad", que se ve favorecido por el entorno familiar. Por eso Sena propone que se haga una ley específica tomando como base la de violencia contra la mujer. Para el fiscal, la cobertura actual del Código Penal a ciertos abusos no es suficiente, y estaría justificado crear figuras específicas cuando se trata de "lesiones, robo, estafa, coacciones o amenazas" a mayores de 65 años, ya que considera que están más desprotegidos. De hecho, indicó que en dos años ha tenido conocimiento directamente de 45 expedientes por malos tratos a mayores, pero admitió que ninguno había tenido entidad y había acabado en condenas. "Se pierden en la nebulosa de la impunidad" favorecida por el entorno familiar, el miedo de la persona mayor a actuar contra sus hijos y la "falta de mentalización" de la sociedad, indicó el fiscal.
Unos derechos difíciles de proteger
- Afectados. Aproximadamente unas 300.000 personas están ingresadas en residencias para mayores (públicas y privadas) en España. De ellas, la Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores (Ceoma) calcula que el 50% tiene, además, algún tipo de demencia.
- Malos tratos. Los médicos de atención primaria estiman que un 5% de los siete millones de mayores de 65 años sufre malos tratos. La cifra coincide con la del Centro Reina Sofía. De ellos, el fiscal especial para la protección de los derechos de los mayores, Jorge Sena, calcula que solo se persigue un 1%. No tiene estadísticas de condenas.
- Sujeciones. Las organizaciones de afectados afirman que el 23% de los ingresados en residencias sufre la práctica de sujeciones físicas (ataduras, inmovilización, limitación excesiva a sus posibilidades de deambular).
- Actuaciones legales. El fiscal Jorge Sena recuerda que la restricción de derechos fundamentales, como el de libertad de movimientos, exige una autorización judicial. Lo mismo sucede con el ingreso en un centro contra la voluntad de las personas, ya que si no se puede incurrir en un delito de detención ilegal. Según Sena, en estos casos "no basta con un informe médico".
- Centros adecuados. Ceoma ya ha acreditado en España un centro libre de sujeciones (en Gernika, Vizcaya), y tiene dos pendientes (en Villarreal, Castellón, y Ontinyent, Valencia). Hay otros dos y dos centros de día que podrían incluirse en esta categoría.
Fuente: ELPAIS.com
Publicado por AVaFURCeG
Inspección confirma deficiencias denunciadas por CSI·F en la residencia de ancianos de Sueca
lunes 31 de mayo de 2010
Inspección confirma deficiencias denunciadas por CSI·F en la residencia de ancianos de Sueca
[Valencia] El sindicato CSI·F aseguró hoy en un comunicado que el informe elaborado por el área de Inspección y Calidad de Bienestar Social reconoce que "no está garantizada la correcta atención a los residentes del Hospital de la Caridad" de la localidad valenciana de Sueca. El documento refleja hasta "12 incumplimientos" recogidos en acta, entre ellos que "el centro dispone de un único menú para todos los residentes que no está revisado por dietista ni firmado por facultativo".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) denunció ante Inspección la "excesiva carga física y mental que deben soportar los empleados" de esta residencia de titularidad municipal que atiende a 41 ancianos. Entre los motivos de denuncia, resalta "la carencia de médico propio desde hace un año o que sólo, por falta de personal, dos auxiliares tratan a todos los ancianos por las tardes y por las noches". Según el sindicato, la diputada del grupo de No Adscritos en las Corts Valencianes Marina Albiol tramitó una pregunta en la Cámara sobre el resultado de las visitas de inspección efectuadas a la residencia de tercera edad San José-Hospital de la Caridad de Sueca. La respuesta, firmada por la subsecretaria de la Conselleria de Bienestar Social incluye un resumen del área de Inspección y Calidad que "corrobora" las denuncias de CSI·F, según señaló. Así, el informe considera "grave" que "el centro carece de un sistema de programación y monitorización de los procedimientos básicos de atención residencial. Esta inexistencia indica que no está garantizada la correcta atención a los residentes". Entre los "incumplimientos e incidencias" insiste "en la falta de salidas de emergencia y de recorridos de evacuación", además de alertar de los "pocos extintores". Entre los 12 incumplimientos enumerados en el informe de Inspección aparece que "el centro aplica sujeciones a varios usuarios sin estar suficientemente motivadas" o que "ninguna de las habitaciones y de los cuartos de aseo de la planta principal del centro cumple con los requisitos sobre instalaciones para personas mayores según lo estipulado en la Orden de 4 de febrero de 2005". También advierte de situaciones como que "los timbres de aviso de emergencia de las habitaciones no son accesibles desde la cama y algunas habitaciones no disponen de este dispositivo de aviso". Del mismo modo delata el "desorden en el almacenamiento de productos de limpieza, enseres, mobiliario retirado, etc. En algunas estancias mezclan productos de limpieza, alimentos y enseres inservibles, además de estar abiertas al acceso de residentes". CSI·F destaca que el informe "corrobora las deficiencias existentes" en esta residencia que depende del Ayuntamiento de Suecay demuestra, según cita el escrito firmado por la Conselleria de Bienestar Social, "la inadecuada gestión de los procedimientos básicos de mantenimiento, higiene y limpieza".
