miércoles 10 de noviembre de 2010
La residencia de Buñol comienza a reparar la calefacción y el agua caliente
[Valencia] Iniciativa critica que el centro tenga 8 millones de presupuesto y no disponga de los servicios más básicos.
LUIS VALLÉS - BUÑOL
La residencia de la tercera edad de Buñol comenzó ayer a poner solución a la falta de agua caliente y de calefacción. UGT confirmó que "desde que ayer saltó la noticia, el centro se ha puesto manos a la obra para solventar estas deficiencias y se espera que a lo largo de la semana se pongan en marcha los servicios de calefacción y agua caliente".
Con un total de 8.705.823,15 euros de presupuesto para cuatro años la empresa Socapsaleta -encargada de la gestión de la Residencia de la Tercera edad de Buñol- y la Conselleria de Bienestar Social son incapaces de garantizar los servicios básicos en este centro para ancianos, que no dispone de agua caliente ni de calefacción. Estas son las cifras que ha aportado el grupo Iniciativa de Buñol, a través de su portavoz, Reyes Matamales, quien ha asegurado "que resulta increíble que esta empresa con ese presupuesto, sea incapaz de dar un servicio básico como el agua caliente, además de ser un abuso y un insulto a todas luces cuando se plantea la excusa de las competencias de la anterior empresa para mantener un mes sin este servicio a cien ancianos".
Fuente: levante.emv
Publicado por AVaFURCeG
Presentación
domingo, 28 de noviembre de 2010
Los ancianos del geriátrico de Buñol llevan un mes sin agua caliente
martes 9 de noviembre de 2010
Los ancianos del geriátrico de Buñol llevan un mes sin agua caliente
[Valencia] El personal se ve obligado a caldearla en cacerolas para poder asear a los cien pacientes del centro.
No hay calefacción. Tampoco agua caliente. En esa situación se encuentran un centenar de ancianos que viven en la residencia pública de mayores de Buñol, según denunció el sindicato UGT.
Las calderas llevan «más de un mes estropeadas», circunstancia que impide al personal duchar a los residentes, ya que el 80% de ellos son dependientes y no pueden asearse sin ayuda de los auxiliares del centro. Las condiciones a las que tienen que hacer frente están obligando a que la ducha y el aseo se realice «con agua fría y, en algunos casos, calentando agua al fuego en las cocinas».
Y no sólo eso. UGT aseguró que la «avería en las calderas ha provocado que los ancianos tampoco dispongan de calefacción». Hecho que el sindicato apunta cobra especial trascendencia en Buñol, localidad donde «las temperaturas ya alcanzan mínimas de 7 y 8 grados en esta época».
La ausencia de calefacción se observa en «las dos plantas de habitaciones desde el pasado mes de abril». Fuentes del sindicato apuntaron que en aquel momento ya se puso en conocimiento de la empresa concesionaria de la residencia, pero la firma que ahora presta el servicio es distinta desde el pasado mes de julio.
UGT afirmó en que en distintas ocasiones se han puesto en contacto con la dirección del centro a fin de obtener una solución a una situación que consideran «penosa y tercermundista». La respuesta obtenida ha sido que están «comparando presupuestos» y, mientras tanto «calientan el agua en cazuelas», insistieron desde la formación sindical.
La residencia de Buñol estaba gestionada por Clece hasta el mes de julio, y posteriormente pasó a la firma Secopsaleta. El cambio de dirección «está dilatando en el tiempo una solución efectiva, mientras la Conselleria de Bienestar Social, que es la propietaria de la residencia, no hace nada para que se solucione el problema», denunciaron.
La formación sindical exige «soluciones y sensibilidad por un colectivo ya de por si mermado en sus condiciones, como para que además tengan que sufrir las ineficacias en la gestión produciendo un perjuicio grave para su salud». Desde el departamento autonómico aseguraron ayer que no se había recibido denuncia de esta situación por parte de sindicato alguno. «y si ya ha pasado un mes se debería haber recibido».
Desde el miércoles
A ello añadieron que el departamento de la Conselleria encargado de estas cuestiones tuvo conocimiento de la situación «a través de la empresa», que comunicó que la avería se registró «el pasado miércoles». También les habían transmitido que a lo largo del jueves y el viernes, se intentó reparar la caldera, pero no se consiguió.
«La empresa dijo ayer que esperaba que en 24 horas se subsanase el problema», apuntaron las mismas fuentes. Si finalmente este plazo se puede cumplir, se prevé que hoy ya esté en funcionamiento.
No obstante, puntualizaron que esta circunstancia esta a expensas del trabajo que debe realizar la empresa encargada del mantenimiento del centro.
El departamento del Consell anunció que ahora realizará «una inspección por el bien de los usuarios de la residencia». El objetivo de la misma será conocer con detalle lo sucedido y la solución que se adopte.
Fuente: lasprovincias.es
Publicado por AVaFURCeG
Los ancianos del geriátrico de Buñol llevan un mes sin agua caliente
[Valencia] El personal se ve obligado a caldearla en cacerolas para poder asear a los cien pacientes del centro.
No hay calefacción. Tampoco agua caliente. En esa situación se encuentran un centenar de ancianos que viven en la residencia pública de mayores de Buñol, según denunció el sindicato UGT.
Las calderas llevan «más de un mes estropeadas», circunstancia que impide al personal duchar a los residentes, ya que el 80% de ellos son dependientes y no pueden asearse sin ayuda de los auxiliares del centro. Las condiciones a las que tienen que hacer frente están obligando a que la ducha y el aseo se realice «con agua fría y, en algunos casos, calentando agua al fuego en las cocinas».
Y no sólo eso. UGT aseguró que la «avería en las calderas ha provocado que los ancianos tampoco dispongan de calefacción». Hecho que el sindicato apunta cobra especial trascendencia en Buñol, localidad donde «las temperaturas ya alcanzan mínimas de 7 y 8 grados en esta época».
La ausencia de calefacción se observa en «las dos plantas de habitaciones desde el pasado mes de abril». Fuentes del sindicato apuntaron que en aquel momento ya se puso en conocimiento de la empresa concesionaria de la residencia, pero la firma que ahora presta el servicio es distinta desde el pasado mes de julio.
UGT afirmó en que en distintas ocasiones se han puesto en contacto con la dirección del centro a fin de obtener una solución a una situación que consideran «penosa y tercermundista». La respuesta obtenida ha sido que están «comparando presupuestos» y, mientras tanto «calientan el agua en cazuelas», insistieron desde la formación sindical.
La residencia de Buñol estaba gestionada por Clece hasta el mes de julio, y posteriormente pasó a la firma Secopsaleta. El cambio de dirección «está dilatando en el tiempo una solución efectiva, mientras la Conselleria de Bienestar Social, que es la propietaria de la residencia, no hace nada para que se solucione el problema», denunciaron.
La formación sindical exige «soluciones y sensibilidad por un colectivo ya de por si mermado en sus condiciones, como para que además tengan que sufrir las ineficacias en la gestión produciendo un perjuicio grave para su salud». Desde el departamento autonómico aseguraron ayer que no se había recibido denuncia de esta situación por parte de sindicato alguno. «y si ya ha pasado un mes se debería haber recibido».
Desde el miércoles
A ello añadieron que el departamento de la Conselleria encargado de estas cuestiones tuvo conocimiento de la situación «a través de la empresa», que comunicó que la avería se registró «el pasado miércoles». También les habían transmitido que a lo largo del jueves y el viernes, se intentó reparar la caldera, pero no se consiguió.
«La empresa dijo ayer que esperaba que en 24 horas se subsanase el problema», apuntaron las mismas fuentes. Si finalmente este plazo se puede cumplir, se prevé que hoy ya esté en funcionamiento.
No obstante, puntualizaron que esta circunstancia esta a expensas del trabajo que debe realizar la empresa encargada del mantenimiento del centro.
El departamento del Consell anunció que ahora realizará «una inspección por el bien de los usuarios de la residencia». El objetivo de la misma será conocer con detalle lo sucedido y la solución que se adopte.
Fuente: lasprovincias.es
Publicado por AVaFURCeG
La residencia de mayores de Buñol no tiene agua caliente ni calefacción
martes 9 de noviembre de 2010
La residencia de mayores de Buñol no tiene agua caliente ni calefacción
[Valencia] Familiares de los residentes denuncian que la comida es escasa y de mala calidad.
LUIS VALLÉS - BUÑOL
Familiares de internos en la residencia de la tercera edad y centro de día de Buñol -dependiente de la Conselleria de Bienestar Social y gestionada por la empresa Secopsaleta- han denunciado a Levante-EMV que este centro presenta "serias carencias" en servicios básicos como la alimentación, el sistema de calefacción y de agua caliente.
Los familiares han indicado que los 100 internos "carecen de agua caliente para bañarse o ducharse y eso en época invernal es fundamental para evitar que aparezcan resfriados u otras enfermedades más graves". Además, estas mismas fuentes han asegurado que el sistema de calefacción tampoco funciona como debería, "ya que nos encontramos en el mes de noviembre y los ancianos ya no soportan las bajas temperaturas que se dan en la localidad, puesto que Buñol es un municipio donde las temperaturas bajan mucho, sobre todo en invierno".
A este respecto varios familiares, han alertado de lo preocupante de esta situación, "puesto que la mayor parte de los internos padece problemas óseos y el frío reinante en el centro hace que su movilidad se vea más reducida". Por otro lado, y con respecto a la alimentación, los familiares han señalado que el servicio "es pobre y en muchas ocasiones la calidad de los alimentos es muy baja". En este sentido las familias citaban el hecho de que en algunas ocasiones se les haya preparado a los residentes, "la sopa con agua y un poquito de colorante". Así pues, los familiares de los internos en el centro de Buñol, han querido denunciar esta situación, que según han indicado, "se está produciendo desde hace ya dos meses".
La Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT también ha denunciado esta situación "tan penosa y tercermundista" que según la central sindical "están sufriendo unos 100 ancianos de la Residencia de la Tercera Edad de Buñol". Además, UGT ha señalado que a esta situación todavía no se le ha puesto solución, debido a que en el mes de julio la empresa Secopsaleta asumió la gestión del centro que dejó la entidad Clece y mientras tanto la Conselleria de Bienestar Social no ha dado solución a este gran problema".
Levante-EMV ha intentado ponerse en contacto, en reiteradas ocasiones, con la dirección del centro, y ésta se ha negado a atender la llamada y a realizar declaraciones al respecto de este asunto, que pone en entredicho la política de gestión de esta residencia.
Fuente: levante.emv
Publicado por AVaFURCeG
La residencia de mayores de Buñol no tiene agua caliente ni calefacción
[Valencia] Familiares de los residentes denuncian que la comida es escasa y de mala calidad.
LUIS VALLÉS - BUÑOL
Familiares de internos en la residencia de la tercera edad y centro de día de Buñol -dependiente de la Conselleria de Bienestar Social y gestionada por la empresa Secopsaleta- han denunciado a Levante-EMV que este centro presenta "serias carencias" en servicios básicos como la alimentación, el sistema de calefacción y de agua caliente.
Los familiares han indicado que los 100 internos "carecen de agua caliente para bañarse o ducharse y eso en época invernal es fundamental para evitar que aparezcan resfriados u otras enfermedades más graves". Además, estas mismas fuentes han asegurado que el sistema de calefacción tampoco funciona como debería, "ya que nos encontramos en el mes de noviembre y los ancianos ya no soportan las bajas temperaturas que se dan en la localidad, puesto que Buñol es un municipio donde las temperaturas bajan mucho, sobre todo en invierno".
A este respecto varios familiares, han alertado de lo preocupante de esta situación, "puesto que la mayor parte de los internos padece problemas óseos y el frío reinante en el centro hace que su movilidad se vea más reducida". Por otro lado, y con respecto a la alimentación, los familiares han señalado que el servicio "es pobre y en muchas ocasiones la calidad de los alimentos es muy baja". En este sentido las familias citaban el hecho de que en algunas ocasiones se les haya preparado a los residentes, "la sopa con agua y un poquito de colorante". Así pues, los familiares de los internos en el centro de Buñol, han querido denunciar esta situación, que según han indicado, "se está produciendo desde hace ya dos meses".
La Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT también ha denunciado esta situación "tan penosa y tercermundista" que según la central sindical "están sufriendo unos 100 ancianos de la Residencia de la Tercera Edad de Buñol". Además, UGT ha señalado que a esta situación todavía no se le ha puesto solución, debido a que en el mes de julio la empresa Secopsaleta asumió la gestión del centro que dejó la entidad Clece y mientras tanto la Conselleria de Bienestar Social no ha dado solución a este gran problema".
Levante-EMV ha intentado ponerse en contacto, en reiteradas ocasiones, con la dirección del centro, y ésta se ha negado a atender la llamada y a realizar declaraciones al respecto de este asunto, que pone en entredicho la política de gestión de esta residencia.
Fuente: levante.emv
Publicado por AVaFURCeG
Música y el mejor humor para respaldar a los dependientes
domingo 24 de octubre de 2010
Música y el mejor humor para respaldar a los dependientes
[Valencia] Plataformas de afectados reivindican su derecho a las prestaciones en l'Eliana. Xavi Castillo y Botifarra actuaron con otros veinte artistas.
LAURA SENA - L'ELIANA
Las prestaciones que corresponden a los dependientes no son caridad, son un derecho que está recogido en la ley, igual que otros como la educación o la sanidad, que no puede estar en función de los vaivenes de la crisis. Así lo reivindicaron ayer en l'Eliana una veintena de asociaciones y plataformas de familiares de dependientes, que quisieron poner de manifiesto que la Comunitat Valenciana está a la cola en este derecho.
Para ello, contaron con la ayuda de algunos de los mejores artistas valencianos del momento, que acudieron gratuitamente a apoyar al colectivo. Xavi Castillo, Pep Gimeno "Botifarra", Aitana Ferrer, Indefinits y Enderrocks, entre otros. El Festival Taronja (in) Dependents comenzó a media tarde y acabó a altas horas. A lo largo de ese tiempo, por la plaza Europa-Parc la Pinada de l'Eliana pasaron decenas de vecinos, que disfrutaron con las actuaciones.
"Una persona dependiente no ha de asociarse necesariamente a triste. Por eso hemos querido hacer este acto lúdico para todos, esta fiesta", explicó Palmira Castella., una de las portavoces de la organización. "Queremos agradecer la colaboración de tantos artistas valencianos.
Desde las diferentes plataformas se recordó ayer que se han cumplido cuatro años de la Ley de Dependencia y "hay mucho por hacer", en general y especialmente en la Comunitat Valenciana. Como aspecto positivo, los implicados manifestaron que la normativa "por fin reconoce la figura del cuidador, que hemos ejercicio durante años tantas personas". No obstante, lamentaron que en Valencia "a raíz de la ley, se estén desintegrando servicios sociales básicos para crear otros nuevos". También se insistió en que servicios como el de ayuda a domicilio serían una fuente importante de creación de puestos de trabajo "y aquí no acaba de desarrollarse como toca", al igual que la figura del asistente personal "que permite mayor autonomía a los dependientes".
Fuente: levante.emv
Publicado por AVaFURCeG
Música y el mejor humor para respaldar a los dependientes
[Valencia] Plataformas de afectados reivindican su derecho a las prestaciones en l'Eliana. Xavi Castillo y Botifarra actuaron con otros veinte artistas.
LAURA SENA - L'ELIANA
Las prestaciones que corresponden a los dependientes no son caridad, son un derecho que está recogido en la ley, igual que otros como la educación o la sanidad, que no puede estar en función de los vaivenes de la crisis. Así lo reivindicaron ayer en l'Eliana una veintena de asociaciones y plataformas de familiares de dependientes, que quisieron poner de manifiesto que la Comunitat Valenciana está a la cola en este derecho.
Para ello, contaron con la ayuda de algunos de los mejores artistas valencianos del momento, que acudieron gratuitamente a apoyar al colectivo. Xavi Castillo, Pep Gimeno "Botifarra", Aitana Ferrer, Indefinits y Enderrocks, entre otros. El Festival Taronja (in) Dependents comenzó a media tarde y acabó a altas horas. A lo largo de ese tiempo, por la plaza Europa-Parc la Pinada de l'Eliana pasaron decenas de vecinos, que disfrutaron con las actuaciones.
"Una persona dependiente no ha de asociarse necesariamente a triste. Por eso hemos querido hacer este acto lúdico para todos, esta fiesta", explicó Palmira Castella., una de las portavoces de la organización. "Queremos agradecer la colaboración de tantos artistas valencianos.
Desde las diferentes plataformas se recordó ayer que se han cumplido cuatro años de la Ley de Dependencia y "hay mucho por hacer", en general y especialmente en la Comunitat Valenciana. Como aspecto positivo, los implicados manifestaron que la normativa "por fin reconoce la figura del cuidador, que hemos ejercicio durante años tantas personas". No obstante, lamentaron que en Valencia "a raíz de la ley, se estén desintegrando servicios sociales básicos para crear otros nuevos". También se insistió en que servicios como el de ayuda a domicilio serían una fuente importante de creación de puestos de trabajo "y aquí no acaba de desarrollarse como toca", al igual que la figura del asistente personal "que permite mayor autonomía a los dependientes".
Fuente: levante.emv
Publicado por AVaFURCeG
Cerca de 500 personas acuden al Festival Taronja para reivindicar la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat
sábado 23 de octubre de 2010
Cerca de 500 personas acuden al Festival Taronja para reivindicar la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat
[Valencia] Cerca de 500 personas han acudido este sábado al Festival Taronja, que se celebra en l'Eliana (Valencia), para reivindicar de una manera "lúdica y festiva" la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, según ha indicado la portavoz de la Plataforma Valenciana en Defensa de la Aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, Palmira Castellano.
El certamen cuenta con la presencia de diversos grupos de música y cómicos valencianos que actúan "de manera desinteresada" para mostrar que la reivindicación de la aplicación de la ley no tiene por qué ser "triste", sino que "todo el mundo tiene ganas de divertirse y pasarlo bien", según ha señalado Castellano.
Con motivo del cuarto aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, la portavoz ha denunciado la "desidia" y la "poca voluntad política" del Gobierno valenciano presidido por Francisco Camps. Asimismo, ha recalcado que la Comunitat "continúa a la cola" en la implantación de la normativa respecto a otras comunidades autónomas.
En este sentido, Palmira Castellano ha insistido en que la política "no se está desarrollando como debería". "En la Comunitat, avanzamos un paso y retrocedemos dos", ha lamentado la portavoz, quien ha puesto como ejemplo la retirada de las ayudas técnicas, por lo que "muchas familias tendrán que costearse ciertos gastos, como puede ser una silla de ruedas eléctrica cuyo valor oscila entre los 3.000 y los 4.000 euros, aunque después se lo reintegren".
Por otra parte, la portavoz ha exigido el cumplimiento de los plazos estipulados por la legislación, la aplicación "automática" de la retroactividad, la compatibilidad entre servicios y prestaciones, la resolución de los expedientes con Grado III, Nivel I y II pendientes desde 2007, así como "la anulación del silencio administrativo negativo".
Fuentes de la organización han destacado la "gran acogida" que ha tenido el Festival Taronja, ya que han acudido personas desde diferentes puntos de la Comunitat, como desde la provincia de Castellón, la comarca de l'Alcoià, Elche o Alicante, entre otros.
Palmira Castellano ha hecho hincapié en que muchas de esas personas tienen algún caso cercano, pero que hay mucha gente que ha acudido "desinteresadamente" al festival para apoyar a las personas dependientes y a sus familias.
Fuente: europapress
Publicado por AVaFURCeG
Cerca de 500 personas acuden al Festival Taronja para reivindicar la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat
[Valencia] Cerca de 500 personas han acudido este sábado al Festival Taronja, que se celebra en l'Eliana (Valencia), para reivindicar de una manera "lúdica y festiva" la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, según ha indicado la portavoz de la Plataforma Valenciana en Defensa de la Aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, Palmira Castellano.
El certamen cuenta con la presencia de diversos grupos de música y cómicos valencianos que actúan "de manera desinteresada" para mostrar que la reivindicación de la aplicación de la ley no tiene por qué ser "triste", sino que "todo el mundo tiene ganas de divertirse y pasarlo bien", según ha señalado Castellano.
Con motivo del cuarto aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, la portavoz ha denunciado la "desidia" y la "poca voluntad política" del Gobierno valenciano presidido por Francisco Camps. Asimismo, ha recalcado que la Comunitat "continúa a la cola" en la implantación de la normativa respecto a otras comunidades autónomas.
En este sentido, Palmira Castellano ha insistido en que la política "no se está desarrollando como debería". "En la Comunitat, avanzamos un paso y retrocedemos dos", ha lamentado la portavoz, quien ha puesto como ejemplo la retirada de las ayudas técnicas, por lo que "muchas familias tendrán que costearse ciertos gastos, como puede ser una silla de ruedas eléctrica cuyo valor oscila entre los 3.000 y los 4.000 euros, aunque después se lo reintegren".
Por otra parte, la portavoz ha exigido el cumplimiento de los plazos estipulados por la legislación, la aplicación "automática" de la retroactividad, la compatibilidad entre servicios y prestaciones, la resolución de los expedientes con Grado III, Nivel I y II pendientes desde 2007, así como "la anulación del silencio administrativo negativo".
Fuentes de la organización han destacado la "gran acogida" que ha tenido el Festival Taronja, ya que han acudido personas desde diferentes puntos de la Comunitat, como desde la provincia de Castellón, la comarca de l'Alcoià, Elche o Alicante, entre otros.
Palmira Castellano ha hecho hincapié en que muchas de esas personas tienen algún caso cercano, pero que hay mucha gente que ha acudido "desinteresadamente" al festival para apoyar a las personas dependientes y a sus familias.
Fuente: europapress
Publicado por AVaFURCeG
La dependencia acelera
miércoles 13 de octubre de 2010
La dependencia acelera
[Castellón] Las asociaciones recuerdan que todavía hay decenas de personas sin subvención y la espera dura 18 meses. 5.093 castellonenses ya están recibiendo las ayudas que contempla la normativa, el doble que hace un año. Ancianos y discapacitados son los principales beneficiarios de la ley de autonomía personal.