Fuente: EUROPA PRESS
Publicado por AVaFURCeG
Inspección confirma deficiencias denunciadas por CSI·F en la residencia de ancianos de Sueca
[Valencia] El sindicato CSI·F aseguró hoy en un comunicado que el informe elaborado por el área de Inspección y Calidad de Bienestar Social reconoce que "no está garantizada la correcta atención a los residentes del Hospital de la Caridad" de la localidad valenciana de Sueca. El documento refleja hasta "12 incumplimientos" recogidos en acta, entre ellos que "el centro dispone de un único menú para todos los residentes que no está revisado por dietista ni firmado por facultativo".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) denunció ante Inspección la "excesiva carga física y mental que deben soportar los empleados" de esta residencia de titularidad municipal que atiende a 41 ancianos. Entre los motivos de denuncia, resalta "la carencia de médico propio desde hace un año o que sólo, por falta de personal, dos auxiliares tratan a todos los ancianos por las tardes y por las noches". Según el sindicato, la diputada del grupo de No Adscritos en las Corts Valencianes Marina Albiol tramitó una pregunta en la Cámara sobre el resultado de las visitas de inspección efectuadas a la residencia de tercera edad San José-Hospital de la Caridad de Sueca. La respuesta, firmada por la subsecretaria de la Conselleria de Bienestar Social incluye un resumen del área de Inspección y Calidad que "corrobora" las denuncias de CSI·F, según señaló. Así, el informe considera "grave" que "el centro carece de un sistema de programación y monitorización de los procedimientos básicos de atención residencial. Esta inexistencia indica que no está garantizada la correcta atención a los residentes". Entre los "incumplimientos e incidencias" insiste "en la falta de salidas de emergencia y de recorridos de evacuación", además de alertar de los "pocos extintores". Entre los 12 incumplimientos enumerados en el informe de Inspección aparece que "el centro aplica sujeciones a varios usuarios sin estar suficientemente motivadas" o que "ninguna de las habitaciones y de los cuartos de aseo de la planta principal del centro cumple con los requisitos sobre instalaciones para personas mayores según lo estipulado en la Orden de 4 de febrero de 2005". También advierte de situaciones como que "los timbres de aviso de emergencia de las habitaciones no son accesibles desde la cama y algunas habitaciones no disponen de este dispositivo de aviso". Del mismo modo delata el "desorden en el almacenamiento de productos de limpieza, enseres, mobiliario retirado, etc. En algunas estancias mezclan productos de limpieza, alimentos y enseres inservibles, además de estar abiertas al acceso de residentes". CSI·F destaca que el informe "corrobora las deficiencias existentes" en esta residencia que depende del Ayuntamiento de Suecay demuestra, según cita el escrito firmado por la Conselleria de Bienestar Social, "la inadecuada gestión de los procedimientos básicos de mantenimiento, higiene y limpieza".
Fuente: EUROPA PRESS
Publicado por AVaFURCeG
Cotino intentó blindar el negocio de geriátricos de su familia
lunes 31 de mayo de 2010
Cotino intentó blindar el negocio de geriátricos de su familia
El vicepresidente valenciano prometió aumentar las plazas subvencionadas.
Cotino intentó blindar el negocio de geriátricos de su familia
El vicepresidente valenciano prometió aumentar las plazas subvencionadas.
JAIME PRATS - VALENCIA
Antes de abandonar la Consejería de Bienestar Social, el ahora vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, trató de blindar el negocio del grupo Savia, empresa de residencias de la tercera edad participada por su familia. Cotino se comprometió a aumentar las plazas concertadas hasta ocuparlas totalmente con personas mayores subvencionadas por la Administración valenciana a lo largo de este año. Sin embargo, el presupuesto aprobado por la Generalitat no dotó de fondos adicionales a la línea que debía cubrir este gasto. Además, en los planes del departamento, ahora dirigido por Angélica Such, no se contempla aumentar los conciertos con residencias, ya que no existe demanda de los usuarios, que se inclinan por otras prestaciones, como la ayuda a cuidadores.
Ante esta situación, Savia y otras dos empresas (La Saleta y Novaire) que conciertan plazas con la Administración bajo la misma fórmula (denominada de accesibilidad social) y que esperaban beneficiarse de estas ventajas, han interpuesto un escrito para que Bienestar Social respete las condiciones pactadas cuando Cotino dirigía el departamento, según ha sabido este diario. Este documento está siendo analizado por la abogacía de la Generalitat y es un paso previo a la demanda con la que han amenazado para reclamar el cumplimiento del acuerdo. En la consejería consideran que la exigencia de Savia y el resto de centros tienen poco recorrido: se basa en un protocolo de intenciones lanzado por Cotino y estaba sujeto a la existencia de crédito, pero no hay liquidez.
Este protocolo fue el último movimiento de una serie de órdenes y resoluciones tomadas mientras Cotino estuvo al frente de Bienestar Social (junio de 2007 a agosto de 2009) que beneficiaron a los negocios de su familia y situaron a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia.
La primera permitió rebasar el límite del 33% en el porcentaje de plazas concertadas en las residencias sujetas a la fórmula de la accesibilidad social. En los noventa, la Comunidad Valenciana sufría un acuciante déficit de plazas residenciales para la tercera edad. Para combatir esta situación, la Generalitat planteó a la iniciativa privada un concurso para que construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas. El Gobierno valenciano elegiría la ubicación de las residencias en función de sus necesidades. A cambio, aseguraba a las empresas la ocupación del 33% de sus estancias con personas mayores remitidas (y sufragadas) por la Generalitat. Esta fórmula se bautizó con el nombre de accesibilidad social.
La firma Gerocentros del Mediterráneo, ligada a la familia Cotino, fue la principal beneficiada de este plan, al conseguir, en una unión de empresas, 28 de los 72 centros. Finalmente, se construyeron 52, de los que 21 son de Gerocentros. Tras diversos cambios accionariales, en 2005 esta empresa se quedó como único socio y cambió su nombre por el de Centros Residenciales Savia. En 2006, Sedesa Concesiones (controlada por Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente del Consell) ya presidía la sociedad con el 38,7% de las acciones, igual que Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria según el Registro Mercantil. Estas dos firmas están implicadas en la supuesta financiación del PP valenciano que destapó el caso Gürtel.
Cotino impulsó un importante cambio de las reglas del juego en la financiación pública de plazas privadas. En diciembre de 2008, el Consell eliminó la barrera del 33% -abriendo la puerta para concertar más plazas, cambiando sobre la marcha las condiciones del concurso- y equiparó la subvención de estas plazas al régimen de conciertos. El resultado fue un incremento del 182% de las estancias subvencionadas al grupo Savia por parte de la Generalitat. Antes de que llegara Cotino a Bienestar Social en 2006, las personas alojadas en residencias con subvención pública eran 716 (213 bajo la fórmula del bono-residencia y 503 por la accesibilidad social). En 2007, con Cotino en la consejería, la cifra pasó a 928 (248 y 680). A finales de 2008 la cifra se disparó hasta 1.938 (375 de bono y 1.563 de accesibilidad) y subió a 2.020 plazas (475 de bono y 1.654) en 2009, según información remitida por Bienestar Social a las Cortes valencianas.
Paralelamente a este aumento de plazas subvencionadas (en ocasiones por la inclusión de residencias fuera del plazo establecido por las condiciones del contrato de accesibilidad), se produjo un aumento del precio por encima del fijado por el contrato inicial, que era solo del IPC.