La aplicación de la ley de dependencia en la provincia coge velocidad. Y lo hace por primera vez desde que la normativa entró en funcionamiento, hace ya casi cuatro años. Lo dicen las principales asociaciones de personas afectadas y lo corroboran las cifras oficiales, que hablan que en los últimos cinco meses la cifra de beneficiarios con prestaciones se ha multiplicado. Aun así, nadie echa las campanas al vuelo, y aunque la mayoría no niega el acelerón, todos coinciden en que todavía hay decenas de personas que siguen sin ver reconocidos plenamente sus derechos.
Los datos que maneja la Conselleria de Bienestar Social, actualizados a principios del pasado septiembre, revelan que en poco menos de un año 3.345 dependientes de Castellón han dejado de engrosar la lista de espera para empezar a cobrar la prestación (ya son 5.093 los beneficiarios). Y otro apunte más: en estos momentos, el 52% de las personas dependientes y con derecho en vigor percibe ya la ayuda. Hace un año el porcentaje era del 32%. “Hay más gente beneficiara de las ayudas, pero el tiempo de espera apenas ha variado y continúa siendo de 18 meses de media. En esto se ha avanzado muy poco”, asegura Eva Hernández, secretaria de política social de CCOO-PV.
Uno de los colectivos que mejor conoce cuál es el ritmo de aplicación de la normativa son los trabajadores sociales. Y la mayoría coincide en que las quejas han disminuido. “Hasta hace unos meses, los trabajadores sociales atendíamos cada día a un buen puñado de familias que nos preguntaban por su expediente. Ahora también hay quejas, pero ni de lejos son las de hace un año”, explica una profesional que atiende a los dependientes de municipios del norte de la provincia.
Cambio de criterios
El acelerón, que se ha producido a partir de abril, no es exclusivo de Castellón, sino que se da también en el conjunto de la Comunitat. El territorio autonómico empezó abril con 29.474 personas con prestaciones reconocidas, y en la actualidad, la cifra se sitúa en 36.419 hasta el 1 de septiembre. El aumento de discapacitados atendidos tiene su importancia, después de que a principios de junio el Consejo Territorial de la Dependencia, órgano gestor de la ley, aprobara la modificación de los criterios para repartir la financiación que aporta el Estado para aplicar la normativa, impulsada por el Gobierno central pero desarrollada por las diferentes comunidades autónomas.
De esta forma, el criterio actual, basado en datos demográficos y en la estimación de personas potencialmente dependientes, pierde peso en beneficio del número real de atendidos. A partir de este año se premiará a aquellas comunidades con más beneficiarios.
Pero, aunque los datos demuestren que hay más discapacitados y enfermos que reciben sus prestaciones, todavía existen 4.525 dependientes en toda la provincia que siguen engrosando la lista de personas que, aunque ya están valoradas y reconocidas, continúan esperando las ayudas.
Fuente: elperiodicomediterraneo.com
Publicado por AVaFURCeG
La dependencia acelera
[Castellón] Las asociaciones recuerdan que todavía hay decenas de personas sin subvención y la espera dura 18 meses. 5.093 castellonenses ya están recibiendo las ayudas que contempla la normativa, el doble que hace un año. Ancianos y discapacitados son los principales beneficiarios de la ley de autonomía personal.
La aplicación de la ley de dependencia en la provincia coge velocidad. Y lo hace por primera vez desde que la normativa entró en funcionamiento, hace ya casi cuatro años. Lo dicen las principales asociaciones de personas afectadas y lo corroboran las cifras oficiales, que hablan que en los últimos cinco meses la cifra de beneficiarios con prestaciones se ha multiplicado. Aun así, nadie echa las campanas al vuelo, y aunque la mayoría no niega el acelerón, todos coinciden en que todavía hay decenas de personas que siguen sin ver reconocidos plenamente sus derechos.
Los datos que maneja la Conselleria de Bienestar Social, actualizados a principios del pasado septiembre, revelan que en poco menos de un año 3.345 dependientes de Castellón han dejado de engrosar la lista de espera para empezar a cobrar la prestación (ya son 5.093 los beneficiarios). Y otro apunte más: en estos momentos, el 52% de las personas dependientes y con derecho en vigor percibe ya la ayuda. Hace un año el porcentaje era del 32%. “Hay más gente beneficiara de las ayudas, pero el tiempo de espera apenas ha variado y continúa siendo de 18 meses de media. En esto se ha avanzado muy poco”, asegura Eva Hernández, secretaria de política social de CCOO-PV.
Uno de los colectivos que mejor conoce cuál es el ritmo de aplicación de la normativa son los trabajadores sociales. Y la mayoría coincide en que las quejas han disminuido. “Hasta hace unos meses, los trabajadores sociales atendíamos cada día a un buen puñado de familias que nos preguntaban por su expediente. Ahora también hay quejas, pero ni de lejos son las de hace un año”, explica una profesional que atiende a los dependientes de municipios del norte de la provincia.
Cambio de criterios
El acelerón, que se ha producido a partir de abril, no es exclusivo de Castellón, sino que se da también en el conjunto de la Comunitat. El territorio autonómico empezó abril con 29.474 personas con prestaciones reconocidas, y en la actualidad, la cifra se sitúa en 36.419 hasta el 1 de septiembre. El aumento de discapacitados atendidos tiene su importancia, después de que a principios de junio el Consejo Territorial de la Dependencia, órgano gestor de la ley, aprobara la modificación de los criterios para repartir la financiación que aporta el Estado para aplicar la normativa, impulsada por el Gobierno central pero desarrollada por las diferentes comunidades autónomas.
De esta forma, el criterio actual, basado en datos demográficos y en la estimación de personas potencialmente dependientes, pierde peso en beneficio del número real de atendidos. A partir de este año se premiará a aquellas comunidades con más beneficiarios.
Pero, aunque los datos demuestren que hay más discapacitados y enfermos que reciben sus prestaciones, todavía existen 4.525 dependientes en toda la provincia que siguen engrosando la lista de personas que, aunque ya están valoradas y reconocidas, continúan esperando las ayudas.
Fuente: elperiodicomediterraneo.com
Publicado por AVaFURCeG
"Pronto veremos a ancianos con malnutrición por la pobreza"
domingo 10 de octubre de 2010
"Pronto veremos a ancianos con malnutrición por la pobreza"
ENTREVISTA: PEDRO GIL, Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. La cooperación sociosanitaria es "inexistente", los servicios de geriatría "brillan por su ausencia" y las residencias de ancianos apuestan "por la rentabilidad en perjuicio de un servicio óptimo".
BORJA CAMPOY - ALICANTE
La Ley de Dependencia cumple tres años.Uno de los colectivos más afectados por esta normativa es el de las personas mayores.Pedro Gil, especialista geriátrico, se muestra muy crítico con la situación actual. En su opinión, todos los estamentos -administración pública, médicos, familias y medios de comunicación- tienen que cambiar su forma de actuar.
P.: ¿La coordinación socio-sanitaria es necesaria o utópica?
R.: Es inexistente. Hay que buscar un sistema más complejo en el que la parte social y la sanitaria vayan de la mano. Las leyes actuales sólo se dedican a coordinar los recursos y esto, si no va unido de la integración, pierde sentido. Manuel Cervera, conseller de Sanidad, dice que existe, pero se equivoca.
P.: ¿Las residencias de ancianos priman su rentabilidad ?
R.: Para tener una asistencia de calidad tienen que ofrecer servicios de forma integrada. Así se evitarían duplicidades y se reducirían gastos. Ese es el camino.
P.: ¿Qué más hace falta?
R.: Más recursos sanitarios, desde la atención primaria hasta la especializada, mucha formación, servicios de geriatría hospitalaria, residencias y centros de día integrados. En toda la Comunitat Valenciana sólo hay un servicio de geriatría óptimo, el del Hospital de Alzira. Para atender a los ancianos dependientes y darles la calidad asistencial que requieren se necesita una dotación de médicos especializados en geriatría que no tenemos. La conselleria vende una historia surrealista.
P.: ¿Existe una receta para afrontar esta situación?
R.: La situación debe tratarse con atrevimiento e ingenio. Esperamos salir con la idea de que todo vale. Hay que ahorrar en lo que sea posible, pero no en la atención al paciente. La visión que muestra Cervera ante todo esto es simplista.
P.: Las condiciones de las residencias públicas, ¿son muy inferiores a las de las privadas?
R.: Sólo se puede distinguir entre buenas y malas residencias. Yo insisto en que lo que importa es la atención que reciben los ancianos. Desde mi sociedad intentamos que cada vez que se crea una nueva residencia, preste unos servicios de calidad a los pacientes. Es necesario crear una ley de mínimos que deberían cumplir los centros.
P.: ¿Qué tiene que valorar una familia a la hora de elegir un modelo de residencia u otro?
R.: Con las públicas, lo primero que hay que ver es si quedan plazas vacantes. En cuanto a las privadas, hay que pensar siempre que no son ONG, sino entidades con ánimo de lucro. No digo que sea malo, sino que hay que entenderlo.
P.: Si una familia le preguntara qué hacer con sus ancianos, ¿cuál sería su respuesta?
R.: Con los servicios tan descoordinados que tenemos, la mejor solución es tener a los ancianos en casa. Evidentemente, esto no es posible siempre. Para eso existen las residencias y los centros de día. Las personas mayores viven en su propia vivienda mientras pueden, luego se las mantiene en su domicilio con asistencia y, por último, se las envía a una residencia.
P.: Y cuando usted sea anciano, ¿cómo imagina el panorama?
R.: Espero que estemos mejor educados y que existan más pisos tutelados o vigilados. Yo ya me he mentalizado de que no voy a tener habitación en casa... Así que el Estado tiene por delante una enorme labor de prevención.
P.: ¿De qué manera afecta a una familia tener que atender a un dependiente?
R.: Por lo general, el momento de mayor tensión llega cuando el dependiente cae enfermo. Afortunadamente, en España se reacciona muy bien. La aptitud es ejemplar. Reconozco que es una losa que les cae encima y que da lugar a crisis, rupturas... Muchas familias necesitan asistencia psicológica, y más cuando no disponen de suficientes recursos.
P.: Al aumentar la esperanza de vida, ¿ganamos en calidad?
R.: Hemos aumentado la expectativa de vida a base de aumentar los años de dependencia. Tenemos que disminuir el tiempo que las personas tienen que convivir con las enfermedades.
P.: Males como el alzhéimer o la demencia senil van a más. ¿Existe en España la asistencia adecuada?
R.: No, los resultados que vemos son inadecuados. En este país no se ha creado un plan de atención al anciano ni hay voluntad para hacerlo. Se lo planteamos al Ministerio de Sanidad y Política Social y su respuesta fue que no lo veían claro. El anciano es una persona sufrida, poco exigente, que no se queja. Eso es lo que salva a la administración pública hasta la fecha.
P.: A estos problemas, se suma la reforma de las pensiones... R.: Es un problema económico que repercute en el área social y sanitaria. Empezaremos a ver cuadros de malnutrición en personas mayores con problemas de pobreza. No se puede vivir con 600 ó 700 euros al mes. P.: «La politización ha estancado la ley de Dependencia»
R.: Al tratar la situación de los mayores, la ley de Dependencia es uno de los conceptos que siempre se baraja en una charla. Gil hizo balance de la normativa, "mi valoración no puede ser buena. Se generaron muchas expectativas y los avances han sido escasos. En algunos casos, incluso, se ha retrocedido". Para el presidente de la Sociedad Española de Geriatría, "el problema es que una ley tan social como esta, tan dirigida a la gente, ha sido muy politizada. Así vamos mal. El estancamiento es absoluto y los presupuestos para 2011 reducen la partida destinada a la Ley de Dependencia, con el peligro que ello conlleva". El experto comentó que "la crisis lo dificulta todo, hace que el proyecto se haya quedado únicamente en una estimación teórica. La situación es desesperante, tanto para los profesionales como para los dependientes". Otro de los puntos que trató Pedro Gil se centró en las posibilidades de suspenso de la ley, "no creo que ningún político se atreva a suspender la ley, pero también hay muchas formas de matarla. Por ejemplo, por inanición. La crisis debe llevarnos a un planteamiento más amplio de los recursos sociales y sanitarios con los que cuenta un país". El portavoz sanitario expuso que "la Comunitat Valenciana está tremendamente envejecida. Además, aquí vienen a residir muchas personas mayores de otros países". Por ello, Pedro Gil lanzó diferentes cuestiones al aire relacionadas con la problemática: "¿Hay dinero para soportar esto? ¿Habrá rentabilidad a largo plazo? Son preguntas que no tienen respuesta". Por último, el presidente destacó que "actualmente hacemos frente a dos tsunamis: la dependencia y el envejecimiento".
Fuente: levante EMV
Publicado por AVaFURCeG
"Pronto veremos a ancianos con malnutrición por la pobreza"
ENTREVISTA: PEDRO GIL, Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. La cooperación sociosanitaria es "inexistente", los servicios de geriatría "brillan por su ausencia" y las residencias de ancianos apuestan "por la rentabilidad en perjuicio de un servicio óptimo".
BORJA CAMPOY - ALICANTE
La Ley de Dependencia cumple tres años.Uno de los colectivos más afectados por esta normativa es el de las personas mayores.Pedro Gil, especialista geriátrico, se muestra muy crítico con la situación actual. En su opinión, todos los estamentos -administración pública, médicos, familias y medios de comunicación- tienen que cambiar su forma de actuar.
P.: ¿La coordinación socio-sanitaria es necesaria o utópica?
R.: Es inexistente. Hay que buscar un sistema más complejo en el que la parte social y la sanitaria vayan de la mano. Las leyes actuales sólo se dedican a coordinar los recursos y esto, si no va unido de la integración, pierde sentido. Manuel Cervera, conseller de Sanidad, dice que existe, pero se equivoca.
P.: ¿Las residencias de ancianos priman su rentabilidad ?
R.: Para tener una asistencia de calidad tienen que ofrecer servicios de forma integrada. Así se evitarían duplicidades y se reducirían gastos. Ese es el camino.
P.: ¿Qué más hace falta?
R.: Más recursos sanitarios, desde la atención primaria hasta la especializada, mucha formación, servicios de geriatría hospitalaria, residencias y centros de día integrados. En toda la Comunitat Valenciana sólo hay un servicio de geriatría óptimo, el del Hospital de Alzira. Para atender a los ancianos dependientes y darles la calidad asistencial que requieren se necesita una dotación de médicos especializados en geriatría que no tenemos. La conselleria vende una historia surrealista.
P.: ¿Existe una receta para afrontar esta situación?
R.: La situación debe tratarse con atrevimiento e ingenio. Esperamos salir con la idea de que todo vale. Hay que ahorrar en lo que sea posible, pero no en la atención al paciente. La visión que muestra Cervera ante todo esto es simplista.
P.: Las condiciones de las residencias públicas, ¿son muy inferiores a las de las privadas?
R.: Sólo se puede distinguir entre buenas y malas residencias. Yo insisto en que lo que importa es la atención que reciben los ancianos. Desde mi sociedad intentamos que cada vez que se crea una nueva residencia, preste unos servicios de calidad a los pacientes. Es necesario crear una ley de mínimos que deberían cumplir los centros.
P.: ¿Qué tiene que valorar una familia a la hora de elegir un modelo de residencia u otro?
R.: Con las públicas, lo primero que hay que ver es si quedan plazas vacantes. En cuanto a las privadas, hay que pensar siempre que no son ONG, sino entidades con ánimo de lucro. No digo que sea malo, sino que hay que entenderlo.
P.: Si una familia le preguntara qué hacer con sus ancianos, ¿cuál sería su respuesta?
R.: Con los servicios tan descoordinados que tenemos, la mejor solución es tener a los ancianos en casa. Evidentemente, esto no es posible siempre. Para eso existen las residencias y los centros de día. Las personas mayores viven en su propia vivienda mientras pueden, luego se las mantiene en su domicilio con asistencia y, por último, se las envía a una residencia.
P.: Y cuando usted sea anciano, ¿cómo imagina el panorama?
R.: Espero que estemos mejor educados y que existan más pisos tutelados o vigilados. Yo ya me he mentalizado de que no voy a tener habitación en casa... Así que el Estado tiene por delante una enorme labor de prevención.
P.: ¿De qué manera afecta a una familia tener que atender a un dependiente?
R.: Por lo general, el momento de mayor tensión llega cuando el dependiente cae enfermo. Afortunadamente, en España se reacciona muy bien. La aptitud es ejemplar. Reconozco que es una losa que les cae encima y que da lugar a crisis, rupturas... Muchas familias necesitan asistencia psicológica, y más cuando no disponen de suficientes recursos.
P.: Al aumentar la esperanza de vida, ¿ganamos en calidad?
R.: Hemos aumentado la expectativa de vida a base de aumentar los años de dependencia. Tenemos que disminuir el tiempo que las personas tienen que convivir con las enfermedades.
P.: Males como el alzhéimer o la demencia senil van a más. ¿Existe en España la asistencia adecuada?
R.: No, los resultados que vemos son inadecuados. En este país no se ha creado un plan de atención al anciano ni hay voluntad para hacerlo. Se lo planteamos al Ministerio de Sanidad y Política Social y su respuesta fue que no lo veían claro. El anciano es una persona sufrida, poco exigente, que no se queja. Eso es lo que salva a la administración pública hasta la fecha.
P.: A estos problemas, se suma la reforma de las pensiones... R.: Es un problema económico que repercute en el área social y sanitaria. Empezaremos a ver cuadros de malnutrición en personas mayores con problemas de pobreza. No se puede vivir con 600 ó 700 euros al mes. P.: «La politización ha estancado la ley de Dependencia»
R.: Al tratar la situación de los mayores, la ley de Dependencia es uno de los conceptos que siempre se baraja en una charla. Gil hizo balance de la normativa, "mi valoración no puede ser buena. Se generaron muchas expectativas y los avances han sido escasos. En algunos casos, incluso, se ha retrocedido". Para el presidente de la Sociedad Española de Geriatría, "el problema es que una ley tan social como esta, tan dirigida a la gente, ha sido muy politizada. Así vamos mal. El estancamiento es absoluto y los presupuestos para 2011 reducen la partida destinada a la Ley de Dependencia, con el peligro que ello conlleva". El experto comentó que "la crisis lo dificulta todo, hace que el proyecto se haya quedado únicamente en una estimación teórica. La situación es desesperante, tanto para los profesionales como para los dependientes". Otro de los puntos que trató Pedro Gil se centró en las posibilidades de suspenso de la ley, "no creo que ningún político se atreva a suspender la ley, pero también hay muchas formas de matarla. Por ejemplo, por inanición. La crisis debe llevarnos a un planteamiento más amplio de los recursos sociales y sanitarios con los que cuenta un país". El portavoz sanitario expuso que "la Comunitat Valenciana está tremendamente envejecida. Además, aquí vienen a residir muchas personas mayores de otros países". Por ello, Pedro Gil lanzó diferentes cuestiones al aire relacionadas con la problemática: "¿Hay dinero para soportar esto? ¿Habrá rentabilidad a largo plazo? Son preguntas que no tienen respuesta". Por último, el presidente destacó que "actualmente hacemos frente a dos tsunamis: la dependencia y el envejecimiento".
Fuente: levante EMV
Publicado por AVaFURCeG
Las residencias recurren el decreto que regula los medicamentos de los ancianos
miércoles 6 de octubre de 2010
Las residencias recurren el decreto que regula los medicamentos de los ancianos
[Valencia] Junto al trámite judicial envían una queja al conseller Cervera en la que afirman que la normativa es ilegal porque atenta contra la libre competencia y no reduce el gasto.
VICENTE USEROS - VALENCIA
El sector de los geriátricos acaba de declarar la guerra al Consell y a los colegios de farmacéuticos de la Comunidad Valenciana. Sus miembros consideran que la legislación que regula los medicamentos en las residencias privadas es ilegal porque, según ellos, atenta contra la libre competencia y no reduce el gasto en productos farmacéuticos, como tiene por fin.
El primer paso ha sido presentar un recurso contencioso administrativo contra la nueva legislación por la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en situación de Dependencia (AERTE), en el que se solicita la suspensión cautelar de las citadas normas y su plazo.
El segundo será como un bombardeo empresarial. En una reunión celebrada ayer en Valencia, los responsables de 126 residencias decidieron remitir un duro documento al conseller de Sanidad, Manuel Cervera, —de quien depende el servicio de farmacia en los geriátricos— en el que, una por una, cada residencia exigirá «suspender la aplicación del plazo establecido» del Decreto 94/2010 que regula las características del servicio de farmacia.
Los empresarios de residencias critican que el Decreto y su resolución «es totalmente insuficiente para poder ejercitar la opción con un mínimo de garantías acerca de los principales aspectos de cada uno de los modelos de prestación de la asistencia farmacéutica en centros sociosanitarios».
El colectivo se queja de la falta de información que la ha dado la Administración. En concreto el Decreto expone que la Conselleria «se hará cargo del coste de los servicios de farmacia y a estas alturas no conocemos cual sería el coste que asumiría Sanidad, como lo pagaría y si ha dotado la partida presupuestaria correspondiente. ¿Cómo podemos tomar una decisión con un conocimiento mínimo de causa si no tenemos ese dato?».
Incertidumbre e indefensión
Según el texto remitido a Cervera, otro ejemplo «de la absoluta incertidumbre e indefensión, en la que nos sitúa el Decreto», es que en él se establece que el centro sociosanitario debe ceder determinadas instalaciones a las oficinas de farmacia.
Los empresarios aclaran que existe una posible falta de competencia del Decreto «para disponer sobre nuestra propiedad privada y tampoco conocemos la contraprestación que las oficinas de farmacia abonarían por dicha cesión».
La carta que se remitirá con 126 copias a Sanidad destaca «el atropello que se quiere cometer con nuestras empresas en el estado actual del Decreto. Un Decreto que, si no se pone remedio, únicamente favorecerá a determinadas oficinas de farmacia, no a los farmacéuticos en su conjunto y, además, no cumplirá con la finalidad de reducir el gasto farmacéutico».