En 2007, el precio de las plazas de accesibilidad social creció súbitamente un 10,5%. Bienestar Social lo justificó por la necesidad de adecuar el sector a un nuevo escenario marcado por una nueva orden que incrementó el personal mínimo de los centros, así como el nuevo convenio colectivo del sector. Pero además, las residencias de la familia de Cotino obtuvieron un beneficio extra de 2,5 euros por plaza al día tras una sentencia del Tribunal Supremo que les dio la razón en una reclamación sobre la aplicación del IPC y que la Generalitat no recurrió.
A todo ello se añadieron otros incrementos salariales. Cotino impulsó aumentos de plazas concertadas a través de dos adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad en 2008 y 2009 que afectaron solo a las residencias del programa de accesibilidad y que supusieron nuevas subidas de precios. El 40% de estas plazas, 758, fueron para el grupo Savia a lo largo de estos dos años. El precio fue en 2008 de 56 euros al día (frente a los 54,5 del resto de plazas de accesibilidad) y de 58 (de julio a diciembre) en 2009 (frente a 55,5).
El resultado de todo ello fue que Savia pasó de ingresar por plazas subvencionadas de la Generalitat de 11,2 millones de euros en 2006 a unos 40,5 millones en 2009, año en el que Cotino abandonó Bienestar Social.
Fuente: ELPAIS.com
Publicado por AVaFURCeG
Fuente: ELPAIS.com
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El Consell oculta los pagos a la firma de residencias de la familia Cotino
sábado 29 de mayo de 2010
El Consell oculta los pagos a la firma de residencias de la familia Cotino
Bienestar Social se resiste a informar al PSPV sobre los contratos con empresas por 177 millones.
FRANCESC ARABÍ - VALENCIA
Saber cuánto ingresa la empresa Gerocentros del Mediterráneo, que opera con el nombre comercial Centros Residenciales Savia, de la Generalitat por las plazas concertadas con Bienestar Social es un enigma. Los pagos a esa firma, controlada en un 38,7% de sus acciones por Sedesa Concesiones, en el año 2009 están incluidos en un capítulo de gastos que comprende nada menos que 177,6 millones de euros. Todos y cada uno de los abonos por "trabajos realizados por empresas y profesionales" para el departamento de Angélica Such, comprendidos en esa cantidad, siguen siendo casi secreto de Estado. Cuatro meses después de que el diputado socialista Antonio Torres solicitó, el 25 de enero, una copia de todo el "listado del mayor, por centro de gasto y concepto" de los distintos programas del capítulo II del presupuesto de Bienestar Social, el Consell sigue negando la información. El 3 de marzo, Such respondió al parlamentario del PSPV que los datos solicitados "forman parte de los sucesivos resúmenes de información contable cuya ejecución es objeto de la información que periódicamente se remite desde la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo a las Corts". Torres recurrió en amparo a la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, para indicar que la documentación que él solicita "no es objeto de información periódica". Porque Gerardo Camps remite simplemente número de programas e importes, pero no el listado de los beneficiarios. La última noticia que el diputado socialista ha recibido en su particular cruzada es un escrito de Angélica Such en la que se reitera en su posición de remitirse a los números de euros, pero no revelar ningún nombre beneficiario de los mismos. Centros Residenciales Savia ingresó en 2007 casi 16 millones de la Generalitat, cifra que se elevó a 30 millones en 2008, según el diputado socialista. Se da la circunstancia de que en el accionariado de Gerocentros del Mediterráneo también figura la empresa Enrique Ortiz e Hijos, con la misma participación del 38,7% que Sedesa Concesiones. Hormigones Martínez controla el 10% del capital social y Lubasa otro tanto. Las cuatro principales accionistas de Gerocentros del Mediterráneo están acusadas por el juez Pedreira y la Brigada de Blanqueo de financiar ilegalmente al PP al abonar facturas a Orange Market por servicios que nunca les prestó y con el fin de reducir la deuda del PP valenciano con la firma Gürtel por actos que le montó.