De esta denuncia se deriva el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación empresarial del sector a la que pertenece (AERTE), que solicita suspensión cautelar de las citadas normas y plazo, por lo que entiende que es —en cualquier caso— improcedente la exigencia del cumplimiento de ese plazo antes de que el Tribunal Superior resuelva sobre la suspensión y menos con las graves lagunas de información acerca de los derechos y obligaciones que se asumen con el ejercicio de la opción.
Nueva Legislación
Servicio de farmacia. Todos los centros sociosanitarios deberán optar, antes del día 11 de octubre de 2010, por la instalación de un servicio de farmacia, un depósito de medicamentos o un botiquín farmacéutico sociosanitario y solicitarlo antes de dicha fecha en su preceptiva autorización.
Límite 60 camas. Los centros sociosanitarios con una capacidad de 60 camas o menos, podrán optar por cualquiera de las tres opciones. Los de más de 60 camas sólo podrán optar por depósito de medicamentos o servicio de farmacia.
Superficie y equipos. Los centros sociosanitarios deberán dotarse en dicho plazo de la superficie, equipamiento y material necesario.
Impide el derecho de elegir su farmacia a los residentes
Los empresarios, con Alberto Giménez a la cabeza, denuncian que el Decreto sustituye «la voluntad de los ancianos residentes, en cuanto al derecho que les asiste para suministrarse en la oficina de farmacia que les parezca procedente —los que sean titulares de prestación farmacéutica pública—».
Los responsables del sector argumentan esta situación en que se encuentran los internos de las residencias privadas, en el ámbito de dispensación de la prestación farmacéutica, ajeno al sistema de centros públicos y, en tanto les sean dispensadas recetas, tienen la facultad de presentarlas ante la oficina de farmacia que tengan por conveniente.
Su queja, describe que el Decreto incurre «claramente» en conductas «prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia al obligar de forma artificial y totalmente injustificada a los centros sociosanitarios privados a incluir en su organización profesional oficinas de farmacia impuestas desde fuera y con un turno rotatorio entre ellas cada tres años, creando mercados cautivos ».
De ahí que critiquen que esta situación limita la libertad de elección de los centros y la libertad de empresa de las farmacias «sin justificación alguna y favorece que, como consecuencia del turno rotativo puedan prestar servicios farmacias mal gestionadas o sin los recursos adecuados, con perjuicio para el usuario, sin olvidar que la fragmentación produce un mayor gasto sanitario al impedir la aportación a la Conselleria de Sanidad, que puede llegar hasta el 15% del volumen de la facturación».
Fuente: elmundo
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Las residencias recurren el decreto que regula los medicamentos de los ancianos
[Valencia] Junto al trámite judicial envían una queja al conseller Cervera en la que afirman que la normativa es ilegal porque atenta contra la libre competencia y no reduce el gasto.
VICENTE USEROS - VALENCIA
El sector de los geriátricos acaba de declarar la guerra al Consell y a los colegios de farmacéuticos de la Comunidad Valenciana. Sus miembros consideran que la legislación que regula los medicamentos en las residencias privadas es ilegal porque, según ellos, atenta contra la libre competencia y no reduce el gasto en productos farmacéuticos, como tiene por fin.
El primer paso ha sido presentar un recurso contencioso administrativo contra la nueva legislación por la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en situación de Dependencia (AERTE), en el que se solicita la suspensión cautelar de las citadas normas y su plazo.
El segundo será como un bombardeo empresarial. En una reunión celebrada ayer en Valencia, los responsables de 126 residencias decidieron remitir un duro documento al conseller de Sanidad, Manuel Cervera, —de quien depende el servicio de farmacia en los geriátricos— en el que, una por una, cada residencia exigirá «suspender la aplicación del plazo establecido» del Decreto 94/2010 que regula las características del servicio de farmacia.
Los empresarios de residencias critican que el Decreto y su resolución «es totalmente insuficiente para poder ejercitar la opción con un mínimo de garantías acerca de los principales aspectos de cada uno de los modelos de prestación de la asistencia farmacéutica en centros sociosanitarios».
El colectivo se queja de la falta de información que la ha dado la Administración. En concreto el Decreto expone que la Conselleria «se hará cargo del coste de los servicios de farmacia y a estas alturas no conocemos cual sería el coste que asumiría Sanidad, como lo pagaría y si ha dotado la partida presupuestaria correspondiente. ¿Cómo podemos tomar una decisión con un conocimiento mínimo de causa si no tenemos ese dato?».
Incertidumbre e indefensión
Según el texto remitido a Cervera, otro ejemplo «de la absoluta incertidumbre e indefensión, en la que nos sitúa el Decreto», es que en él se establece que el centro sociosanitario debe ceder determinadas instalaciones a las oficinas de farmacia.
Los empresarios aclaran que existe una posible falta de competencia del Decreto «para disponer sobre nuestra propiedad privada y tampoco conocemos la contraprestación que las oficinas de farmacia abonarían por dicha cesión».
La carta que se remitirá con 126 copias a Sanidad destaca «el atropello que se quiere cometer con nuestras empresas en el estado actual del Decreto. Un Decreto que, si no se pone remedio, únicamente favorecerá a determinadas oficinas de farmacia, no a los farmacéuticos en su conjunto y, además, no cumplirá con la finalidad de reducir el gasto farmacéutico».
De esta denuncia se deriva el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación empresarial del sector a la que pertenece (AERTE), que solicita suspensión cautelar de las citadas normas y plazo, por lo que entiende que es —en cualquier caso— improcedente la exigencia del cumplimiento de ese plazo antes de que el Tribunal Superior resuelva sobre la suspensión y menos con las graves lagunas de información acerca de los derechos y obligaciones que se asumen con el ejercicio de la opción.
Nueva Legislación
Servicio de farmacia. Todos los centros sociosanitarios deberán optar, antes del día 11 de octubre de 2010, por la instalación de un servicio de farmacia, un depósito de medicamentos o un botiquín farmacéutico sociosanitario y solicitarlo antes de dicha fecha en su preceptiva autorización.
Límite 60 camas. Los centros sociosanitarios con una capacidad de 60 camas o menos, podrán optar por cualquiera de las tres opciones. Los de más de 60 camas sólo podrán optar por depósito de medicamentos o servicio de farmacia.
Superficie y equipos. Los centros sociosanitarios deberán dotarse en dicho plazo de la superficie, equipamiento y material necesario.
Impide el derecho de elegir su farmacia a los residentes
Los empresarios, con Alberto Giménez a la cabeza, denuncian que el Decreto sustituye «la voluntad de los ancianos residentes, en cuanto al derecho que les asiste para suministrarse en la oficina de farmacia que les parezca procedente —los que sean titulares de prestación farmacéutica pública—».
Los responsables del sector argumentan esta situación en que se encuentran los internos de las residencias privadas, en el ámbito de dispensación de la prestación farmacéutica, ajeno al sistema de centros públicos y, en tanto les sean dispensadas recetas, tienen la facultad de presentarlas ante la oficina de farmacia que tengan por conveniente.
Su queja, describe que el Decreto incurre «claramente» en conductas «prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia al obligar de forma artificial y totalmente injustificada a los centros sociosanitarios privados a incluir en su organización profesional oficinas de farmacia impuestas desde fuera y con un turno rotatorio entre ellas cada tres años, creando mercados cautivos ».
De ahí que critiquen que esta situación limita la libertad de elección de los centros y la libertad de empresa de las farmacias «sin justificación alguna y favorece que, como consecuencia del turno rotativo puedan prestar servicios farmacias mal gestionadas o sin los recursos adecuados, con perjuicio para el usuario, sin olvidar que la fragmentación produce un mayor gasto sanitario al impedir la aportación a la Conselleria de Sanidad, que puede llegar hasta el 15% del volumen de la facturación».
Fuente: elmundo
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Nueva protesta de afectados de la dependencia
viernes 24 de septiembre de 2010
Nueva protesta de afectados de la dependencia
[Valencia] Una concentración "taronja" que denuncia el boicot del consell. Centenares de ciudadanos ataviados con camisetas de color naranja con las que se identifican los afectados por el incumplimiento de la Ley de la Dependencia se concentraron ayer ante la dirección territorial de Servicios Sociales de Valencia para denunciar que 30.000 personas llevan meses a la espera de cobrar la prestación, otras 60.000 tienen el expediente paralizado y 15.000 han muerto sin haber recibido la paga que tenían reconocida por la ley.
Fuente: levante.emv
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Nueva protesta de afectados de la dependencia
[Valencia] Una concentración "taronja" que denuncia el boicot del consell. Centenares de ciudadanos ataviados con camisetas de color naranja con las que se identifican los afectados por el incumplimiento de la Ley de la Dependencia se concentraron ayer ante la dirección territorial de Servicios Sociales de Valencia para denunciar que 30.000 personas llevan meses a la espera de cobrar la prestación, otras 60.000 tienen el expediente paralizado y 15.000 han muerto sin haber recibido la paga que tenían reconocida por la ley.
Fuente: levante.emv
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Plataforma denuncia que 30.000 valencianos aún esperan prestación por la Ley de Dependencia
jueves 23 de septiembre de 2010
Plataforma denuncia que 30.000 valencianos aún esperan prestación por la Ley de Dependencia
[Valencia] Miembros de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia se han concentrado hoy para denunciar el retraso en la tramitación de los expedientes de las personas en situación de dependencia, ya que más de 30.000 valencianos aún esperan "una prestación que por ley les corresponde".
Así lo ha asegurado Palmira Castellano, portavoz de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Valencia, que ha convocado una concentración frente a las oficinas de la Conselleria de Bienestar Social en la calle Colón de la capital valenciana.
Según fuentes de la Plataforma, más de 15.000 personas han fallecido sin recibir su prestación por la Ley de Dependencia y más de 30.000 valencianos aún esperan una prestación que les corresponde por ley.
Palmira Castellano ha explicado que aunque en los últimos meses se ha "avanzado mucho" en la resolución del grado y el nivel de cada persona en situación de dependencia, hay un "retraso exagerado" en la recepción del Plan Individualizado de Atención (PIA), "que puede llegar a tardar más de un año, algo que antes no existía".
"Esta situación consigue que la gente adopte nuevas ilusiones al ver que tiene su grado y nivel con una velocidad que antes no existía, pero en cambio se produce un retraso en la finalización de la resolución del expediente", ha señalado Castellano.
La portavoz de la Plataforma ha considerado que la crisis económica no debería estar detrás de estos retrasos, ya que según ha señalado, son partidas "que deberían estar aprobadas en los presupuestos incluso antes de la crisis".
"Queremos saber exactamente y nos gustaría que hubiera claridad y transparencia para ver que sucede con el dinero que está destinado a dependencia y que no llega", ha indicado.
Según Castellano, "con lo que cuesta el Ágora se podría atender a muchos dependientes y nos gustaría que hubiera una prioridad en temas sociales, porque no se trata de una subvención que se puede dar o quitar, sino de un derecho que adquiere el dependiente".
Fuente: EFE
Publicado por AVaFURCeG
Plataforma denuncia que 30.000 valencianos aún esperan prestación por la Ley de Dependencia
[Valencia] Miembros de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia se han concentrado hoy para denunciar el retraso en la tramitación de los expedientes de las personas en situación de dependencia, ya que más de 30.000 valencianos aún esperan "una prestación que por ley les corresponde".
Así lo ha asegurado Palmira Castellano, portavoz de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Valencia, que ha convocado una concentración frente a las oficinas de la Conselleria de Bienestar Social en la calle Colón de la capital valenciana.
Según fuentes de la Plataforma, más de 15.000 personas han fallecido sin recibir su prestación por la Ley de Dependencia y más de 30.000 valencianos aún esperan una prestación que les corresponde por ley.
Palmira Castellano ha explicado que aunque en los últimos meses se ha "avanzado mucho" en la resolución del grado y el nivel de cada persona en situación de dependencia, hay un "retraso exagerado" en la recepción del Plan Individualizado de Atención (PIA), "que puede llegar a tardar más de un año, algo que antes no existía".
"Esta situación consigue que la gente adopte nuevas ilusiones al ver que tiene su grado y nivel con una velocidad que antes no existía, pero en cambio se produce un retraso en la finalización de la resolución del expediente", ha señalado Castellano.
La portavoz de la Plataforma ha considerado que la crisis económica no debería estar detrás de estos retrasos, ya que según ha señalado, son partidas "que deberían estar aprobadas en los presupuestos incluso antes de la crisis".
"Queremos saber exactamente y nos gustaría que hubiera claridad y transparencia para ver que sucede con el dinero que está destinado a dependencia y que no llega", ha indicado.
Según Castellano, "con lo que cuesta el Ágora se podría atender a muchos dependientes y nos gustaría que hubiera una prioridad en temas sociales, porque no se trata de una subvención que se puede dar o quitar, sino de un derecho que adquiere el dependiente".
Fuente: EFE
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Such descarta ampliar los contratos con los geriátricos que tienen plazas para dependientes
jueves 16 de septiembre de 2010
Such descarta ampliar los contratos con los geriátricos que tienen plazas para dependientes
[Alicante] La consellera de Bienestar Social cifra en 38.000 los beneficiarios de la Ley de Dependencia en la Comunidad.
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, rechazó ayer la posibilidad de que la conselleria amplíe el periodo de los contratos que mantiene con las residencias geriátricas de la Comunidad que disponen de plazas de accesibilidad concertadas. Actualmente los contratos tienen un periodo de duración de tres meses. Desde las residencias se ha pedido la ampliación de este plazo, en especial tras el conflicto de hace unas semanas cuando a poco tiempo de su vencimiento, el 1 de septiembre, la continuidad de estas plazas estaba en el aire. Such reiteró ayer, durante la presentación en Alicante del balance de actividades de su departamento, que los contratos "se han vuelto a renovar por tres meses, aunque en los presupuestos se contempla una partida para su continuidad durante todo un año". Por otro lado Such destacó el "esfuerzo" de la Conselleria para "impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia, y en la actualidad ya hay 38.000 personas que disfrutan de alguno de los recursos de la Ley".
Fuente: informacion.es
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Such descarta ampliar los contratos con los geriátricos que tienen plazas para dependientes
[Alicante] La consellera de Bienestar Social cifra en 38.000 los beneficiarios de la Ley de Dependencia en la Comunidad.
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, rechazó ayer la posibilidad de que la conselleria amplíe el periodo de los contratos que mantiene con las residencias geriátricas de la Comunidad que disponen de plazas de accesibilidad concertadas. Actualmente los contratos tienen un periodo de duración de tres meses. Desde las residencias se ha pedido la ampliación de este plazo, en especial tras el conflicto de hace unas semanas cuando a poco tiempo de su vencimiento, el 1 de septiembre, la continuidad de estas plazas estaba en el aire. Such reiteró ayer, durante la presentación en Alicante del balance de actividades de su departamento, que los contratos "se han vuelto a renovar por tres meses, aunque en los presupuestos se contempla una partida para su continuidad durante todo un año". Por otro lado Such destacó el "esfuerzo" de la Conselleria para "impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia, y en la actualidad ya hay 38.000 personas que disfrutan de alguno de los recursos de la Ley".
Fuente: informacion.es
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El Consell comienza a renovar las plazas con los geriátricos
viernes 10 de septiembre de 2010
El Consell comienza a renovar las plazas con los geriátricos
[Alicante] Bienestar Social desbloquea la continuidad de los contratos con las residencias, que benefician a cerca de 2.000 dependientes.
La Conselleria de Bienestar Social ha comenzado a firmar con las residencias geriátricas de la Comunidad Valenciana la renovación de las 1.800 plazas concertadas dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social. El bloqueo en la firma de estos acuerdos, cuyo plazo expiró el pasado 1 de septiembre, mantenía en vilo a los familiares de las personas beneficiarias de una de estas plazas, cuyo coste subvenciona la Generalitat en un 80%.
Según han informado desde las empresas afectadas, "ya se han comenzado a recibir llamadas desde Bienestar Social para que acudamos en los próximos días a firmar los contratos a Valencia".
En un principio, estos acuerdos se han renovado "en las mismas condiciones que se venían manteniendo hasta ahora y por un plazo de 3 meses".
Este corto periodo de tiempo es el único punto del acuerdo que ha disgustado a las residencias. "Nos hubiera gustado que el plazo de renovación fuera más amplio, porque tres meses nos da un margen muy corto de actuación".
Desde la patronal de la dependencia, Aerte, su presidente, Alberto Giménez mostró ayer su satisfacción por este acuerdo. "Hemos cerrado una etapa y ahora nos toca centrarnos en el recién creado grupo de trabajo para el desarrollo de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana", integrado por representantes de la patronal y de las consellerias de Sanidad y Bienestar Social. Asimismo, Giménez espera que, a partir del año que viene "estos acuerdos se puedan plantear con una mayor duración, por lo menos de un año".
Semanas de incertidumbre
El paso dado por la Conselleria calma, de momento, los ánimos en un sector en el que este verano han saltado todas las alarmas tras una reunión en la que el secretario autonómico Joaquín Martínez comunicó a las empresas con plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social la posibilidad de que, por motivos presupuestarios, no se renovaran los contratos de concertación de plazas, en vigor desde el año 2008.
Tras semanas de incertidumbre, en las que familiares de dependientes se han llegado a movilizar ante esta situación, Bienestar Social aseguró a principios de semana, y tras rechazarse en el pleno del viernes una modificación de los presupuestos, que se encontraba a la espera de hallar el "instrumento financiero-contable" que permitiera la renovación de estos acuerdos.
Fuente: informacion.es
Publicado por AVaFURCeG
El Consell comienza a renovar las plazas con los geriátricos
[Alicante] Bienestar Social desbloquea la continuidad de los contratos con las residencias, que benefician a cerca de 2.000 dependientes.
La Conselleria de Bienestar Social ha comenzado a firmar con las residencias geriátricas de la Comunidad Valenciana la renovación de las 1.800 plazas concertadas dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social. El bloqueo en la firma de estos acuerdos, cuyo plazo expiró el pasado 1 de septiembre, mantenía en vilo a los familiares de las personas beneficiarias de una de estas plazas, cuyo coste subvenciona la Generalitat en un 80%.
Según han informado desde las empresas afectadas, "ya se han comenzado a recibir llamadas desde Bienestar Social para que acudamos en los próximos días a firmar los contratos a Valencia".
En un principio, estos acuerdos se han renovado "en las mismas condiciones que se venían manteniendo hasta ahora y por un plazo de 3 meses".
Este corto periodo de tiempo es el único punto del acuerdo que ha disgustado a las residencias. "Nos hubiera gustado que el plazo de renovación fuera más amplio, porque tres meses nos da un margen muy corto de actuación".
Desde la patronal de la dependencia, Aerte, su presidente, Alberto Giménez mostró ayer su satisfacción por este acuerdo. "Hemos cerrado una etapa y ahora nos toca centrarnos en el recién creado grupo de trabajo para el desarrollo de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana", integrado por representantes de la patronal y de las consellerias de Sanidad y Bienestar Social. Asimismo, Giménez espera que, a partir del año que viene "estos acuerdos se puedan plantear con una mayor duración, por lo menos de un año".
Semanas de incertidumbre
El paso dado por la Conselleria calma, de momento, los ánimos en un sector en el que este verano han saltado todas las alarmas tras una reunión en la que el secretario autonómico Joaquín Martínez comunicó a las empresas con plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social la posibilidad de que, por motivos presupuestarios, no se renovaran los contratos de concertación de plazas, en vigor desde el año 2008.
Tras semanas de incertidumbre, en las que familiares de dependientes se han llegado a movilizar ante esta situación, Bienestar Social aseguró a principios de semana, y tras rechazarse en el pleno del viernes una modificación de los presupuestos, que se encontraba a la espera de hallar el "instrumento financiero-contable" que permitiera la renovación de estos acuerdos.
Fuente: informacion.es
Publicado por AVaFURCeG
La Generalitat no modificará los Presupuestos para fijar el concierto con las residencias
sábado 4 de septiembre de 2010
La Generalitat no modificará los Presupuestos para fijar el concierto con las residencias
[Valencia] La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, garantizó ayer que se mantendrá el concierto con la patronal de las residencias para el próximo trimestre, pero señaló que para ello «no es necesario» realizar ninguna modificación de los Presupuestos.
La portavoz del Consell precisó que la titular de Bienestar Social, Angélica Such, «en ningún momento habló de modificación presupuestaria» e insistió en que la consellera «está realizando los trámites necesarios para hacer la orden de pago».
Sin embargo, el sindicato CC.OO-PV advirtió de que si no se fija la cantidad necesaria para mantener el concierto de la Generalitat con las residencias en los presupuestos de 2011 podrían producirse «nuevos conflictos».
La organización sindical considera que el problema únicamente se ha solucionado «hasta final de año». «La situación de finales de agosto, cuando la continuidad de 1.800 plazas residenciales vieron peligrar su financiación por el Consell, se podría repetir», indicó CC.OO.
Fuente: Las Provincias
Publicado por AVaFURCeG
La Generalitat no modificará los Presupuestos para fijar el concierto con las residencias
[Valencia] La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, garantizó ayer que se mantendrá el concierto con la patronal de las residencias para el próximo trimestre, pero señaló que para ello «no es necesario» realizar ninguna modificación de los Presupuestos.
La portavoz del Consell precisó que la titular de Bienestar Social, Angélica Such, «en ningún momento habló de modificación presupuestaria» e insistió en que la consellera «está realizando los trámites necesarios para hacer la orden de pago».
Sin embargo, el sindicato CC.OO-PV advirtió de que si no se fija la cantidad necesaria para mantener el concierto de la Generalitat con las residencias en los presupuestos de 2011 podrían producirse «nuevos conflictos».
La organización sindical considera que el problema únicamente se ha solucionado «hasta final de año». «La situación de finales de agosto, cuando la continuidad de 1.800 plazas residenciales vieron peligrar su financiación por el Consell, se podría repetir», indicó CC.OO.
Fuente: Las Provincias
Publicado por AVaFURCeG
Los geriátricos piden poder contratar a los farmacéuticos que controlen su gasto
viernes 3 de septiembre de 2010
Los geriátricos piden poder contratar a los farmacéuticos que controlen su gasto
[Valencia] El decreto de Sanidad para las residencias implica ahorrar 60 millones en fármacos.
La patronal de las residencias de la Comunidad (Aerte) condicionó ayer su apoyo al decreto de la Conselleria de Sanidad, que se fundamenta en la creación de un servicio de farmacia propio en cada gran residencia, a que los centros puedan mantener la capacidad de elegir a los farmacéuticos así como que el coste sea «equilibrado».
Así lo aseguró ayer, el presidente de Aerte, Alberto Jiménez, en la Asamblea Extraordinaria de la patronal en la que se acordó por unanimidad respaldar el decreto de farmacia aprobado por la Conselleria de Sanidad «siempre que éste asegure el coste equilibrado de las prestaciones y la libertad de los centros para trabajar con los profesionales que estime más adecuados».
Desde la patronal Aerte se asegura que «los empresarios defienden este tipo de iniciativas porque suponen una importante reducción del gasto público sanitario en materia farmacéutica, que se estima que se recortaría en cerca de 60 millones de euros, y que complementará los servicios médicos, de fisioterapia, con los que ya cuentan los centros, posicionados como los más avanzados de Europa».
Sin embargo, y tras varios desencuentros con la Conselleria de Bienestar Social y el Gobierno central en relación al problema de la financiación de la Ley de Dependencia, el presidente de Aerte quiso dejar claro que las empresas del sector «no pueden soportar más presión económica y obligaciones extraordinarias sin que se de solución a las principales demandas del sector». Es decir, la fiabilidad en la financiación de la dependencia, coordinación sociosanitaria y eficiencia en la ejecución de las valoraciones y la gestión de las prestaciones para las personas dependientes.
En ese sentido, el presidente de Aerte recordó que el decreto de la Conselleria de Sanidad impone la obligación de que los centros residenciales, en función de su tamaño, dispongan de un depósito con dispensadores unidosis o servicio de farmacia permanente, incluido un profesional que lo gestione, lo que supone un «importante esfuerzo económico» para el sector, «especialmente cuando desde Bienestar se dilatan los pagos de las plazas concertadas y se insiste en la reducción de prestaciones para los dependientes».
A pesar de todo, las cerca de 200 empresas representadas en la asamblea mostraron su predisposición a implantar el servicio y a seguir colaborando en el desarrollo de políticas y medidas que favorezcan la coordinación sociosanitaria entre los diferentes departamentos de la Administración y la gestión eficiente de los recursos destinados a la atención de las personas en situación de dependencia.
Por otra parte, el pleno de Aerte mostró su satisfacción por el reciente acuerdo y la prórroga del contrato de las plazas de accesibilidad con Bienestar Social, ya que se ha primado el interés de los ciudadanos frente a cuestiones presupuestarias que no deberían obstaculizar la atención a éstos colectivos. Así los 1.856 dependientes vinculados a éstas plazas continuarán recibiendo ayudas y servicios orientados amejorar su calidad de vida, sin ninguna alteración de su rutina y entorno.
En todo caso, Giménez recordó que, en la reunión de anteayer, la patronal volvió a plantear a la consellera Such, la importancia de ocupar las 4.000 plazas vacías que existen.
Fuente: El Mundo
Publicado por AVaFURCeG
Los geriátricos piden poder contratar a los farmacéuticos que controlen su gasto
[Valencia] El decreto de Sanidad para las residencias implica ahorrar 60 millones en fármacos.
La patronal de las residencias de la Comunidad (Aerte) condicionó ayer su apoyo al decreto de la Conselleria de Sanidad, que se fundamenta en la creación de un servicio de farmacia propio en cada gran residencia, a que los centros puedan mantener la capacidad de elegir a los farmacéuticos así como que el coste sea «equilibrado».
Así lo aseguró ayer, el presidente de Aerte, Alberto Jiménez, en la Asamblea Extraordinaria de la patronal en la que se acordó por unanimidad respaldar el decreto de farmacia aprobado por la Conselleria de Sanidad «siempre que éste asegure el coste equilibrado de las prestaciones y la libertad de los centros para trabajar con los profesionales que estime más adecuados».
Desde la patronal Aerte se asegura que «los empresarios defienden este tipo de iniciativas porque suponen una importante reducción del gasto público sanitario en materia farmacéutica, que se estima que se recortaría en cerca de 60 millones de euros, y que complementará los servicios médicos, de fisioterapia, con los que ya cuentan los centros, posicionados como los más avanzados de Europa».
Sin embargo, y tras varios desencuentros con la Conselleria de Bienestar Social y el Gobierno central en relación al problema de la financiación de la Ley de Dependencia, el presidente de Aerte quiso dejar claro que las empresas del sector «no pueden soportar más presión económica y obligaciones extraordinarias sin que se de solución a las principales demandas del sector». Es decir, la fiabilidad en la financiación de la dependencia, coordinación sociosanitaria y eficiencia en la ejecución de las valoraciones y la gestión de las prestaciones para las personas dependientes.
En ese sentido, el presidente de Aerte recordó que el decreto de la Conselleria de Sanidad impone la obligación de que los centros residenciales, en función de su tamaño, dispongan de un depósito con dispensadores unidosis o servicio de farmacia permanente, incluido un profesional que lo gestione, lo que supone un «importante esfuerzo económico» para el sector, «especialmente cuando desde Bienestar se dilatan los pagos de las plazas concertadas y se insiste en la reducción de prestaciones para los dependientes».
A pesar de todo, las cerca de 200 empresas representadas en la asamblea mostraron su predisposición a implantar el servicio y a seguir colaborando en el desarrollo de políticas y medidas que favorezcan la coordinación sociosanitaria entre los diferentes departamentos de la Administración y la gestión eficiente de los recursos destinados a la atención de las personas en situación de dependencia.
Por otra parte, el pleno de Aerte mostró su satisfacción por el reciente acuerdo y la prórroga del contrato de las plazas de accesibilidad con Bienestar Social, ya que se ha primado el interés de los ciudadanos frente a cuestiones presupuestarias que no deberían obstaculizar la atención a éstos colectivos. Así los 1.856 dependientes vinculados a éstas plazas continuarán recibiendo ayudas y servicios orientados amejorar su calidad de vida, sin ninguna alteración de su rutina y entorno.
En todo caso, Giménez recordó que, en la reunión de anteayer, la patronal volvió a plantear a la consellera Such, la importancia de ocupar las 4.000 plazas vacías que existen.
Fuente: El Mundo
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El Consell rectifica su presupuesto para zanjar la polémica de las residencias
jueves 2 de septiembre de 2010
El Consell rectifica su presupuesto para zanjar la polémica de las residencias
[Valencia] Inyectará en el próximo pleno 9 millones para garantizar las 1.800 plazas en centros privados.
El pleno del Consell de mañana aprobará una inyección presupuestaria de 9 millones para que la Conselleria de Bienestar Social prorrogue el concierto de 1.800 plazas en residencias privadas. Así se lo aseguró ayer «el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps», a los empresarios del sector, según el presidente de su patronal (Aerte), Alberto Giménez. Como intermediaria actuó la titular de Bienestar Social, Angélica Such, quien aclaró que toda la polémica tuvo su origen en la búsqueda del «instrumento jurídico y financiero-contable necesario».
La paz definitiva entre la conselleria y Aerte se firmó ayer, en un encuentro que tuvo lugar en Valencia. El único punto del día consistía en generar «tranquilidad» a las familias de los 1.856 ancianos dependientes que se podían haber quedado sin plaza en su residencia por la finalización de un convenio que les ayuda a pagar el 80% del coste de su alojamiento. Las residencias señalaron que no podrían afrontar este gasto si no recibían ayudas del Consell y comenzaron a alertar a los usuarios de que tendrían que buscarse otro sitio.
Ya el jueves pasado, Such se comprometió verbalmente con Giménez a prorrogar el convenio. Pero el encuentro de ayer fue el marco de la «plasmación real» de este acuerdo, según la patronal de las residencias privadas. Giménez aseguró sentirse «satisfecho» con el pacto, que, a su juicio, supone «un alivio» para las familias afectadas.
A la salida de la reunión, la consellera de Bienestar Social explicó los términos de esta prórroga del convenio y cuáles habían sido los motivos para la demora en la firma, en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Such aclaró que su gabinete estaba «a la espera de solucionar los temas que hubiera para poder llevar a cabo el instrumento jurídico oportuno que viniera a concertar septiembre». No se trataba de una cuestión de demoras en los pagos, como se sugirió en un principio, sino una cuestión burocrática.
La titular de Bienestar Social recalcó que en ningún momento han estado las plazas concertadas en peligro. «El que en un momento dado, un instrumento jurídico financiero-contable pueda tener un retraso en la confección», se justificó la consellera, «no quiere decir que no se vaya a concertar la plaza». Había que acomodar todas las cláusulas a un acuerdo que se prolongará hasta el 31 de diciembre, con lo cual se cierra el año entero, a pesar de que las prórrogas se pactaban cada tres meses.
El nuevo documento, que tras el visto bueno de Economía se refrendará la semana que viene, distribuye los 9 nueve millones entre los 1.856 afectados. Durante cuatro meses, a unos 40 euros diarios por cabeza.
Por otra parte, la misma reunión sirvió para activar una comisión mixta compuesta por Aerte y «las consellerias de Bienestar Social y Sanidad» con el fin de analizar «la mejor política de atención para los dependientes con menores grados». Garantizar la atención de estas personas, cubrir las 4.000 plazas asistenciales, fomentar los recursos y abordar la coordinación sociosanitaria serán los principales objetivos de la comisión.
Secuencia de una «inquietud»
>Aviso. Algunas residencias de la Comunidad alertan por escrito a sus usuarios de la posibilidad de que tengan que cambiar de ubicación, por los retrasos en el convenio.
>Desmentido. Bienestar Social asegura que nadie perderá su plaza, pero no aclara qué ha ocasionado la polémica
. >Acuerdo. Aerte desvela días después que Such ha garantizado verbalmente la prórroga del acuerdo de las 1.856 plazas concertadas.
>«Tranquilidad». Aerte y Bienestar Social sellan finalmente la modificación presupuestaria de 9 millones hasta el 31 de diciembre.
Fuente: El Mundo
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El Consell rectifica su presupuesto para zanjar la polémica de las residencias
[Valencia] Inyectará en el próximo pleno 9 millones para garantizar las 1.800 plazas en centros privados.
El pleno del Consell de mañana aprobará una inyección presupuestaria de 9 millones para que la Conselleria de Bienestar Social prorrogue el concierto de 1.800 plazas en residencias privadas. Así se lo aseguró ayer «el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps», a los empresarios del sector, según el presidente de su patronal (Aerte), Alberto Giménez. Como intermediaria actuó la titular de Bienestar Social, Angélica Such, quien aclaró que toda la polémica tuvo su origen en la búsqueda del «instrumento jurídico y financiero-contable necesario».
La paz definitiva entre la conselleria y Aerte se firmó ayer, en un encuentro que tuvo lugar en Valencia. El único punto del día consistía en generar «tranquilidad» a las familias de los 1.856 ancianos dependientes que se podían haber quedado sin plaza en su residencia por la finalización de un convenio que les ayuda a pagar el 80% del coste de su alojamiento. Las residencias señalaron que no podrían afrontar este gasto si no recibían ayudas del Consell y comenzaron a alertar a los usuarios de que tendrían que buscarse otro sitio.
Ya el jueves pasado, Such se comprometió verbalmente con Giménez a prorrogar el convenio. Pero el encuentro de ayer fue el marco de la «plasmación real» de este acuerdo, según la patronal de las residencias privadas. Giménez aseguró sentirse «satisfecho» con el pacto, que, a su juicio, supone «un alivio» para las familias afectadas.
A la salida de la reunión, la consellera de Bienestar Social explicó los términos de esta prórroga del convenio y cuáles habían sido los motivos para la demora en la firma, en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Such aclaró que su gabinete estaba «a la espera de solucionar los temas que hubiera para poder llevar a cabo el instrumento jurídico oportuno que viniera a concertar septiembre». No se trataba de una cuestión de demoras en los pagos, como se sugirió en un principio, sino una cuestión burocrática.
La titular de Bienestar Social recalcó que en ningún momento han estado las plazas concertadas en peligro. «El que en un momento dado, un instrumento jurídico financiero-contable pueda tener un retraso en la confección», se justificó la consellera, «no quiere decir que no se vaya a concertar la plaza». Había que acomodar todas las cláusulas a un acuerdo que se prolongará hasta el 31 de diciembre, con lo cual se cierra el año entero, a pesar de que las prórrogas se pactaban cada tres meses.
El nuevo documento, que tras el visto bueno de Economía se refrendará la semana que viene, distribuye los 9 nueve millones entre los 1.856 afectados. Durante cuatro meses, a unos 40 euros diarios por cabeza.
Por otra parte, la misma reunión sirvió para activar una comisión mixta compuesta por Aerte y «las consellerias de Bienestar Social y Sanidad» con el fin de analizar «la mejor política de atención para los dependientes con menores grados». Garantizar la atención de estas personas, cubrir las 4.000 plazas asistenciales, fomentar los recursos y abordar la coordinación sociosanitaria serán los principales objetivos de la comisión.
Secuencia de una «inquietud»
>Aviso. Algunas residencias de la Comunidad alertan por escrito a sus usuarios de la posibilidad de que tengan que cambiar de ubicación, por los retrasos en el convenio.
>Desmentido. Bienestar Social asegura que nadie perderá su plaza, pero no aclara qué ha ocasionado la polémica
. >Acuerdo. Aerte desvela días después que Such ha garantizado verbalmente la prórroga del acuerdo de las 1.856 plazas concertadas.
>«Tranquilidad». Aerte y Bienestar Social sellan finalmente la modificación presupuestaria de 9 millones hasta el 31 de diciembre.
Fuente: El Mundo
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Such confirma la continuidad de las 1.856 plazas de dependientes
jueves 2 de septiembre de 2010
Such confirma la continuidad de las 1.856 plazas de dependientes
[Valencia] La consellera de Bienestar Social reconoce que ha habido problemas con el documento contable.
PILAR G. DEL BURGO
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, despejó ayer la incógnita que desde hace más de diez días mantenía en vilo a los familiares de 1.856 dependientes ingresados en residencias concertadas de la Comunitat Valenciana al afirmar ayer, en contra de lo que se temía, que sí habrá financiación para mantener la prestación de servicio hasta el 31 de diciembre.
"En ningún momento se ha dicho que no se fuera continuar", agregó Such, que señaló que el Consell aprobará en su reunión del viernes los 9 millones de presupuesto que se requieren para garantizar la continuidad del servicio.
Con un gesto de "no sé de qué se extrañan", la consellera destacó que la reunión con el presidente de Aerte (la patronal que agrupa al 80% de residencias) en la que se ratificó la firma del convenio se celebró "tal y como estaba prevista de hace tiempo en el calendario", olvidando así que este verano ella misma cuestionó la liquidez del Consell, que fue lo que puso en jaque al sector a mediados de agosto al no recibir con la antelación habitual el aviso para renovar la continuidad del convenio C-3.
Such agregó que el instrumento jurídico financiero que garantizará la aportación económica de la Conselleria de Bienestar Social hasta el 31 de diciembre estará listo la próxima semana.
Retraso del documento contable
La responsable de Bienestar Social quitó hierro al retraso en la elaboración de ese documento: "el que en un momento dado, un instrumento jurídico financiero-contable pueda tener un retraso en la confección no viene a decir que no se vaya a concertar la plaza".
La consellera agregó que el Consell mantendrá el concierto de plazas durante el próximo año. "Aquí hay más de 30.000 plazas de las que se conciertan el 50% y en las que se invierten 200 millones "y la voluntad es de continuar para dar cumplimiento, a pesar de no recibir la financiación oportuna (del Gobierno) porque no se financia ni el 50% de las prestaciones de dependencia ni de cada plaza, el Consell costea más del 70%".
El precio por día de cada plaza es de 60 euros.
A la pregunta de si se ampliará el convenio para garantizar la vigencia de la prestación, Such respondió: "lo trataremos según las necesidades que surjan". "Lo importante -agregó- es que la Conselleria de Bienestar Social tiene un planteamiento anual".
En cuanto a las protestas de los familiares de los 1.856 dependientes, la consellera manifestó que su departamento mantiene "el mismo criterio desde el primer día" y que quiere "trasladarles la tranquilidad" de que se mantendrá el compromiso actual.
Angélica Such informó que hay 38.000 personas beneficiarias de la Ley de la Dependencia y algo menos de 38.000 pendientes de valoración, aunque a continuación agregó que en total "hay 56.000 ciudadanos con el grado en vigor".
La consellera negó que el Consell se haya sentido presionado por las protestas de los familiares de los dependientes, que a su vez fueron agitados por los directores de las residencias.
Las dudas sobre la continuidad
Tras la firma del convenio, el presidente de Aerte, Alberto Giménez, manifestó que lo "más importante" es la renovación del concierto para atender a 1.856 personas: "No sólo lo ha manifestado la consellera sino también nos lo han confirmado desde la Conselleria de Economía".
Giménez recordó que los empresarios del sector, "teníamos alguna duda de que pudiera continuar". El portavoz de Aerte añadió que en la reunión de ayer se acordó crear un grupo de trabajo para estudiar el futuro de las 4.000 vacías, "que generarán 2.000 puestos de trabajo", mil serán de accesibilidad (concertadas al 100% que funcionan como públicas) y 3.000 de prestaciones vinculadas al servicio de la prestación de la dependencia.
Peralta recuerda los 36 millones para adaptar 11.600 plazas
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, afirmó ayer que el Ejecutivo central ha prestado "especial atención" a la cobertura de las dotaciones necesarias para el desarrollo "adecuado" de la Ley de Dependencia. Peralta se ha pronunciado en estos términos tras las declaraciones de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, que manifestó que la C. Valenciana no recibe la financiación oportuna del Gobierno central, porque no se financia al 50% las prestaciones de la Dependencia ni de cada plaza.
Peralta ha aludido a los 36 millones de inversión extraordinaria del Gobierno a través del Fondo Especial para el Estímulo de Economía y el Empleo, "para crear o adaptar más de 11.600 plazas de atención a la dependencia -en residencias, centros de día, centros de promoción de la autonomía personal y en servicios de teleasistencia-, además de los cursos de formación para cuidadores familiares".
Fuente: levante-emv
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Such confirma la continuidad de las 1.856 plazas de dependientes
[Valencia] La consellera de Bienestar Social reconoce que ha habido problemas con el documento contable.
PILAR G. DEL BURGO
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, despejó ayer la incógnita que desde hace más de diez días mantenía en vilo a los familiares de 1.856 dependientes ingresados en residencias concertadas de la Comunitat Valenciana al afirmar ayer, en contra de lo que se temía, que sí habrá financiación para mantener la prestación de servicio hasta el 31 de diciembre.
"En ningún momento se ha dicho que no se fuera continuar", agregó Such, que señaló que el Consell aprobará en su reunión del viernes los 9 millones de presupuesto que se requieren para garantizar la continuidad del servicio.
Con un gesto de "no sé de qué se extrañan", la consellera destacó que la reunión con el presidente de Aerte (la patronal que agrupa al 80% de residencias) en la que se ratificó la firma del convenio se celebró "tal y como estaba prevista de hace tiempo en el calendario", olvidando así que este verano ella misma cuestionó la liquidez del Consell, que fue lo que puso en jaque al sector a mediados de agosto al no recibir con la antelación habitual el aviso para renovar la continuidad del convenio C-3.
Such agregó que el instrumento jurídico financiero que garantizará la aportación económica de la Conselleria de Bienestar Social hasta el 31 de diciembre estará listo la próxima semana.
Retraso del documento contable
La responsable de Bienestar Social quitó hierro al retraso en la elaboración de ese documento: "el que en un momento dado, un instrumento jurídico financiero-contable pueda tener un retraso en la confección no viene a decir que no se vaya a concertar la plaza".
La consellera agregó que el Consell mantendrá el concierto de plazas durante el próximo año. "Aquí hay más de 30.000 plazas de las que se conciertan el 50% y en las que se invierten 200 millones "y la voluntad es de continuar para dar cumplimiento, a pesar de no recibir la financiación oportuna (del Gobierno) porque no se financia ni el 50% de las prestaciones de dependencia ni de cada plaza, el Consell costea más del 70%".
El precio por día de cada plaza es de 60 euros.
A la pregunta de si se ampliará el convenio para garantizar la vigencia de la prestación, Such respondió: "lo trataremos según las necesidades que surjan". "Lo importante -agregó- es que la Conselleria de Bienestar Social tiene un planteamiento anual".
En cuanto a las protestas de los familiares de los 1.856 dependientes, la consellera manifestó que su departamento mantiene "el mismo criterio desde el primer día" y que quiere "trasladarles la tranquilidad" de que se mantendrá el compromiso actual.
Angélica Such informó que hay 38.000 personas beneficiarias de la Ley de la Dependencia y algo menos de 38.000 pendientes de valoración, aunque a continuación agregó que en total "hay 56.000 ciudadanos con el grado en vigor".
La consellera negó que el Consell se haya sentido presionado por las protestas de los familiares de los dependientes, que a su vez fueron agitados por los directores de las residencias.
Las dudas sobre la continuidad
Tras la firma del convenio, el presidente de Aerte, Alberto Giménez, manifestó que lo "más importante" es la renovación del concierto para atender a 1.856 personas: "No sólo lo ha manifestado la consellera sino también nos lo han confirmado desde la Conselleria de Economía".
Giménez recordó que los empresarios del sector, "teníamos alguna duda de que pudiera continuar". El portavoz de Aerte añadió que en la reunión de ayer se acordó crear un grupo de trabajo para estudiar el futuro de las 4.000 vacías, "que generarán 2.000 puestos de trabajo", mil serán de accesibilidad (concertadas al 100% que funcionan como públicas) y 3.000 de prestaciones vinculadas al servicio de la prestación de la dependencia.
Peralta recuerda los 36 millones para adaptar 11.600 plazas
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, afirmó ayer que el Ejecutivo central ha prestado "especial atención" a la cobertura de las dotaciones necesarias para el desarrollo "adecuado" de la Ley de Dependencia. Peralta se ha pronunciado en estos términos tras las declaraciones de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, que manifestó que la C. Valenciana no recibe la financiación oportuna del Gobierno central, porque no se financia al 50% las prestaciones de la Dependencia ni de cada plaza.