Noticia relacionada:
"No damos abasto a tantas irregularidades"
F.A. - VALENCIA
"Este Consell comete tantas irregularidades, es tan opaco en la gestión y está tan abonado a favorecer a amigos como El Bigotes que no damos abasto a ver tanto expediente bajo sospecha, que además deberían entregarnos cuando se les pide sin tanta historia". Así respondió ayer el socialista Antonio Torres al informe del Consell, publicado ayer por este diario, que revela que la oposición sólo ha acudido a revisar 6 expedientes de los 108 que el Consell puso a disposición de los diputados que quisieran pasarse por la conselleria. Torres explicó que "no damos abasto y encima cuando vas te dicen que la mitad de la documentación está en las direcciones territoriales". Con todo, "que no se preocupen que iremos a ver lo que tenemos pendiente, como hemos ido otras veces". Dicho lo cual, Torres denunció que en estos momentos tiene otras 13 solicitudes de documentación sobre el destino de 7 millones de Bienestar Social pendiente de respuesta. Se trata de fondos de la dependencia o en campañas publicitarias, entre otros. "¿No sería mejor que fuesen más demócratas y transparentes?", se pregunta.
Fuente: Levante-EMV.com
Publicado por AVaFURCeG
El Consell oculta los pagos a la firma de residencias de la familia Cotino
Bienestar Social se resiste a informar al PSPV sobre los contratos con empresas por 177 millones.
FRANCESC ARABÍ - VALENCIA
Saber cuánto ingresa la empresa Gerocentros del Mediterráneo, que opera con el nombre comercial Centros Residenciales Savia, de la Generalitat por las plazas concertadas con Bienestar Social es un enigma. Los pagos a esa firma, controlada en un 38,7% de sus acciones por Sedesa Concesiones, en el año 2009 están incluidos en un capítulo de gastos que comprende nada menos que 177,6 millones de euros. Todos y cada uno de los abonos por "trabajos realizados por empresas y profesionales" para el departamento de Angélica Such, comprendidos en esa cantidad, siguen siendo casi secreto de Estado. Cuatro meses después de que el diputado socialista Antonio Torres solicitó, el 25 de enero, una copia de todo el "listado del mayor, por centro de gasto y concepto" de los distintos programas del capítulo II del presupuesto de Bienestar Social, el Consell sigue negando la información. El 3 de marzo, Such respondió al parlamentario del PSPV que los datos solicitados "forman parte de los sucesivos resúmenes de información contable cuya ejecución es objeto de la información que periódicamente se remite desde la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo a las Corts". Torres recurrió en amparo a la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, para indicar que la documentación que él solicita "no es objeto de información periódica". Porque Gerardo Camps remite simplemente número de programas e importes, pero no el listado de los beneficiarios. La última noticia que el diputado socialista ha recibido en su particular cruzada es un escrito de Angélica Such en la que se reitera en su posición de remitirse a los números de euros, pero no revelar ningún nombre beneficiario de los mismos. Centros Residenciales Savia ingresó en 2007 casi 16 millones de la Generalitat, cifra que se elevó a 30 millones en 2008, según el diputado socialista. Se da la circunstancia de que en el accionariado de Gerocentros del Mediterráneo también figura la empresa Enrique Ortiz e Hijos, con la misma participación del 38,7% que Sedesa Concesiones. Hormigones Martínez controla el 10% del capital social y Lubasa otro tanto. Las cuatro principales accionistas de Gerocentros del Mediterráneo están acusadas por el juez Pedreira y la Brigada de Blanqueo de financiar ilegalmente al PP al abonar facturas a Orange Market por servicios que nunca les prestó y con el fin de reducir la deuda del PP valenciano con la firma Gürtel por actos que le montó.
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F.A. - VALENCIA
"Este Consell comete tantas irregularidades, es tan opaco en la gestión y está tan abonado a favorecer a amigos como El Bigotes que no damos abasto a ver tanto expediente bajo sospecha, que además deberían entregarnos cuando se les pide sin tanta historia". Así respondió ayer el socialista Antonio Torres al informe del Consell, publicado ayer por este diario, que revela que la oposición sólo ha acudido a revisar 6 expedientes de los 108 que el Consell puso a disposición de los diputados que quisieran pasarse por la conselleria. Torres explicó que "no damos abasto y encima cuando vas te dicen que la mitad de la documentación está en las direcciones territoriales". Con todo, "que no se preocupen que iremos a ver lo que tenemos pendiente, como hemos ido otras veces". Dicho lo cual, Torres denunció que en estos momentos tiene otras 13 solicitudes de documentación sobre el destino de 7 millones de Bienestar Social pendiente de respuesta. Se trata de fondos de la dependencia o en campañas publicitarias, entre otros. "¿No sería mejor que fuesen más demócratas y transparentes?", se pregunta.
Fuente: Levante-EMV.com
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