Peralta ha aludido a los 36 millones de inversión extraordinaria del Gobierno a través del Fondo Especial para el Estímulo de Economía y el Empleo, "para crear o adaptar más de 11.600 plazas de atención a la dependencia -en residencias, centros de día, centros de promoción de la autonomía personal y en servicios de teleasistencia-, además de los cursos de formación para cuidadores familiares".
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
El pastel de la residencias
martes 31 de agosto de 2010
El pastel de la residencias
[Valencia] Empresarios a la greña. El reparto de las 9.000 plazas de accesibilidad social (privadas reconvertidas en públicas que se financian como tales) enzarzó los ánimos en el sector. La pugna provocó el cisma. Los que se fueron que trabajan con el bono-residencia se sintieron perjudicados. Ahora David ha lanzado su honda contra Goliat.
PILAR G. DEL BURGO
"¿Diferencias?". "Todas". Así de rotundo se pronunció Alberto Jiménez, el presidente de Aerte, la patronal de las residencias de tercera edad, al ser preguntado por el grupo de socios que liderados por el entonces secretario, Rafael Marco, protagonizó hace dos años un cisma que dio como fruto una nueva asociación de empresarios en el sector: Avasede, un pequeño David que en las últimas semanas ha alcanzado con su honda el talón de Aquiles de Goliat, al acusarle de "quitarles clientes".
La contienda tiene lugar sobre el que fue un suculento pastel y en el devenir de los últimos meses se ha reducido a una simple milhojas, eso sí, que cumple un destacado e imprescindible papel social al dar cobijo y atender a miles de mayores de la Comunitat Valenciana.
"Nosotros somos la patronal, el resto no sé ni quienes son, ¿cuantos? ¿dos, tres, cuatro?", responde Jiménez que descarta que ellos se hayan hecho con las plazas de accesibilidad y los de Avasede se hayan quedado con el extinto bono-residencia. También niega Jiménez que la diferencia de afinidades políticas entre ambas asociaciones aunque, como las meigas, "haberlas, haylas". Los grandes más próximos a la gaviota del PP y los pequeños, a la rosa socialista, no en vano, la presidenta de Aerte que antecedió a Jiménez y de cuya directiva formaba parte el posterior disidente y presidente de Avasede, Rafael Marco era socialista.
"Ellos no sé quienes son", respondía con cierto desdén el responsable de Aerte respecto a sus ex colegas, indiferente ante los guijarros lanzados por David. Detrás soplan vientos huracanados.
El cisma que propició la creación de Avasede data de las diferencias y beneficios sustanciales entre las residencias beneficiadas con las denominadas plazas de accesibilidad -9.000 privadas reconvertidas en públicas y financiadas como tales- y las que tenían asignados los antiguos bonos-residencia. Un agravio que persiste y que se gestó con un suma y sigue de trato desigual, según ha expresado Avasede.
La primera diferencia fue que a los ganadores del concurso de Accesibilidad Social se les permitió negociar su deuda con los bancos mientras que al sector disidente del bono, no se le dio esa opción.
El aire se terminó de enturbiar cuando tal y como ha relatado Avasede, al no poder cubrir las 9.000 plazas de accesibilidad del Plan Blasco -no se crearon todas las plazas- y constatar que los beneficios no eran tan pingües, los centros con plazas de accesibilidad que no las tenían llenas, empezaron a captar a beneficiarios del bono (que paga a medias el usuario y la Generalitat, aunque ésta con retrasos de más de diez meses) y además de los denominados supra asistidos, que son los que tienen la cotización más alta. Una lucha a mordiscos.
Los familiares exigen un catálogo real
La Plataforma en Defensa De la Ley de Dependencia de Valencia y Comarcas han convocado una concentración para las 19.00 horas de hoy ante el Palau de la Generalitat, para expresar la preocupación de los familiares de dependientes que ocupan plazas concertadas en los centros residenciales de la Comunitat que pueden desaparecer por posibles recortes.
La plataforma asegura que los derechos de estas personas, reconocidos en la ley, "en ningún caso deberían de verse afectados por situaciones contractuales y presupuestarias". Con esta concentración, los organizadores quieren mostrar su "indignación" ante el "oscurantismo" con el que afirman que actúa Bienestar Social y reivindican un catálogo de servicios públicos.
Por otra parte, el presidente de Aerte se reunirá el día 1 con representantes de CC OO y UGT para analizar el futuro del personal que trabaja en los centros concertados.
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
El pastel de la residencias
[Valencia] Empresarios a la greña. El reparto de las 9.000 plazas de accesibilidad social (privadas reconvertidas en públicas que se financian como tales) enzarzó los ánimos en el sector. La pugna provocó el cisma. Los que se fueron que trabajan con el bono-residencia se sintieron perjudicados. Ahora David ha lanzado su honda contra Goliat.
PILAR G. DEL BURGO
"¿Diferencias?". "Todas". Así de rotundo se pronunció Alberto Jiménez, el presidente de Aerte, la patronal de las residencias de tercera edad, al ser preguntado por el grupo de socios que liderados por el entonces secretario, Rafael Marco, protagonizó hace dos años un cisma que dio como fruto una nueva asociación de empresarios en el sector: Avasede, un pequeño David que en las últimas semanas ha alcanzado con su honda el talón de Aquiles de Goliat, al acusarle de "quitarles clientes".
La contienda tiene lugar sobre el que fue un suculento pastel y en el devenir de los últimos meses se ha reducido a una simple milhojas, eso sí, que cumple un destacado e imprescindible papel social al dar cobijo y atender a miles de mayores de la Comunitat Valenciana.
"Nosotros somos la patronal, el resto no sé ni quienes son, ¿cuantos? ¿dos, tres, cuatro?", responde Jiménez que descarta que ellos se hayan hecho con las plazas de accesibilidad y los de Avasede se hayan quedado con el extinto bono-residencia. También niega Jiménez que la diferencia de afinidades políticas entre ambas asociaciones aunque, como las meigas, "haberlas, haylas". Los grandes más próximos a la gaviota del PP y los pequeños, a la rosa socialista, no en vano, la presidenta de Aerte que antecedió a Jiménez y de cuya directiva formaba parte el posterior disidente y presidente de Avasede, Rafael Marco era socialista.
"Ellos no sé quienes son", respondía con cierto desdén el responsable de Aerte respecto a sus ex colegas, indiferente ante los guijarros lanzados por David. Detrás soplan vientos huracanados.
El cisma que propició la creación de Avasede data de las diferencias y beneficios sustanciales entre las residencias beneficiadas con las denominadas plazas de accesibilidad -9.000 privadas reconvertidas en públicas y financiadas como tales- y las que tenían asignados los antiguos bonos-residencia. Un agravio que persiste y que se gestó con un suma y sigue de trato desigual, según ha expresado Avasede.
La primera diferencia fue que a los ganadores del concurso de Accesibilidad Social se les permitió negociar su deuda con los bancos mientras que al sector disidente del bono, no se le dio esa opción.
El aire se terminó de enturbiar cuando tal y como ha relatado Avasede, al no poder cubrir las 9.000 plazas de accesibilidad del Plan Blasco -no se crearon todas las plazas- y constatar que los beneficios no eran tan pingües, los centros con plazas de accesibilidad que no las tenían llenas, empezaron a captar a beneficiarios del bono (que paga a medias el usuario y la Generalitat, aunque ésta con retrasos de más de diez meses) y además de los denominados supra asistidos, que son los que tienen la cotización más alta. Una lucha a mordiscos.
Los familiares exigen un catálogo real
La Plataforma en Defensa De la Ley de Dependencia de Valencia y Comarcas han convocado una concentración para las 19.00 horas de hoy ante el Palau de la Generalitat, para expresar la preocupación de los familiares de dependientes que ocupan plazas concertadas en los centros residenciales de la Comunitat que pueden desaparecer por posibles recortes.
La plataforma asegura que los derechos de estas personas, reconocidos en la ley, "en ningún caso deberían de verse afectados por situaciones contractuales y presupuestarias". Con esta concentración, los organizadores quieren mostrar su "indignación" ante el "oscurantismo" con el que afirman que actúa Bienestar Social y reivindican un catálogo de servicios públicos.
Por otra parte, el presidente de Aerte se reunirá el día 1 con representantes de CC OO y UGT para analizar el futuro del personal que trabaja en los centros concertados.
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
EUPV exige la construcción de residencias geriátricas públicas en la provincia
lunes 30 de agosto de 2010
EUPV exige la construcción de residencias geriátricas públicas en la provincia
[Castellón] La diputada del grupo de No Adscritos en las Corts Valencianes y miembro de EUPV Marina Albiol ha reclamado a la Conselleria de Bienestar Social la construcción de residencias geriátricas de gestión pública en la provincia de Castellón para poder cubrir toda la demanda existente.
Albiol ha destacado en un comunicado que en la provincia sólo hay dos residencias de gestión pública, una en Castellón y otra en Burriana, mientras que el resto son privadas o concertadas. "El déficit de plazas geriátricas públicas es alarmante y hay muchas familias que no pueden permitirse el lujo de pagar los 1.500 euros que cuesta una plaza en un centro privado", ha apuntado.
La parlamentaria cree que la política "de privatización del PP hace que la situación sea muy mala, prácticamente todas las residencias para ancianos ha sido privatizadas y, en estos momentos, son gestionadas por empresas privadas que, para aumentar el beneficio recortan en personal y en servicios".
Según la diputada de izquierdas, "la opción de las residencias públicas, gestionadas públicamente, directamente por la Conselleria de Bienestar Social es la mejor opción". "Se debe evitar que sean empresas privadas las que gestionen las residencias, porque el bienestar de nuestros mayores debe ser un derecho y no un negocio", ha recalcado.
Fuente: europapress
Publicado por AVaFURCeG
EUPV exige la construcción de residencias geriátricas públicas en la provincia
[Castellón] La diputada del grupo de No Adscritos en las Corts Valencianes y miembro de EUPV Marina Albiol ha reclamado a la Conselleria de Bienestar Social la construcción de residencias geriátricas de gestión pública en la provincia de Castellón para poder cubrir toda la demanda existente.
Albiol ha destacado en un comunicado que en la provincia sólo hay dos residencias de gestión pública, una en Castellón y otra en Burriana, mientras que el resto son privadas o concertadas. "El déficit de plazas geriátricas públicas es alarmante y hay muchas familias que no pueden permitirse el lujo de pagar los 1.500 euros que cuesta una plaza en un centro privado", ha apuntado.
La parlamentaria cree que la política "de privatización del PP hace que la situación sea muy mala, prácticamente todas las residencias para ancianos ha sido privatizadas y, en estos momentos, son gestionadas por empresas privadas que, para aumentar el beneficio recortan en personal y en servicios".
Según la diputada de izquierdas, "la opción de las residencias públicas, gestionadas públicamente, directamente por la Conselleria de Bienestar Social es la mejor opción". "Se debe evitar que sean empresas privadas las que gestionen las residencias, porque el bienestar de nuestros mayores debe ser un derecho y no un negocio", ha recalcado.
Fuente: europapress
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El PSPV acusa a las residencias de manipular a los usuarios
sábado 28 de agosto de 2010
El PSPV acusa a las residencias de manipular a los usuarios
[Valencia] "No entendemos cómo Bienestar Social está dejando a las residencias sembrar la alarma entre los usuarios y jugar con la gente para conseguir sus intereses".
JAIME PRATS
El diputado socialista Antonio Torres se refirió ayer de esta forma a la polvareda levantada por residencias concertadas que comunicaron a sus clientes que deberían de abandonar los centros a partir del 1 de septiembre, si la Generalitat no renovaba el contrato que subvenciona su plaza. La patronal de las residencias sostiene que actuaron de esta forma al trasladarles Bienestar Social que quizás no podrían hacer frente al próximo contrato, algo que la propia consejería tacha de "malentendido".
"La patronal debe resolver sus problemas sin manipular a los dependientes", indicó Torres. El diputado se mostró entre "contento y sorprendido" por la rápida respuesta de la consejera Angélica Such de que se mantendría la financiación de las 1.800 plazas de centros de la tercera edad supuestamente en el aire, cuando "lleva un año sin atender a las reclamaciones de los familiares y dependientes por los problemas de la ley".
Además expresó su extrañeza de que hayan sido las empresas que más se han beneficiado del impulso al concierto de plazas de la tercera edad por parte de la Generalitat en la etapa de Juan Cotino -que tenía intereses familiares en el negocio de las residencias hasta hace poco- quienes hayan alzado la voz. "Los centros que se quejan son un grupo selecto de residencias que han gozado del favor del Consell por encima de otras", apuntó.
Desvío de fondos
Torres también censuró que Bienestar Social haya desviado 6,8 millones de euros transferidos por el Estado para atender a dependientes a otros fines. Una modificación presupuestaria publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana refleja que este dinero remitido por la Administración estatal ha servido para aumentar la partida de salud mental (3,5 millones de euros) o las pensiones asistenciales (2 millones), entre otras parcelas. El diputado socialista inistió en que el retraso en la atención a los depencientes valencianos está suponiendo una pérdida de transferencias por parte del Estado que podrían ascender a finales de año a millones de euros. Y ello porque el Gobierno decidió primar a aquellas autonomías que más dependientes atiendan, entre las que no se encuentra la valenciana.
Fuente: elpais.com
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El PSPV acusa a las residencias de manipular a los usuarios
[Valencia] "No entendemos cómo Bienestar Social está dejando a las residencias sembrar la alarma entre los usuarios y jugar con la gente para conseguir sus intereses".
JAIME PRATS
El diputado socialista Antonio Torres se refirió ayer de esta forma a la polvareda levantada por residencias concertadas que comunicaron a sus clientes que deberían de abandonar los centros a partir del 1 de septiembre, si la Generalitat no renovaba el contrato que subvenciona su plaza. La patronal de las residencias sostiene que actuaron de esta forma al trasladarles Bienestar Social que quizás no podrían hacer frente al próximo contrato, algo que la propia consejería tacha de "malentendido".
"La patronal debe resolver sus problemas sin manipular a los dependientes", indicó Torres. El diputado se mostró entre "contento y sorprendido" por la rápida respuesta de la consejera Angélica Such de que se mantendría la financiación de las 1.800 plazas de centros de la tercera edad supuestamente en el aire, cuando "lleva un año sin atender a las reclamaciones de los familiares y dependientes por los problemas de la ley".
Además expresó su extrañeza de que hayan sido las empresas que más se han beneficiado del impulso al concierto de plazas de la tercera edad por parte de la Generalitat en la etapa de Juan Cotino -que tenía intereses familiares en el negocio de las residencias hasta hace poco- quienes hayan alzado la voz. "Los centros que se quejan son un grupo selecto de residencias que han gozado del favor del Consell por encima de otras", apuntó.
Desvío de fondos
Torres también censuró que Bienestar Social haya desviado 6,8 millones de euros transferidos por el Estado para atender a dependientes a otros fines. Una modificación presupuestaria publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana refleja que este dinero remitido por la Administración estatal ha servido para aumentar la partida de salud mental (3,5 millones de euros) o las pensiones asistenciales (2 millones), entre otras parcelas. El diputado socialista inistió en que el retraso en la atención a los depencientes valencianos está suponiendo una pérdida de transferencias por parte del Estado que podrían ascender a finales de año a millones de euros. Y ello porque el Gobierno decidió primar a aquellas autonomías que más dependientes atiendan, entre las que no se encuentra la valenciana.
Fuente: elpais.com
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Los centros de mayores de Castelló sólo ofertan un 10% de plazas públicas
viernes 27 de agosto de 2010
Los centros de mayores de Castelló sólo ofertan un 10% de plazas públicas
[Castellón] De las 43 residencias de la provincia, sólo en dos de ellas la titularidad y gestión corren a cargo totalmente del Consell.
Menos del 10 por ciento de las plazas ofertadas por residencias para personas mayores en la provincia de Castelló son de titularidad y gestión pública. Según datos del Portal del Mayor del Inserso, Castelló cuenta actualmente con 45 residencias para personas mayores, que ofertan unas 3.000 plazas. De estos centros, sólo dos dependen totalmente de la Conselleria de Bienestar Social y ofertan en su totalidad 265 plazas.
La Residencia de la Tercera Edad de Burriana y la Residencia para Personas Mayores Dependientes Lledó tienen capacidad para albergar a 220 y 45 personas mayores respectivamente. La gestión de las 43 residencias restantes corre a cargo de empresas privadas o mediante una fórmula mixta, es decir, la conselleria sufraga la mayor parte del importe de la estancia de personas dependientes ante el déficit de plazas totalmente públicas.
La alarma entre las familias de los 500 mayores dependientes que ocupan una plaza concertada ha saltado debido al recorte presupuestario de la conselleria, que podría suponer un tijeretazo en las subvenciones que viene otorgando a estas personas mayores dependientes, que suponía el pago del 80 por ciento de su estancia en residencias concertadas. Actualmente, las familias todavía no tienen constancia de la renovación de esta prestación, que siempre se producía en el mes de agosto.
En este sentido, la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, intentó ayer calmar los ánimos durante su visita a Benicàssim con motivo del acto de la colocación de la primera piedra de la futura residencia de ancianos. Este centro, que cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses, tiene un presupuesto de 3,6 millones de euros.
Such afirmó que no va a haber ningún tipo de recorte de presupuesto destinado a las personas mayores. La consellera contrarrestó a las críticas asegurando que en la Comunitat se van a llevar a cabo más de ochenta proyectos y se van a conseguir más de 15.000 plazas para personas dependientes.
Críticas
La secretaria general de CC.OO en Castelló, Encarna Barragán, ha indicado que, si la conselleria aplica recortes en un tema social como éste, «el problema será muy importante». Barragán ha advertido que si el Consell no otorga estas prestaciones las personas más perjudicadas serán las mujeres, «ya que son los miembros de la familia en los que suele recaer esta tarea».
Desde el sindicato alertan de la pérdida de unos 1.000 puestos de trabajo en residencias de ancianos concertadas. Según Barragán, «no pueden suprimir este gasto porque la mayoría de personas no pueden pagarse una residencia privada y en las públicas no hay cabida».
Esta denuncia es compartida por la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, quien reclamó al Consell la construcción urgentes de más residencias públicas que puedan responder a la demanda de aquellas personas que lo necesitan.
Fuente: levante-emv
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Los centros de mayores de Castelló sólo ofertan un 10% de plazas públicas
[Castellón] De las 43 residencias de la provincia, sólo en dos de ellas la titularidad y gestión corren a cargo totalmente del Consell.
Menos del 10 por ciento de las plazas ofertadas por residencias para personas mayores en la provincia de Castelló son de titularidad y gestión pública. Según datos del Portal del Mayor del Inserso, Castelló cuenta actualmente con 45 residencias para personas mayores, que ofertan unas 3.000 plazas. De estos centros, sólo dos dependen totalmente de la Conselleria de Bienestar Social y ofertan en su totalidad 265 plazas.
La Residencia de la Tercera Edad de Burriana y la Residencia para Personas Mayores Dependientes Lledó tienen capacidad para albergar a 220 y 45 personas mayores respectivamente. La gestión de las 43 residencias restantes corre a cargo de empresas privadas o mediante una fórmula mixta, es decir, la conselleria sufraga la mayor parte del importe de la estancia de personas dependientes ante el déficit de plazas totalmente públicas.
La alarma entre las familias de los 500 mayores dependientes que ocupan una plaza concertada ha saltado debido al recorte presupuestario de la conselleria, que podría suponer un tijeretazo en las subvenciones que viene otorgando a estas personas mayores dependientes, que suponía el pago del 80 por ciento de su estancia en residencias concertadas. Actualmente, las familias todavía no tienen constancia de la renovación de esta prestación, que siempre se producía en el mes de agosto.
En este sentido, la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, intentó ayer calmar los ánimos durante su visita a Benicàssim con motivo del acto de la colocación de la primera piedra de la futura residencia de ancianos. Este centro, que cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses, tiene un presupuesto de 3,6 millones de euros.
Such afirmó que no va a haber ningún tipo de recorte de presupuesto destinado a las personas mayores. La consellera contrarrestó a las críticas asegurando que en la Comunitat se van a llevar a cabo más de ochenta proyectos y se van a conseguir más de 15.000 plazas para personas dependientes.
Críticas
La secretaria general de CC.OO en Castelló, Encarna Barragán, ha indicado que, si la conselleria aplica recortes en un tema social como éste, «el problema será muy importante». Barragán ha advertido que si el Consell no otorga estas prestaciones las personas más perjudicadas serán las mujeres, «ya que son los miembros de la familia en los que suele recaer esta tarea».
Desde el sindicato alertan de la pérdida de unos 1.000 puestos de trabajo en residencias de ancianos concertadas. Según Barragán, «no pueden suprimir este gasto porque la mayoría de personas no pueden pagarse una residencia privada y en las públicas no hay cabida».
Esta denuncia es compartida por la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, quien reclamó al Consell la construcción urgentes de más residencias públicas que puedan responder a la demanda de aquellas personas que lo necesitan.
Fuente: levante-emv
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Familiares de ancianos convocan protestas tras dejar el Consell en el aire 700 plazas geriátricas
jueves 26 de agosto de 2010
Familiares de ancianos convocan protestas tras dejar el Consell en el aire 700 plazas geriátricas
[Alicante] Los sindicatos cifran en 900 los empleos directos que se perderán, 360 de ellos en la provincia de Alicante.
P. ALBEROLA/M. VILAPLANA
Asociaciones y familiares de enfermos dependientes han comenzado a movilizarse para exigir al Consell la continuidad de los contratos con las residencias geriátricas. Como publicó ayer INFORMACIÓN cerca de 700 ancianos de la provincia (1.800 en toda la Comunidad) pueden verse literalmente en la calle a partir del próximo 1 de septiembre al perder su plaza concertada que subvenciona la Generalitat Valenciana en un 80%.
Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de l'Alcoià y El Comtat ha convocado concentraciones de protesta el próximo martes, a las ocho de la tarde, en Alcoy y Cocentaina delante de los centros geriátricos gestionados por la empresa Novaire en ambos municipios. 56 ancianos de Alcoy y 40 de Cocentaina disfrutan actualmente de una plaza concertada en residencias de ambas poblaciones. En la ciudad de Alicante, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia se reunirá en los próximos días para ver qué tipo de medidas de protesta se adoptan. En este sentido, desde la Plataforma se criticó ayer "que la Conselleria haya aprovechado agosto, cuando la mayoría de la gente está de vacaciones y puede hacer poco ruido, para generar toda esta confusión". En Elche, los familiares de los ancianos afectados ya han comenzado a movilizarse con la recogida de firmas.
Por otro lado, cerca de 360 puestos de trabajo se verían directamente afectados en la provincia de Alicante si finalmente la Conselleria de Bienestar Social no renueva los contratos de concertación de plazas con las residencias geriátricas. En el conjunto de la Comunidad Valenciana serían 900 los empleos directos que se perderían, según cálculos del sindicato CC.OO. A la pérdida de empleos directos, añade CC.OO, "habría que sumar un número importante de mujeres que podrían verse obligadas a dejar sus puestos de trabajo para cuidar a sus familiares por no tener una plaza residencial". El sindicato denuncia que esta situación "es muy grave dado el contexto económico y social que se vive en la Comunidad Valenciana.
Para hoy está prevista una reunión urgente de la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad de la Comunidad Valenciana (Aerte) para analizar la situación y concretar qué medidas se toman y el próximo 2 de septiembre habrá asamblea general. En este sentido, el presidente de la organización, Alberto Giménez, aseguró ayer que seguían "sin noticias" de Bienestar Social. Mientras, otras fuentes del sector de la Comunidad mostraron ayer su indignación con lo que está ocurriendo. "Se está jugando con gente de 80 y 90 años que sufre graves dolencias y que se puede ver seriamente perjudicada por la situación. Nos sentimos chantajeados porque nuestro margen de maniobra ante los incumplimientos de la Generalitat es muy pequeño. Estamos hablando de personas dependientes de las que no nos podemos desentender". Otras fuentes del sector hicieron hincapié en "que la Generalitat recibe al mes 360.000 euros del Gobierno central por estas 1.800 plazas" y criticaron la gestión que está desarrollando Bienestar Social. La no renovación de los contratos "podría abocar al cierre de unas 50 residencias en la Comunidad", 15 de ellas en Alicante.
Por otro lado, familiares de afectados tacharon de "demagogia y maltrato" la intención de reubicar a los ancianos en centros públicos "que están completos. Quizás piensen en reubicarlos en el circuito de Fórmula Uno. Seamos serios que estamos hablando de mayores". Por otro lado, fuentes de la patronal Aerte recordaron que los contratos con las residencias están en el aire cuando éstas todavía tienen en la provincia unas 1.500 plazas vacías por el atasco de la Ley de Dependencia.
Fuente: informacion.es
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Familiares de ancianos convocan protestas tras dejar el Consell en el aire 700 plazas geriátricas
[Alicante] Los sindicatos cifran en 900 los empleos directos que se perderán, 360 de ellos en la provincia de Alicante.
P. ALBEROLA/M. VILAPLANA
Asociaciones y familiares de enfermos dependientes han comenzado a movilizarse para exigir al Consell la continuidad de los contratos con las residencias geriátricas. Como publicó ayer INFORMACIÓN cerca de 700 ancianos de la provincia (1.800 en toda la Comunidad) pueden verse literalmente en la calle a partir del próximo 1 de septiembre al perder su plaza concertada que subvenciona la Generalitat Valenciana en un 80%.
Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de l'Alcoià y El Comtat ha convocado concentraciones de protesta el próximo martes, a las ocho de la tarde, en Alcoy y Cocentaina delante de los centros geriátricos gestionados por la empresa Novaire en ambos municipios. 56 ancianos de Alcoy y 40 de Cocentaina disfrutan actualmente de una plaza concertada en residencias de ambas poblaciones. En la ciudad de Alicante, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia se reunirá en los próximos días para ver qué tipo de medidas de protesta se adoptan. En este sentido, desde la Plataforma se criticó ayer "que la Conselleria haya aprovechado agosto, cuando la mayoría de la gente está de vacaciones y puede hacer poco ruido, para generar toda esta confusión". En Elche, los familiares de los ancianos afectados ya han comenzado a movilizarse con la recogida de firmas.
Por otro lado, cerca de 360 puestos de trabajo se verían directamente afectados en la provincia de Alicante si finalmente la Conselleria de Bienestar Social no renueva los contratos de concertación de plazas con las residencias geriátricas. En el conjunto de la Comunidad Valenciana serían 900 los empleos directos que se perderían, según cálculos del sindicato CC.OO. A la pérdida de empleos directos, añade CC.OO, "habría que sumar un número importante de mujeres que podrían verse obligadas a dejar sus puestos de trabajo para cuidar a sus familiares por no tener una plaza residencial". El sindicato denuncia que esta situación "es muy grave dado el contexto económico y social que se vive en la Comunidad Valenciana.
Para hoy está prevista una reunión urgente de la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad de la Comunidad Valenciana (Aerte) para analizar la situación y concretar qué medidas se toman y el próximo 2 de septiembre habrá asamblea general. En este sentido, el presidente de la organización, Alberto Giménez, aseguró ayer que seguían "sin noticias" de Bienestar Social. Mientras, otras fuentes del sector de la Comunidad mostraron ayer su indignación con lo que está ocurriendo. "Se está jugando con gente de 80 y 90 años que sufre graves dolencias y que se puede ver seriamente perjudicada por la situación. Nos sentimos chantajeados porque nuestro margen de maniobra ante los incumplimientos de la Generalitat es muy pequeño. Estamos hablando de personas dependientes de las que no nos podemos desentender". Otras fuentes del sector hicieron hincapié en "que la Generalitat recibe al mes 360.000 euros del Gobierno central por estas 1.800 plazas" y criticaron la gestión que está desarrollando Bienestar Social. La no renovación de los contratos "podría abocar al cierre de unas 50 residencias en la Comunidad", 15 de ellas en Alicante.
Por otro lado, familiares de afectados tacharon de "demagogia y maltrato" la intención de reubicar a los ancianos en centros públicos "que están completos. Quizás piensen en reubicarlos en el circuito de Fórmula Uno. Seamos serios que estamos hablando de mayores". Por otro lado, fuentes de la patronal Aerte recordaron que los contratos con las residencias están en el aire cuando éstas todavía tienen en la provincia unas 1.500 plazas vacías por el atasco de la Ley de Dependencia.
Fuente: informacion.es
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Las residencias privadas tienen más de 2.000 plazas libres
jueves 26 de agosto de 2010
Las residencias privadas tienen más de 2.000 plazas libres
[Valencia] Las residencias reciben al mes cuatro millones de euros para financiar las ayudas a los dependientes.
FRANCISCO NAVARRO
Mientras 1.800 personas pueden ir a la calle a partir de septiembre por la falta de financiación de la Generalitat a las residencias donde se encuentras ingresados, las empresas asociadas a la patronal de residencias de la Comunitat Valenciana (Aerte) disponen de más de 2.300 plazas libres en toda la comunidad autónoma. Un número significativo teniendo en cuenta que en las residencias públicas encontrar una plaza libre es toda una odisea.
Este dato se comprende mejor si se tiene en cuenta que en el año 2008 el actual vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y por aquel entonces conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, aumentó en un 170% el número de plazas concertadas con residencias privadas. De hecho, la Conselleria de Bienestar Social ha ido aumentando el presupuesto de tal forma que la partida económica prevista a financiar las plazas en residencias privadas desde el año 2006 fue aumentando hasta cuadruplicarse en 2010.
Valencia en cabeza
Por provincias, Valencia dispone de 1.334 plazas libres, distribuidos en más de cien residencias privadas. Castellón cuenta con 367 habitaciones vacías y por otra parte, Alicante posee 665 estancias sin ocupar; todas ellas en centros privados. El impago del Consell puede dejar sólo en la provincia de Valencia a más de 600 dependientes en la calle ingresados todos ellos en residencias privadas en régimen concertado. En Alicante el número de afectados se eleva hasta 700, un 40% del total de las plazas de la Comunitat Valenciana y en Castellón se estima que pueden ser más de 500 las personas mayores dependientes que perderán su plaza el uno de septiembre cuando la Conselleria de Bienestar Social no renueve el pago de las plazas concertadas.
Reunión de la patronal
Ante esta tesitura, la patronal de residencias ha convocado para hoy una reunión de su junta directiva de manera urgente para analizar el problema y decidir las medidas que tomarán. Para Aerte todo este problema de financiación se debe a una disputa entre el gobierno central y el valenciano por ver quien debe financiar las plazas, un conflicto "del que sólo salen perdiendo los dependientes". Desde Aerte sostienen que es el Consell quien debe asumir las competencias y "no dejar de lado a las personas que más necesitan del apoyo institucional".
La entidad ve con preocupación la más que posible supresión de las ayudas ya que la mayoría de los familiares de los residentes no se podrían permitir abonar el coste completo de una residencia privada que puede ascender a 2.000 euros mensuales. La organización ve con temor el recorte de las ayudas, porque el volumen de las subvenciones que reciben del Consell asciende a cuatro millones de euros mensuales. Una cantidad de la que difícilmente pueda prescindir la patronal y que pueda ser cubierta por las familias de los dependientes.
Negativa de la consellera
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, niega que "se vayan a eliminar las ayudas a los dependientes" y alega que "todos se trata de un mero trámite administrativo". Pese a esta negativa, la consellera tiene prevista una reunión con la patronal.
Los familiares ratifican la manifestación para el martes en Valencia
Los parientes de los dependientes de Alaquàs que asistieron ayer a la reunión que mantuvieron con las alcaldesas de Alaquàs y de Aldaia decidieron formar una plataforma con el fin de defender el derecho de sus progenitores de seguir manteniendo su plaza en la residencia de L'Albereda.
Pese a la oposición inicial de algunos familiares a "armar revuelo", se han puesto de acuerdo y han confirmado que el martes 31 de agosto se manifestarán en la plaza de Manises con el lema "de la residencia en la calle", para llamar la atención del Consell y aseguraron que "trataremos de movilizar al mayor número de gente posible porque no hay derecho a lo que quieren hacer con nuestros mayores". "Lo peor es la desinformación a la que estamos sometidos", relató un familiar, "nos tenemos que enterar de lo que va pasando por la prensa", agregó otro. De todas formas, los parientes esperan "que todo esto sea una pesadilla, que nos levantemos mañana y leamos que todo va perfecto".
A las protestas se sumó la plataforma de defensa de la ley de dependencia, que va a prestar en adelante su apoyo a los familiares para preparar las concentraciones que se puedan suceder y aportar su experiencia.
CC.OO califica la situación de "muy grave" y alerta de la afección al empleo
El sindicato CC.OO PV denunció ayer que la supresión de 1.800 plazas de personas dependientes ingresadas en residencias para mayores por la no renovación por parte del Consell del concierto de plazas de accesibilidad social, afectará a 900 puestos de trabajo de atención directa.
La organización sindical incidió en que las principales damnificadas por esta medida serán las mujeres, en su mayoría enfermeras y auxiliares, que son las que garantizan una atención de calidad a los usuarios.
Según los datos de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO PV, con estos recortes también se verán afectadas un número importante de mujeres que podrían verse obligadas a dejar sus puestos de trabajo para cuidar a sus familiares por no tener una plaza residencial.
A estas personas a las que se les suprime la plaza, se suman las 2.000 personas que ya tienen reconocido el grado y nivel y que están en espera de adjudicación de una plaza, resaltaron desde CC.OO.
El sindicato denunció que esta situación es "muy grave" dado el contexto económico y social de la Comunitat, con uno de los índices de paro más altos, con un nivel de pensión inferior a la media estatal y a la cola del Estado en cuanto a grado de aplicación de la Ley de Dependencia.
Aún siendo conscientes de que los recursos son limitados, la central sindical señaló que las personas, las prestaciones sociales y el empleo "deben ser una prioridad indiscutible", por lo que se oponen a cualquier medida en detrimento de los derechos subjetivos y las que supongan la desaparición de puestos de trabajo.
CC.OO advirtió que no descarta tomar otro tipo de medidas más contundentes.
Noticia relacionada:
La secretaria de Bienestar Social del PSPV de la provincia de Valencia, Teresa Prieto, aseguró ayer que el Consell ha retirado las ayudas a las residencias de la tercera edad una vez que la empresa Sedesa, propiedad de la familia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, vendiera el pasado mes de junio sus participaciones en centros geriátricos.
Prieto afirmó en un comunicado que el Consell "ha esperado" a esta venta "para retirar las ayudas" a los centros para ancianos y grandes dependientes de la provincia e indicó que esa firma "gestionaba unas 30 residencias de la tercera edad en la Comunitat Valenciana por adjudicación de la Conselleria de Bienestar Social, dirigida hasta agosto de 2009 por Juan Cotino". "Los Cotino vendieron en junio pasado la empresa, y sólo unos días después, la Conselleria comunicó a los empresarios de las residencias que no tenía dinero para seguir pagando el coste de las plazas concertadas", añadió Prieto.
La dirigente socialista consideró "llamativo e indignante" esta situación y aseguró que, "si esta coincidencia no es casual, el Consell estará demostrando que los ancianos sólo le interesan como fuente de ingresos para sus amigos y familiares".
Piden que Such comparezca
El diputado del grupo socialista en Les Corts, Antonio Torres, exigió ayer la comparecencia urgente de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, para que explique los motivos por los que el Gobierno valenciano ha suprimido 1.800 plazas concertadas de personas dependientes en residencias.
En un comunicado, el socialista pidió a la consellera que "dé la cara" y explique las razones por las que el Consell no ha garantizado el pago de su plaza residencial a cerca de 2.000 dependientes valencianos.
"Vamos a exigir explicaciones sobre la política general que trata de llevar a cabo el Consell en relación con la asignación y pago de las plazas residenciales", aseguró.
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
Las residencias privadas tienen más de 2.000 plazas libres
[Valencia] Las residencias reciben al mes cuatro millones de euros para financiar las ayudas a los dependientes.
FRANCISCO NAVARRO
Mientras 1.800 personas pueden ir a la calle a partir de septiembre por la falta de financiación de la Generalitat a las residencias donde se encuentras ingresados, las empresas asociadas a la patronal de residencias de la Comunitat Valenciana (Aerte) disponen de más de 2.300 plazas libres en toda la comunidad autónoma. Un número significativo teniendo en cuenta que en las residencias públicas encontrar una plaza libre es toda una odisea.
Este dato se comprende mejor si se tiene en cuenta que en el año 2008 el actual vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y por aquel entonces conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, aumentó en un 170% el número de plazas concertadas con residencias privadas. De hecho, la Conselleria de Bienestar Social ha ido aumentando el presupuesto de tal forma que la partida económica prevista a financiar las plazas en residencias privadas desde el año 2006 fue aumentando hasta cuadruplicarse en 2010.
Valencia en cabeza
Por provincias, Valencia dispone de 1.334 plazas libres, distribuidos en más de cien residencias privadas. Castellón cuenta con 367 habitaciones vacías y por otra parte, Alicante posee 665 estancias sin ocupar; todas ellas en centros privados. El impago del Consell puede dejar sólo en la provincia de Valencia a más de 600 dependientes en la calle ingresados todos ellos en residencias privadas en régimen concertado. En Alicante el número de afectados se eleva hasta 700, un 40% del total de las plazas de la Comunitat Valenciana y en Castellón se estima que pueden ser más de 500 las personas mayores dependientes que perderán su plaza el uno de septiembre cuando la Conselleria de Bienestar Social no renueve el pago de las plazas concertadas.
Reunión de la patronal
Ante esta tesitura, la patronal de residencias ha convocado para hoy una reunión de su junta directiva de manera urgente para analizar el problema y decidir las medidas que tomarán. Para Aerte todo este problema de financiación se debe a una disputa entre el gobierno central y el valenciano por ver quien debe financiar las plazas, un conflicto "del que sólo salen perdiendo los dependientes". Desde Aerte sostienen que es el Consell quien debe asumir las competencias y "no dejar de lado a las personas que más necesitan del apoyo institucional".
La entidad ve con preocupación la más que posible supresión de las ayudas ya que la mayoría de los familiares de los residentes no se podrían permitir abonar el coste completo de una residencia privada que puede ascender a 2.000 euros mensuales. La organización ve con temor el recorte de las ayudas, porque el volumen de las subvenciones que reciben del Consell asciende a cuatro millones de euros mensuales. Una cantidad de la que difícilmente pueda prescindir la patronal y que pueda ser cubierta por las familias de los dependientes.
Negativa de la consellera
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, niega que "se vayan a eliminar las ayudas a los dependientes" y alega que "todos se trata de un mero trámite administrativo". Pese a esta negativa, la consellera tiene prevista una reunión con la patronal.
Los familiares ratifican la manifestación para el martes en Valencia
Los parientes de los dependientes de Alaquàs que asistieron ayer a la reunión que mantuvieron con las alcaldesas de Alaquàs y de Aldaia decidieron formar una plataforma con el fin de defender el derecho de sus progenitores de seguir manteniendo su plaza en la residencia de L'Albereda.
Pese a la oposición inicial de algunos familiares a "armar revuelo", se han puesto de acuerdo y han confirmado que el martes 31 de agosto se manifestarán en la plaza de Manises con el lema "de la residencia en la calle", para llamar la atención del Consell y aseguraron que "trataremos de movilizar al mayor número de gente posible porque no hay derecho a lo que quieren hacer con nuestros mayores". "Lo peor es la desinformación a la que estamos sometidos", relató un familiar, "nos tenemos que enterar de lo que va pasando por la prensa", agregó otro. De todas formas, los parientes esperan "que todo esto sea una pesadilla, que nos levantemos mañana y leamos que todo va perfecto".
A las protestas se sumó la plataforma de defensa de la ley de dependencia, que va a prestar en adelante su apoyo a los familiares para preparar las concentraciones que se puedan suceder y aportar su experiencia.
CC.OO califica la situación de "muy grave" y alerta de la afección al empleo
El sindicato CC.OO PV denunció ayer que la supresión de 1.800 plazas de personas dependientes ingresadas en residencias para mayores por la no renovación por parte del Consell del concierto de plazas de accesibilidad social, afectará a 900 puestos de trabajo de atención directa.
La organización sindical incidió en que las principales damnificadas por esta medida serán las mujeres, en su mayoría enfermeras y auxiliares, que son las que garantizan una atención de calidad a los usuarios.
Según los datos de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO PV, con estos recortes también se verán afectadas un número importante de mujeres que podrían verse obligadas a dejar sus puestos de trabajo para cuidar a sus familiares por no tener una plaza residencial.
A estas personas a las que se les suprime la plaza, se suman las 2.000 personas que ya tienen reconocido el grado y nivel y que están en espera de adjudicación de una plaza, resaltaron desde CC.OO.
El sindicato denunció que esta situación es "muy grave" dado el contexto económico y social de la Comunitat, con uno de los índices de paro más altos, con un nivel de pensión inferior a la media estatal y a la cola del Estado en cuanto a grado de aplicación de la Ley de Dependencia.
Aún siendo conscientes de que los recursos son limitados, la central sindical señaló que las personas, las prestaciones sociales y el empleo "deben ser una prioridad indiscutible", por lo que se oponen a cualquier medida en detrimento de los derechos subjetivos y las que supongan la desaparición de puestos de trabajo.
CC.OO advirtió que no descarta tomar otro tipo de medidas más contundentes.
Noticia relacionada:
El PSPV asegura que el Consell retira la financiación tras vender la familia Cotino su negocio
La secretaria de Bienestar Social del PSPV de la provincia de Valencia, Teresa Prieto, aseguró ayer que el Consell ha retirado las ayudas a las residencias de la tercera edad una vez que la empresa Sedesa, propiedad de la familia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, vendiera el pasado mes de junio sus participaciones en centros geriátricos.
Prieto afirmó en un comunicado que el Consell "ha esperado" a esta venta "para retirar las ayudas" a los centros para ancianos y grandes dependientes de la provincia e indicó que esa firma "gestionaba unas 30 residencias de la tercera edad en la Comunitat Valenciana por adjudicación de la Conselleria de Bienestar Social, dirigida hasta agosto de 2009 por Juan Cotino". "Los Cotino vendieron en junio pasado la empresa, y sólo unos días después, la Conselleria comunicó a los empresarios de las residencias que no tenía dinero para seguir pagando el coste de las plazas concertadas", añadió Prieto.
La dirigente socialista consideró "llamativo e indignante" esta situación y aseguró que, "si esta coincidencia no es casual, el Consell estará demostrando que los ancianos sólo le interesan como fuente de ingresos para sus amigos y familiares".
Piden que Such comparezca
El diputado del grupo socialista en Les Corts, Antonio Torres, exigió ayer la comparecencia urgente de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, para que explique los motivos por los que el Gobierno valenciano ha suprimido 1.800 plazas concertadas de personas dependientes en residencias.
En un comunicado, el socialista pidió a la consellera que "dé la cara" y explique las razones por las que el Consell no ha garantizado el pago de su plaza residencial a cerca de 2.000 dependientes valencianos.
"Vamos a exigir explicaciones sobre la política general que trata de llevar a cabo el Consell en relación con la asignación y pago de las plazas residenciales", aseguró.
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
La patronal acusa al Consell de improvisar y no dar preferencia a la política social
miércoles 25 de agosto de 2010
La patronal acusa al Consell de improvisar y no dar preferencia a la política social
[Valencia] Bienestar Social informó en junio a las residencias que "por motivos presupuestarios" no renovaría los contratos de concertación de plazas, en vigor desde 2008 - Los centros avisan que con la medida "desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la C. Valenciana".
FRANCISCO NAVARRO
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) dio ayer un puñetazo sobre la mesa al anunciar una reunión con sus asociados para este jueves donde «estudiaremos qué medidas tomaremos» para estudiar las consecuencias de la supresión de subvenciones de la Ley de Dependencia por parte del Consell.
El presidente de Aerte, Alberto Giménez, acusó a la Conselleria de Bienestar Social de «improvisar continuamente» en un campo «que admite pocas bromas». La preocupación es «grave» porque son «mil puestos de trabajo, que pueden desaparecer de un día para otro», explicó. Para el presidente de la patronal, el ejecutivo valenciano «se ha quitado la careta» porque «cada gobierno se define por sus acciones y éste demuestra que otros asuntos como los grandes eventos tienen preferencia sobre la cuestión social». Alberto Giménez tampoco quiso olvidarse de los familiares afectados y aseguró que los comprende porque «hablamos de la salud de la gente y con eso no se juega». De todas formas, el presidente de la patronal señaló tener «la confianza de que esto se solucione, porque no podemos admitir que no exista una solución».
Críticas unánimes
Desde la Asociación Empresarial de Servicios a la Dependencia (Avasede), también se sumaron a los reproches por la polémica medida y censuraron la política a seguir por el Consell que calificaron de «desastre» y que «no es cosa solamente de este año, si no que siempre es igual de calamitosa, solo que ésta es la gota que colma el vaso». El dirigente de Avasede, Rafa Marco, aseguró que lo peor tanto para familiares como empresarios es la «incertidumbre» con la que viven ya que «no tenemos nada claro aún y no podemos asegurar que sea una situación definitiva». Para Rafa Marco, la situación actual se debe «a los excesos que se permitieron y ahora con las vacas flacas no salen las cuentas».
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, compareció ayer por primera públilcamente desde que se desvelara el asunto y afirmó que la Generalitat no tiene «ninguna voluntad de reducir las plazas concertadas» para personas dependientes que mantiene «ahora mismo», y aseguró que se abona «el concierto de las plazas dentro de la normalidad absoluta».
Preguntada por una reunión de familiares de personas dependientes que viven en la residencia l'Albereda de Alaquàs con la alcaldesa de este municipio, ante la posibilidad de que pierdan su plaza como adelantó Levante-EMV, Such resaltó que no tiene conocimiento de que «ninguna persona se haya quedado sin su plaza por ningún problema que haya ocurrido en este mes de agosto». En ese mismo sentido, la portavoz adjunta del PP en las Corts Marisol Linares aseguró que nadie «se va a quedar sin residencia» ni «en la calle» porque «todas las personas serán reubicadas» en otros centros.
Críticas socialistas
Por su parte, la portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Carmen Ninet, denunció que el «mayor pecado político» que el president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, llevará sobre su conciencia será «haber dejado en la calle a 1.800 dependientes». Ninet apuntó que «la tan cacareada moral del jefe del Consell se contradice con la crueldad de sus acciones».
Noticia relacionada:
Los familiares de los internos planean una marcha para el martes
De la misma manera que el lunes los familiares de una residencia de Alaquàs se enteraron por la propia organización de la eliminación de las ayudas de la Generalitat, ayer los parientes de ingresados en un centro de Catarroja conocieron en una reunión convocada por la entidad de la imposibilidad de seguir manteniendo a sus progenitores en la residencia.
Los asistentes se mostraron «indignados» por la desinformación por parte de la Conselleria, ya que según informó el personal de la residencia, «tenía que haber avisado por lo menos un mes antes, pero no han hecho más que darnos largas». Por ello, los propios familiares han optado por convocar una reunión el lunes, donde decidirán las medidas a tomar para evitar el desalojo de sus padres del centro. Una de las opciones que mayor cuerpo va tomando es convocar una manifestación en Valencia con todos los familiares afectados en la Comunitat Valenciana por esta medida, que en conjunto suman más de 1.800. «Hemos hablado con el propietario del centro y le hemos solicitado que en la reunión que mantenga la patronal el jueves comunique la decisión al resto de residencias para poder acudir todos juntos a Valencia a protestar por esta injusticia».
Desde el propio centro también manifestaron su apoyo a los afectados y les facilitaron una hoja de firmas para darles su autorización a representar al conjunto de familiares ante la patronal. Una medida que a pesar de lo favorable que pueda resultar para sus intereses, levantó ciertas ampollas entre los asistentes a la reunión, porque durante la recogida de firmas, el centro aseguró que sólo podía firmar una persona por familia y que no podían llevarse una hoja para poder hacer copias. «Es un poco extraño que no dejen que captemos el mayor número de firmas posibles, porque así conseguiríamos hacer más fuerza de cara al Consell», explicó un familiar.
Los familiares también echaron en falta representación municipal o algún tipo de apoyo por parte del consistorio. «El ayuntamiento no hace más que dar largas cuando le pedimos su ayuda para resolver este tema que preocupa a todo el pueblo», se quejaba un familiar. Sí estuvo presente el portavoz del PSPV en el ayuntamiento para darles su respaldo.
Las cartas llegan a Alicante
Mientras tanto, en Alicante también han comenzado a recibirse las notificaciones de la Conselleria. Se calcula que en esa provincia pueden residir unos 700 de los 1.800 afectados que se cuentan en el conjunto de la Comunitat Valenciana.
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
La patronal acusa al Consell de improvisar y no dar preferencia a la política social
[Valencia] Bienestar Social informó en junio a las residencias que "por motivos presupuestarios" no renovaría los contratos de concertación de plazas, en vigor desde 2008 - Los centros avisan que con la medida "desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la C. Valenciana".
FRANCISCO NAVARRO
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) dio ayer un puñetazo sobre la mesa al anunciar una reunión con sus asociados para este jueves donde «estudiaremos qué medidas tomaremos» para estudiar las consecuencias de la supresión de subvenciones de la Ley de Dependencia por parte del Consell.
El presidente de Aerte, Alberto Giménez, acusó a la Conselleria de Bienestar Social de «improvisar continuamente» en un campo «que admite pocas bromas». La preocupación es «grave» porque son «mil puestos de trabajo, que pueden desaparecer de un día para otro», explicó. Para el presidente de la patronal, el ejecutivo valenciano «se ha quitado la careta» porque «cada gobierno se define por sus acciones y éste demuestra que otros asuntos como los grandes eventos tienen preferencia sobre la cuestión social». Alberto Giménez tampoco quiso olvidarse de los familiares afectados y aseguró que los comprende porque «hablamos de la salud de la gente y con eso no se juega». De todas formas, el presidente de la patronal señaló tener «la confianza de que esto se solucione, porque no podemos admitir que no exista una solución».
Críticas unánimes
Desde la Asociación Empresarial de Servicios a la Dependencia (Avasede), también se sumaron a los reproches por la polémica medida y censuraron la política a seguir por el Consell que calificaron de «desastre» y que «no es cosa solamente de este año, si no que siempre es igual de calamitosa, solo que ésta es la gota que colma el vaso». El dirigente de Avasede, Rafa Marco, aseguró que lo peor tanto para familiares como empresarios es la «incertidumbre» con la que viven ya que «no tenemos nada claro aún y no podemos asegurar que sea una situación definitiva». Para Rafa Marco, la situación actual se debe «a los excesos que se permitieron y ahora con las vacas flacas no salen las cuentas».
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, compareció ayer por primera públilcamente desde que se desvelara el asunto y afirmó que la Generalitat no tiene «ninguna voluntad de reducir las plazas concertadas» para personas dependientes que mantiene «ahora mismo», y aseguró que se abona «el concierto de las plazas dentro de la normalidad absoluta».
Preguntada por una reunión de familiares de personas dependientes que viven en la residencia l'Albereda de Alaquàs con la alcaldesa de este municipio, ante la posibilidad de que pierdan su plaza como adelantó Levante-EMV, Such resaltó que no tiene conocimiento de que «ninguna persona se haya quedado sin su plaza por ningún problema que haya ocurrido en este mes de agosto». En ese mismo sentido, la portavoz adjunta del PP en las Corts Marisol Linares aseguró que nadie «se va a quedar sin residencia» ni «en la calle» porque «todas las personas serán reubicadas» en otros centros.
Críticas socialistas
Por su parte, la portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Carmen Ninet, denunció que el «mayor pecado político» que el president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, llevará sobre su conciencia será «haber dejado en la calle a 1.800 dependientes». Ninet apuntó que «la tan cacareada moral del jefe del Consell se contradice con la crueldad de sus acciones».
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De la misma manera que el lunes los familiares de una residencia de Alaquàs se enteraron por la propia organización de la eliminación de las ayudas de la Generalitat, ayer los parientes de ingresados en un centro de Catarroja conocieron en una reunión convocada por la entidad de la imposibilidad de seguir manteniendo a sus progenitores en la residencia.
Los asistentes se mostraron «indignados» por la desinformación por parte de la Conselleria, ya que según informó el personal de la residencia, «tenía que haber avisado por lo menos un mes antes, pero no han hecho más que darnos largas». Por ello, los propios familiares han optado por convocar una reunión el lunes, donde decidirán las medidas a tomar para evitar el desalojo de sus padres del centro. Una de las opciones que mayor cuerpo va tomando es convocar una manifestación en Valencia con todos los familiares afectados en la Comunitat Valenciana por esta medida, que en conjunto suman más de 1.800. «Hemos hablado con el propietario del centro y le hemos solicitado que en la reunión que mantenga la patronal el jueves comunique la decisión al resto de residencias para poder acudir todos juntos a Valencia a protestar por esta injusticia».
Desde el propio centro también manifestaron su apoyo a los afectados y les facilitaron una hoja de firmas para darles su autorización a representar al conjunto de familiares ante la patronal. Una medida que a pesar de lo favorable que pueda resultar para sus intereses, levantó ciertas ampollas entre los asistentes a la reunión, porque durante la recogida de firmas, el centro aseguró que sólo podía firmar una persona por familia y que no podían llevarse una hoja para poder hacer copias. «Es un poco extraño que no dejen que captemos el mayor número de firmas posibles, porque así conseguiríamos hacer más fuerza de cara al Consell», explicó un familiar.
Los familiares también echaron en falta representación municipal o algún tipo de apoyo por parte del consistorio. «El ayuntamiento no hace más que dar largas cuando le pedimos su ayuda para resolver este tema que preocupa a todo el pueblo», se quejaba un familiar. Sí estuvo presente el portavoz del PSPV en el ayuntamiento para darles su respaldo.
Las cartas llegan a Alicante
Mientras tanto, en Alicante también han comenzado a recibirse las notificaciones de la Conselleria. Se calcula que en esa provincia pueden residir unos 700 de los 1.800 afectados que se cuentan en el conjunto de la Comunitat Valenciana.
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
El Consell adeuda doce millones a las residencias con plazas concertadas
domingo 22 de agosto de 2010
El Consell adeuda doce millones a las residencias con plazas concertadas
[Valencia] La patronal afirma que han cerrado ya 15 centros por la aplicación "incorrecta" por parte de la Generalitat de las ayudas a los dependientes.
El Consell adeuda a las empresas con plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social, dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social aproximadamente 12 millones de euros de las prestaciones que la Administración paga por las personas dependientes reconocidas por la Ley de Dependencia. Esa es la respuesta que están dando las residencias a los familiares que les preguntan sobre la aplicación de la norma. Como publicaba ayer Levante-EMV, estos centros han advertido a las familias de que 1.800 ancianos se pueden ver en la calle por los impagos del Consell, el cual alega "motivos presupuestarios" para no renovar los contratos de concertación en vigor desde 2008.
Así, a esta situación se añade que las nueve empresas que forman parte de esta iniciativa siguen sin cobrar el mes de diciembre que asciende aproximadamente a 4 millones de euros, el mismo importe que la conselleria debe pagar por junio y julio. Además las residencias han remitido diferente escritos a la Administración sin lograr una respuesta para instar a que se renueven los contratos y otros requerimientos por la no ocupación de las camas en los centros que para este programa se construyeron.
Recogida de firmas
Las residencias afectadas, según ha podido saber este diario, van a realizar una recogida de firmas de los familiares que esta semana entrante se presentarán a la Conselleria de de Bienestar Social para exigir que las plazas se mantengan.
Por otro lado, desde la Asociación Residencias Tercera Edad (Aerte) explicaron ayer que debido a que el Consell "no aplica correctamente " la ley de dependencia, en menos de dos años han cerrado 15 residencias que ofrecen los servicios que contempla la ley, y se han perdido unas 1.000 camas y 500 puestos de trabajo. Asimismo, debido a la situación de aquellas residencias que ofrecen las plazas de accesibilidad social, van a solicitar una reunión urgente con la Administración valenciana para abordar el problema, así como otro encuentro con las entidades afectadas. El 2 de septiembre tendrá lugar una asamblea del sector en la que se abordará el asunto en cuestión.
Sanz critica las "prioridades" del PP
La coordinadora de EUPV y diputada autonómica del grupo de No Adscritos en las Corts Valencianas, Marga Sanz, aseguró ayer que el presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, "ha hundido a la Generalitat en un pozo de deudas para dar negocios a sus amigos" y consideró que son "las personas más vulnerables las que están pagando la nefasta gestión económica" del Consell. Así la responsable de EUPV señaló en un comunicado, en relación a la información que este diario publicó ayer sobre los recortes presupuestarios en residencias, que el PP "no tiene entre sus prioridades las necesidades de la gente ni en el terreno de la atención personal ni en el social que, en plena crisis, son más agudas".
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
El Consell adeuda doce millones a las residencias con plazas concertadas
[Valencia] La patronal afirma que han cerrado ya 15 centros por la aplicación "incorrecta" por parte de la Generalitat de las ayudas a los dependientes.
El Consell adeuda a las empresas con plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social, dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social aproximadamente 12 millones de euros de las prestaciones que la Administración paga por las personas dependientes reconocidas por la Ley de Dependencia. Esa es la respuesta que están dando las residencias a los familiares que les preguntan sobre la aplicación de la norma. Como publicaba ayer Levante-EMV, estos centros han advertido a las familias de que 1.800 ancianos se pueden ver en la calle por los impagos del Consell, el cual alega "motivos presupuestarios" para no renovar los contratos de concertación en vigor desde 2008.
Así, a esta situación se añade que las nueve empresas que forman parte de esta iniciativa siguen sin cobrar el mes de diciembre que asciende aproximadamente a 4 millones de euros, el mismo importe que la conselleria debe pagar por junio y julio. Además las residencias han remitido diferente escritos a la Administración sin lograr una respuesta para instar a que se renueven los contratos y otros requerimientos por la no ocupación de las camas en los centros que para este programa se construyeron.
Recogida de firmas
Las residencias afectadas, según ha podido saber este diario, van a realizar una recogida de firmas de los familiares que esta semana entrante se presentarán a la Conselleria de de Bienestar Social para exigir que las plazas se mantengan.
Por otro lado, desde la Asociación Residencias Tercera Edad (Aerte) explicaron ayer que debido a que el Consell "no aplica correctamente " la ley de dependencia, en menos de dos años han cerrado 15 residencias que ofrecen los servicios que contempla la ley, y se han perdido unas 1.000 camas y 500 puestos de trabajo. Asimismo, debido a la situación de aquellas residencias que ofrecen las plazas de accesibilidad social, van a solicitar una reunión urgente con la Administración valenciana para abordar el problema, así como otro encuentro con las entidades afectadas. El 2 de septiembre tendrá lugar una asamblea del sector en la que se abordará el asunto en cuestión.
Sanz critica las "prioridades" del PP
La coordinadora de EUPV y diputada autonómica del grupo de No Adscritos en las Corts Valencianas, Marga Sanz, aseguró ayer que el presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, "ha hundido a la Generalitat en un pozo de deudas para dar negocios a sus amigos" y consideró que son "las personas más vulnerables las que están pagando la nefasta gestión económica" del Consell. Así la responsable de EUPV señaló en un comunicado, en relación a la información que este diario publicó ayer sobre los recortes presupuestarios en residencias, que el PP "no tiene entre sus prioridades las necesidades de la gente ni en el terreno de la atención personal ni en el social que, en plena crisis, son más agudas".
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
Las residencias advierten a 1.800 ancianos que pueden ir a la calle por los impagos del Consell
sábado 21 de agosto de 2010
Las residencias advierten a 1.800 ancianos que pueden ir a la calle por los impagos del Consell
[Valencia] Bienestar Social informó en junio a las residencias que "por motivos presupuestarios" no renovaría los contratos de concertación de plazas, en vigor desde 2008 - Los centros avisan que con la medida "desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la C. Valenciana".
LAURA BALLESTER
Las familias de 1.800 mayores dependientes de la Comunitat Valenciana atendidos en residencias han recibido una inquietante carta en la que los centros les comunican que sus seres queridos pueden verse literalmente en la calle. "Se trata de una situación muy grave que se puede producir con la plaza concertada de la que disfruta usted o su familiar en uno de nuestros centros a partir del próximo 1 de septiembre", asegura la carta recibida por una vecina de la Marina que tiene a su madre ingresada en una residencia.
Los responsables del centro explican en la misiva que "el secretario autonómico de autonomía personal y dependencia", Joaquín Martínez Gómez, "mantuvo en junio una reunión con las empresas con plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social, dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social". En este encuentro, el responsable autonómico comunicó la posibilidad de que, por motivos presupuestarios, no se renueven a partir del 31 de agosto los contratos de concertación de plazas, en vigor desde el año 2008".
Esta decisión podría afectar a 1.800 beneficiarios a quienes la administración paga, de media, un 80% del coste de la residencia. "Los centros se quedarían sin recursos económicos" para prestar los servicios, salvo que "cobren el precio privado de la plaza" a los familiares, "un precio que no podrán abonar con casi total seguridad". "Si los contratos con la administración "no se renuevan, significaría la desaparición efectiva de las 1.800 plazas concertadas" y, para las empresas que dan el servicio "la imposibilidad de seguir ofreciendo este servicio con las condiciones actuales de estabilidad y precio".
Además, advierten las residencias, "con las 1.800 plazas desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana y suspenderían pagos algunas de las empresas que actualmente conciertan servicios con la Generalitat".
El Plan de Accesibilidad Social se puso en marcha en 2001 para conceder ayudas a la financiación de la estancia en centros residenciales a las personas con recursos económicos insuficientes. Dentro de esta planificación se distinguen las plazas privadas, el bono residencia y las plazas de accesibilidad social que se consideran como una especie de cupo de las plazas públicas que deben tener todas las residencias aunque sean privadas. En 2005 existían 1.118 plazas de accesibilidad social frente a 6.056 de bono residencia.
Este periódico intentó ayer obtener la versión de la Conselleria de Bienestar Social sobre el futuro de las plazas de accesibilidad social, sin éxito pese a haberlo intentado en tres ocasiones porque, alegaron, "la mayoría del personal está de vacaciones".
Noticia relacionada:
Cuatro escritos y la callada por respuesta
Las residencias con plazas de accesibilidad concertadas no han estado quietas desde la reunión de junio con el secretario autonómico de autonomía personal y autonomía. El 16 de julio las empresas del Plan de Accesibilidad social remitieron un escrito a la Conselleria de Bienestar en el que "denunciábamos la situación y reclamábamos que se proceda a la renovación de los contratos".
Durante la primera quincena de agosto, algunas empresas afectadas enviaron un nuevo requerimiento a la subsecretaria de la conselleria en el que reiteraban "las consecuencias negativas de la no renovación de los contratos" porque "existe la posibilidad real de que no podamos seguir prestando el servicio en caso de no renovación". Si este es el caso requerían que se les "confirmara la decisión final de la conselleria para poder tomar a tiempo las medidas operativas y legales pertinentes".
La patronal del sector, Aerte, también tomó cartas en el asunto y remitió otro escrito a la subsecretaria del departamento que dirige Angélica Such, "instándole a una reunión urgente en la que se informe a las empresas de la decisión de la Conselleria y de la situación en la que quedarán las plazas afectadas".
Silencio administrativo
Por último, las empresas han enviado un cuarto escrito en agosto en el que requieren la confirmación de que "el silencio a los escritos presentados supone confirmación expresa de la no renovación de los contratos a los efectos de poder comunicar a los usuarios afectados los efectos" de la decisión de la Conselleria de Bienestar Social. Ninguna de estas misivas han obtenido respuesta. "A fecha de hoy no hemos recibido respuesta a ninguno de estos escritos, no se ha desmentido la información del secretario autonómico de junio ni se nos ha convocado para firmar un nuevo contrato". Ante esta tesitura, las residencias instan a las familias a "pedir directamente a la Conselleria de Bienestar Social que se renueve el contrato de concierto de su plaza". Legalmente podrían exigir a los usuarios de las residencias el pago de la totalidad del precio de la plaza, "pero es la última medida a la que queremos llegar".
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
Las residencias advierten a 1.800 ancianos que pueden ir a la calle por los impagos del Consell
[Valencia] Bienestar Social informó en junio a las residencias que "por motivos presupuestarios" no renovaría los contratos de concertación de plazas, en vigor desde 2008 - Los centros avisan que con la medida "desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la C. Valenciana".
LAURA BALLESTER
Las familias de 1.800 mayores dependientes de la Comunitat Valenciana atendidos en residencias han recibido una inquietante carta en la que los centros les comunican que sus seres queridos pueden verse literalmente en la calle. "Se trata de una situación muy grave que se puede producir con la plaza concertada de la que disfruta usted o su familiar en uno de nuestros centros a partir del próximo 1 de septiembre", asegura la carta recibida por una vecina de la Marina que tiene a su madre ingresada en una residencia.
Los responsables del centro explican en la misiva que "el secretario autonómico de autonomía personal y dependencia", Joaquín Martínez Gómez, "mantuvo en junio una reunión con las empresas con plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social, dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social". En este encuentro, el responsable autonómico comunicó la posibilidad de que, por motivos presupuestarios, no se renueven a partir del 31 de agosto los contratos de concertación de plazas, en vigor desde el año 2008".
Esta decisión podría afectar a 1.800 beneficiarios a quienes la administración paga, de media, un 80% del coste de la residencia. "Los centros se quedarían sin recursos económicos" para prestar los servicios, salvo que "cobren el precio privado de la plaza" a los familiares, "un precio que no podrán abonar con casi total seguridad". "Si los contratos con la administración "no se renuevan, significaría la desaparición efectiva de las 1.800 plazas concertadas" y, para las empresas que dan el servicio "la imposibilidad de seguir ofreciendo este servicio con las condiciones actuales de estabilidad y precio".
Además, advierten las residencias, "con las 1.800 plazas desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana y suspenderían pagos algunas de las empresas que actualmente conciertan servicios con la Generalitat".
El Plan de Accesibilidad Social se puso en marcha en 2001 para conceder ayudas a la financiación de la estancia en centros residenciales a las personas con recursos económicos insuficientes. Dentro de esta planificación se distinguen las plazas privadas, el bono residencia y las plazas de accesibilidad social que se consideran como una especie de cupo de las plazas públicas que deben tener todas las residencias aunque sean privadas. En 2005 existían 1.118 plazas de accesibilidad social frente a 6.056 de bono residencia.
Este periódico intentó ayer obtener la versión de la Conselleria de Bienestar Social sobre el futuro de las plazas de accesibilidad social, sin éxito pese a haberlo intentado en tres ocasiones porque, alegaron, "la mayoría del personal está de vacaciones".
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Las residencias con plazas de accesibilidad concertadas no han estado quietas desde la reunión de junio con el secretario autonómico de autonomía personal y autonomía. El 16 de julio las empresas del Plan de Accesibilidad social remitieron un escrito a la Conselleria de Bienestar en el que "denunciábamos la situación y reclamábamos que se proceda a la renovación de los contratos".
Durante la primera quincena de agosto, algunas empresas afectadas enviaron un nuevo requerimiento a la subsecretaria de la conselleria en el que reiteraban "las consecuencias negativas de la no renovación de los contratos" porque "existe la posibilidad real de que no podamos seguir prestando el servicio en caso de no renovación". Si este es el caso requerían que se les "confirmara la decisión final de la conselleria para poder tomar a tiempo las medidas operativas y legales pertinentes".
La patronal del sector, Aerte, también tomó cartas en el asunto y remitió otro escrito a la subsecretaria del departamento que dirige Angélica Such, "instándole a una reunión urgente en la que se informe a las empresas de la decisión de la Conselleria y de la situación en la que quedarán las plazas afectadas".
Silencio administrativo
Por último, las empresas han enviado un cuarto escrito en agosto en el que requieren la confirmación de que "el silencio a los escritos presentados supone confirmación expresa de la no renovación de los contratos a los efectos de poder comunicar a los usuarios afectados los efectos" de la decisión de la Conselleria de Bienestar Social. Ninguna de estas misivas han obtenido respuesta. "A fecha de hoy no hemos recibido respuesta a ninguno de estos escritos, no se ha desmentido la información del secretario autonómico de junio ni se nos ha convocado para firmar un nuevo contrato". Ante esta tesitura, las residencias instan a las familias a "pedir directamente a la Conselleria de Bienestar Social que se renueve el contrato de concierto de su plaza". Legalmente podrían exigir a los usuarios de las residencias el pago de la totalidad del precio de la plaza, "pero es la última medida a la que queremos llegar".
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
"Hay esperas indebidas en la Dependencia"
domingo 8 de agosto de 2010
"Hay esperas indebidas en la Dependencia"
ENTREVISTA: ANGÉLICA SUCH, Consejera de Bienestar Social. En tres años, esta abogada de Benidorm ha pasado de ocupar un puesto de asesora jurídica municipal a dar el salto al Consell, donde ha sido directora general de Relaciones con las Cortes, consejera de Turismo y de Bienestar Social.
JAIME PRATS - VALENCIA
En el despacho de Angélica Such (1964) hay varias fotografías del presidente de la Generalitat. En una de las más grandes, dedicada, está solo. En otras, Camps acompaña a la consejera o ambos aparecen junto al Rey. Son las clásicas fotos institucionales que no faltan en las dependencias de cualquier alto cargo. Pero entre todas ellas, destaca la imagen de una persona mayor anónima. Es José Such, el padre de Angélica. Fue el primer alcalde democrático de Benidorm, con UCD, y quien transmitió a la consejera de Bienestar Social el gen de la política. Falleció hace dos años. Un año antes, en 2007, vio como su hija accedía a la consejería de Turismo, cargo del que saltó a su puesto actual.
P. Usted llega a Bienestar Social en unas circunstancias económicas delicadas y en medio de críticas a la gestión de su antecesor en el cumplimiento de la ley de la Dependencia. ¿Cómo encontró la consejería?
R. Me ha correspondido gestionar esta consejería en un momento económicamente muy complicado. Al margen de que Bienestar Social no es solo la de la Dependencia, ésta es una ley de muy difícil aplicación, ambiciosa y con un sistema de financiación que deja mucho que desear. Después de tres años, se ha pasado de 9.000 personas atendidas a 40.000 con su derecho en vigor y el recurso que les corresponde. Los números hablan por sí solos, se ha avanzado muchísimo. Hay 117 centros de atención a la dependencia lo que supone un coste de 7 millones de euros para la Generalitat. Hemos ido dando respuesta a las necesidades que han ido surgiendo, pese a que soy consciente de la gente que queda por atender.
P. ¿A qué se refiere con los problemas de financiación?
R. La memoria económica de la ley dice que el sistema se debe de financiar al 50% entre las comunidades autónomas y el Estado, pero esto no sucede. Un informe de un comité de expertos nombrado por el Congreso de los Diputados demostró que las comunidades autónomas corren con el 70% del coste. La ley nos cuesta 450 millones de euros mientras que el gobierno pone poco más de 100. Además, habría que financiar por el recurso que se le concede a cada persona, no solo por el grado de discapacidad.
P. Sin embargo, con estas mismas condiciones en toda España, la Comunidad Valenciana está a la cola en la aplicación de la ley en los informes que elabora el Observatorio de la Dependencia y el Ministerio
R. Yo me centraría en los datos del ministerio y la consejería. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, responsable del Observatorio, no dependen del ministerio ni de ningún organismo público, por lo que es más riguroso hablar con instituciones que tienen datos oficiales contrastados, algo que ellos no hacen.
P. ¿Y respecto a la información del ministerio? ¿Por qué la Comunidad Valenciana ha salido tradicionalmente tan mal parada?
R. En el sistema informático del ministerio, durante los primeros años, no se volcaban los datos por igual de todas las autonomías. En septiembre de 2009 se acordó un sistema homogéneo que funciona desde 2010. Ahora las cifras dicen que en la Comunidad Valenciana hay más de 40.000 personas atendidas. Hemos más que duplicado el número de personas con prestación y triplicado el número de valoraciones en el último año. No ha habido ningún boicot. Empezamos destinando más de 150 millones a la ley y ahora son más de 450.
P. Las asociaciones se quejan de que pasa mucho tiempo, entre tres y seis meses, desde que se reconoce el derecho a percibir la prestación hasta que efectivamente se cobra. De 76.800 beneficiarios con derecho a ayudas, sólo 46.000 las cobran. ¿Por qué?
R. Todo está relacionado con un exceso de burocracia en la tramitación de las prestaciones. Vamos a aprobar un decreto que va a acortar los trámites hasta los seis meses. Es verdad que hay esperas indebidas. Pero también es cierto que si se acredita que se ha hecho un gasto, se pagan los atrasos por las prestaciones reconocidas.
P. ¿Cuándo entrará en vigor el decreto?
R. A final de año o principios del próximo, junto a los otros tres que están en camino. Un segundo decreto regula la flexibilización del sistema de incompatibilidades que permitirá, por ejemplo, recibir atención domiciliaria y acudir a un centro de día. Otro regulará el copago para que el sistema sea más justo y el cuarto aborda la figura del asistente personal. Estamos satisfechos de haber podido asumir la mayoría de las demandas que nos han planteado los representantes del sector.
P. ¿Ha habido un abuso de la figura de las residencias?
R. No primamos ningún recurso por encima de otro. Hay que tender a que la persona tenga el recurso que requiere su situación.
P. Una empresa de residencias ligada a la familia del ex consejero de Bienestar Social Juan Cotino, el grupo Savia, se vio beneficiada de un notable aumento de plazas concertadas. ¿No se potenció la atención residencial por motivos ajenos a los asistenciales?
R. Para nada. La Comunidad Valenciana es la que más ha potenciado que las personas se queden en el entorno familiar con medidas como el Menjar a casa o el Major a casa. En 2001, ante la lista de espera que había para entrar en residencias, se lanzó el plan de accesibilidad que nos permite tener 30.000 plazas entre residencias y centros de día. Pero de ninguna manera estamos primando un recurso sobre otro.
P. ¿No se mejoraron las condiciones económicas a los centros ligados el ex consejero de Bienestar Social? Savia incluso logró un aumento de precio en los tribunales mediante una sentencia que la Generalitat no recurrió.
R. Esas son decisiones estrictamente jurídicas. Lo único que ha sucedido es que el sistema de atención residencial, sobre todo desde la ley de la Dependencia, ha debido adaptarse a los requerimientos de la nueva normativa. Sobre todo en especialización del personal y ratio por usuario; y eso ha hecho que los precios de las plazas se ajustaran a los nuevos requerimientos. Nada más.
P. ¿Cómo afronta el futuro ante las estrecheces financieras que se están derivando de la crisis?
R. Esta consejería es la que más ha incrementado el presupuesto este año, un 13%, por la decisión del Gobierno valenciano de que la situación económica no derivara en recortes sociales, cosa que no ha hecho en el Gobierno central. Pero, además, el 81% del presupuesto de la Generalitat se destina a gasto social. ¿Cómo afronto el futuro? Desde el realismo y la responsabilidad, priorizando las necesidades ineludibles: los más de 5.500 menores tutelados, la dependencia, la discapacidad, la enfermedad mental o los colectivos vulnerables.
P. Las asociaciones de enfermos mentales se han quejado de lo que han tardado en cobrar 2009, algunas no lo han hecho hasta junio. Comentan que nunca ha sucedido. ¿Nos enfrentamos a un escenario en el que el retraso en el pago será la norma por las apreturas financieras?
R. Puede haber retrasos en el pago, que es distinto a impagos. Lo que ha habido en el ámbito de los enfermos mentales crónicos es un importante incremento de plazas. Ahora tenemos más de 2.200. En Alicante, además, habrá un incremento de plazas de atención a enfermos de salud mental gracias al Plan Confianza.
P. Cáritas o la Casa de la Caridad insisten en que hay cada vez más gente con menos recursos y que se ven obligados a estirar sus servicios para llegar donde no llega la Administración. ¿El Consell es consciente de esta situación?
R. Antes de nada quiero agradecer y reconocer la labor que realizan estas entidades sin áni-mo de lucro. En el ámbito de la acción social destinamos 55 millones de euros a la atención de colectivos vulnerables. En cuanto a la renta garantizada, este año aportaremos 17 millones de euros. Llegamos a unas 6.000 unidades familiares.
P. ¿Se priman los grandes eventos frente a la política social?
R. La distribución presupuestaria de 2010 responde a esta pregunta. Por otra parte, he sido consejera de Turismo y soy más que consciente de la importancia que tienen y han tenido los grandes eventos. Como motor económico y como generador de empleo, además de habernos situado en el mapa del mundo.
P. Da la sensación de que con el plan Más Vida, contra el aborto, el Consell hace una política ideológica en lugar de gobernar para todos los valencianos
R. No son medidas dirigidas a un sector, sino a ofrecer recursos a mujeres gestantes que se encuentran ante una situación delicada y dar respuesta a sus necesidades. Está dirigido a toda la ciudadanía, a todas las mujeres. Creo que cuanta más información y más posibilidades se ofrezcan a las mujeres en situaciones delicadas, más libres serán en su elección.
P. ¿Qué opina de la acumulación de presuntos casos de corrupción del PP en Alicante, Castellón y que llegan incluso a las Cortes, el Consell y su presidente?
R. Creo que en los últimos tiempos la politica se ha judicializado y que la justicia se ha politizado. Hay que recuperar y defender el sistema judicial basado en el principio de igualdad entre partes y de contradicción, que quiere decir que acusación y defensa tienen el mismo valor en un proceso. Últimamente se están identificando las acusaciones con condenas, y eso no es bueno para nadie. Además, las trayectorias de las personas son importantes y dicen mucho de ellas. El presidente Camps está más que avalado por su honradez y trabajo hacia el pueblo valenciano, su comunidad y su tierra.
P. ¿Quién gobernará Benidorm tras las elecciones?
R. Ganará el PP. En casi cuatro años, ha habido tres procesos electorales en Benidorm. En cada uno de ellos, el PP ha ganado y ha crecido en votos y, sin embargo, ahora no gobierna, en contra de lo que decidió la ciudadanía.
P. Eso ya pasó hace unos años con una moción de censura que llevó a la alcaldía a Eduardo Zaplana.
R. Entonces no existía el Pacto Antitransfuguismo y la situación era distinta a la que ha ocurrido ahora con la moción de Agustín Navarro.
Fuente: ELPAIS.com
Publicado por AVaFURCeG
"Hay esperas indebidas en la Dependencia"
ENTREVISTA: ANGÉLICA SUCH, Consejera de Bienestar Social. En tres años, esta abogada de Benidorm ha pasado de ocupar un puesto de asesora jurídica municipal a dar el salto al Consell, donde ha sido directora general de Relaciones con las Cortes, consejera de Turismo y de Bienestar Social.
JAIME PRATS - VALENCIA
En el despacho de Angélica Such (1964) hay varias fotografías del presidente de la Generalitat. En una de las más grandes, dedicada, está solo. En otras, Camps acompaña a la consejera o ambos aparecen junto al Rey. Son las clásicas fotos institucionales que no faltan en las dependencias de cualquier alto cargo. Pero entre todas ellas, destaca la imagen de una persona mayor anónima. Es José Such, el padre de Angélica. Fue el primer alcalde democrático de Benidorm, con UCD, y quien transmitió a la consejera de Bienestar Social el gen de la política. Falleció hace dos años. Un año antes, en 2007, vio como su hija accedía a la consejería de Turismo, cargo del que saltó a su puesto actual.
P. Usted llega a Bienestar Social en unas circunstancias económicas delicadas y en medio de críticas a la gestión de su antecesor en el cumplimiento de la ley de la Dependencia. ¿Cómo encontró la consejería?
R. Me ha correspondido gestionar esta consejería en un momento económicamente muy complicado. Al margen de que Bienestar Social no es solo la de la Dependencia, ésta es una ley de muy difícil aplicación, ambiciosa y con un sistema de financiación que deja mucho que desear. Después de tres años, se ha pasado de 9.000 personas atendidas a 40.000 con su derecho en vigor y el recurso que les corresponde. Los números hablan por sí solos, se ha avanzado muchísimo. Hay 117 centros de atención a la dependencia lo que supone un coste de 7 millones de euros para la Generalitat. Hemos ido dando respuesta a las necesidades que han ido surgiendo, pese a que soy consciente de la gente que queda por atender.
P. ¿A qué se refiere con los problemas de financiación?
R. La memoria económica de la ley dice que el sistema se debe de financiar al 50% entre las comunidades autónomas y el Estado, pero esto no sucede. Un informe de un comité de expertos nombrado por el Congreso de los Diputados demostró que las comunidades autónomas corren con el 70% del coste. La ley nos cuesta 450 millones de euros mientras que el gobierno pone poco más de 100. Además, habría que financiar por el recurso que se le concede a cada persona, no solo por el grado de discapacidad.
P. Sin embargo, con estas mismas condiciones en toda España, la Comunidad Valenciana está a la cola en la aplicación de la ley en los informes que elabora el Observatorio de la Dependencia y el Ministerio
R. Yo me centraría en los datos del ministerio y la consejería. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, responsable del Observatorio, no dependen del ministerio ni de ningún organismo público, por lo que es más riguroso hablar con instituciones que tienen datos oficiales contrastados, algo que ellos no hacen.
P. ¿Y respecto a la información del ministerio? ¿Por qué la Comunidad Valenciana ha salido tradicionalmente tan mal parada?
R. En el sistema informático del ministerio, durante los primeros años, no se volcaban los datos por igual de todas las autonomías. En septiembre de 2009 se acordó un sistema homogéneo que funciona desde 2010. Ahora las cifras dicen que en la Comunidad Valenciana hay más de 40.000 personas atendidas. Hemos más que duplicado el número de personas con prestación y triplicado el número de valoraciones en el último año. No ha habido ningún boicot. Empezamos destinando más de 150 millones a la ley y ahora son más de 450.
P. Las asociaciones se quejan de que pasa mucho tiempo, entre tres y seis meses, desde que se reconoce el derecho a percibir la prestación hasta que efectivamente se cobra. De 76.800 beneficiarios con derecho a ayudas, sólo 46.000 las cobran. ¿Por qué?
R. Todo está relacionado con un exceso de burocracia en la tramitación de las prestaciones. Vamos a aprobar un decreto que va a acortar los trámites hasta los seis meses. Es verdad que hay esperas indebidas. Pero también es cierto que si se acredita que se ha hecho un gasto, se pagan los atrasos por las prestaciones reconocidas.
P. ¿Cuándo entrará en vigor el decreto?
R. A final de año o principios del próximo, junto a los otros tres que están en camino. Un segundo decreto regula la flexibilización del sistema de incompatibilidades que permitirá, por ejemplo, recibir atención domiciliaria y acudir a un centro de día. Otro regulará el copago para que el sistema sea más justo y el cuarto aborda la figura del asistente personal. Estamos satisfechos de haber podido asumir la mayoría de las demandas que nos han planteado los representantes del sector.
P. ¿Ha habido un abuso de la figura de las residencias?
R. No primamos ningún recurso por encima de otro. Hay que tender a que la persona tenga el recurso que requiere su situación.
P. Una empresa de residencias ligada a la familia del ex consejero de Bienestar Social Juan Cotino, el grupo Savia, se vio beneficiada de un notable aumento de plazas concertadas. ¿No se potenció la atención residencial por motivos ajenos a los asistenciales?
R. Para nada. La Comunidad Valenciana es la que más ha potenciado que las personas se queden en el entorno familiar con medidas como el Menjar a casa o el Major a casa. En 2001, ante la lista de espera que había para entrar en residencias, se lanzó el plan de accesibilidad que nos permite tener 30.000 plazas entre residencias y centros de día. Pero de ninguna manera estamos primando un recurso sobre otro.
P. ¿No se mejoraron las condiciones económicas a los centros ligados el ex consejero de Bienestar Social? Savia incluso logró un aumento de precio en los tribunales mediante una sentencia que la Generalitat no recurrió.
R. Esas son decisiones estrictamente jurídicas. Lo único que ha sucedido es que el sistema de atención residencial, sobre todo desde la ley de la Dependencia, ha debido adaptarse a los requerimientos de la nueva normativa. Sobre todo en especialización del personal y ratio por usuario; y eso ha hecho que los precios de las plazas se ajustaran a los nuevos requerimientos. Nada más.
P. ¿Cómo afronta el futuro ante las estrecheces financieras que se están derivando de la crisis?
R. Esta consejería es la que más ha incrementado el presupuesto este año, un 13%, por la decisión del Gobierno valenciano de que la situación económica no derivara en recortes sociales, cosa que no ha hecho en el Gobierno central. Pero, además, el 81% del presupuesto de la Generalitat se destina a gasto social. ¿Cómo afronto el futuro? Desde el realismo y la responsabilidad, priorizando las necesidades ineludibles: los más de 5.500 menores tutelados, la dependencia, la discapacidad, la enfermedad mental o los colectivos vulnerables.
P. Las asociaciones de enfermos mentales se han quejado de lo que han tardado en cobrar 2009, algunas no lo han hecho hasta junio. Comentan que nunca ha sucedido. ¿Nos enfrentamos a un escenario en el que el retraso en el pago será la norma por las apreturas financieras?
R. Puede haber retrasos en el pago, que es distinto a impagos. Lo que ha habido en el ámbito de los enfermos mentales crónicos es un importante incremento de plazas. Ahora tenemos más de 2.200. En Alicante, además, habrá un incremento de plazas de atención a enfermos de salud mental gracias al Plan Confianza.
P. Cáritas o la Casa de la Caridad insisten en que hay cada vez más gente con menos recursos y que se ven obligados a estirar sus servicios para llegar donde no llega la Administración. ¿El Consell es consciente de esta situación?
R. Antes de nada quiero agradecer y reconocer la labor que realizan estas entidades sin áni-mo de lucro. En el ámbito de la acción social destinamos 55 millones de euros a la atención de colectivos vulnerables. En cuanto a la renta garantizada, este año aportaremos 17 millones de euros. Llegamos a unas 6.000 unidades familiares.
P. ¿Se priman los grandes eventos frente a la política social?
R. La distribución presupuestaria de 2010 responde a esta pregunta. Por otra parte, he sido consejera de Turismo y soy más que consciente de la importancia que tienen y han tenido los grandes eventos. Como motor económico y como generador de empleo, además de habernos situado en el mapa del mundo.
P. Da la sensación de que con el plan Más Vida, contra el aborto, el Consell hace una política ideológica en lugar de gobernar para todos los valencianos
R. No son medidas dirigidas a un sector, sino a ofrecer recursos a mujeres gestantes que se encuentran ante una situación delicada y dar respuesta a sus necesidades. Está dirigido a toda la ciudadanía, a todas las mujeres. Creo que cuanta más información y más posibilidades se ofrezcan a las mujeres en situaciones delicadas, más libres serán en su elección.
P. ¿Qué opina de la acumulación de presuntos casos de corrupción del PP en Alicante, Castellón y que llegan incluso a las Cortes, el Consell y su presidente?
R. Creo que en los últimos tiempos la politica se ha judicializado y que la justicia se ha politizado. Hay que recuperar y defender el sistema judicial basado en el principio de igualdad entre partes y de contradicción, que quiere decir que acusación y defensa tienen el mismo valor en un proceso. Últimamente se están identificando las acusaciones con condenas, y eso no es bueno para nadie. Además, las trayectorias de las personas son importantes y dicen mucho de ellas. El presidente Camps está más que avalado por su honradez y trabajo hacia el pueblo valenciano, su comunidad y su tierra.
P. ¿Quién gobernará Benidorm tras las elecciones?
R. Ganará el PP. En casi cuatro años, ha habido tres procesos electorales en Benidorm. En cada uno de ellos, el PP ha ganado y ha crecido en votos y, sin embargo, ahora no gobierna, en contra de lo que decidió la ciudadanía.
P. Eso ya pasó hace unos años con una moción de censura que llevó a la alcaldía a Eduardo Zaplana.
R. Entonces no existía el Pacto Antitransfuguismo y la situación era distinta a la que ha ocurrido ahora con la moción de Agustín Navarro.
Fuente: ELPAIS.com
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