Presentación

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domingo, 28 de noviembre de 2010

La patronal acusa al Consell de improvisar y no dar preferencia a la política social

miércoles 25 de agosto de 2010
La patronal acusa al Consell de improvisar y no dar preferencia a la política social

[Valencia] Bienestar Social informó en junio a las residencias que "por motivos presupuestarios" no renovaría los contratos de concertación de plazas, en vigor desde 2008 - Los centros avisan que con la medida "desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la C. Valenciana".



FRANCISCO NAVARRO

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) dio ayer un puñetazo sobre la mesa al anunciar una reunión con sus asociados para este jueves donde «estudiaremos qué medidas tomaremos» para estudiar las consecuencias de la supresión de subvenciones de la Ley de Dependencia por parte del Consell.

El presidente de Aerte, Alberto Giménez, acusó a la Conselleria de Bienestar Social de «improvisar continuamente» en un campo «que admite pocas bromas». La preocupación es «grave» porque son «mil puestos de trabajo, que pueden desaparecer de un día para otro», explicó. Para el presidente de la patronal, el ejecutivo valenciano «se ha quitado la careta» porque «cada gobierno se define por sus acciones y éste demuestra que otros asuntos como los grandes eventos tienen preferencia sobre la cuestión social». Alberto Giménez tampoco quiso olvidarse de los familiares afectados y aseguró que los comprende porque «hablamos de la salud de la gente y con eso no se juega». De todas formas, el presidente de la patronal señaló tener «la confianza de que esto se solucione, porque no podemos admitir que no exista una solución».



Críticas unánimes


Desde la Asociación Empresarial de Servicios a la Dependencia (Avasede), también se sumaron a los reproches por la polémica medida y censuraron la política a seguir por el Consell que calificaron de «desastre» y que «no es cosa solamente de este año, si no que siempre es igual de calamitosa, solo que ésta es la gota que colma el vaso». El dirigente de Avasede, Rafa Marco, aseguró que lo peor tanto para familiares como empresarios es la «incertidumbre» con la que viven ya que «no tenemos nada claro aún y no podemos asegurar que sea una situación definitiva». Para Rafa Marco, la situación actual se debe «a los excesos que se permitieron y ahora con las vacas flacas no salen las cuentas».

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, compareció ayer por primera públilcamente desde que se desvelara el asunto y afirmó que la Generalitat no tiene «ninguna voluntad de reducir las plazas concertadas» para personas dependientes que mantiene «ahora mismo», y aseguró que se abona «el concierto de las plazas dentro de la normalidad absoluta».



Preguntada por una reunión de familiares de personas dependientes que viven en la residencia l'Albereda de Alaquàs con la alcaldesa de este municipio, ante la posibilidad de que pierdan su plaza como adelantó Levante-EMV, Such resaltó que no tiene conocimiento de que «ninguna persona se haya quedado sin su plaza por ningún problema que haya ocurrido en este mes de agosto».
En ese mismo sentido, la portavoz adjunta del PP en las Corts Marisol Linares aseguró que nadie «se va a quedar sin residencia» ni «en la calle» porque «todas las personas serán reubicadas» en otros centros.



Críticas socialistas

Por su parte, la portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Carmen Ninet, denunció que el «mayor pecado político» que el president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, llevará sobre su conciencia será «haber dejado en la calle a 1.800 dependientes». Ninet apuntó que «la tan cacareada moral del jefe del Consell se contradice con la crueldad de sus acciones». 



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De la misma manera que el lunes los familiares de una residencia de Alaquàs se enteraron por la propia organización de la eliminación de las ayudas de la Generalitat, ayer los parientes de ingresados en un centro de Catarroja conocieron en una reunión convocada por la entidad de la imposibilidad de seguir manteniendo a sus progenitores en la residencia.



Los asistentes se mostraron «indignados» por la desinformación por parte de la Conselleria, ya que según informó el personal de la residencia, «tenía que haber avisado por lo menos un mes antes, pero no han hecho más que darnos largas». Por ello, los propios familiares han optado por convocar una reunión el lunes, donde decidirán las medidas a tomar para evitar el desalojo de sus padres del centro. Una de las opciones que mayor cuerpo va tomando es convocar una manifestación en Valencia con todos los familiares afectados en la Comunitat Valenciana por esta medida, que en conjunto suman más de 1.800. «Hemos hablado con el propietario del centro y le hemos solicitado que en la reunión que mantenga la patronal el jueves comunique la decisión al resto de residencias para poder acudir todos juntos a Valencia a protestar por esta injusticia».



Desde el propio centro también manifestaron su apoyo a los afectados y les facilitaron una hoja de firmas para darles su autorización a representar al conjunto de familiares ante la patronal. Una medida que a pesar de lo favorable que pueda resultar para sus intereses, levantó ciertas ampollas entre los asistentes a la reunión, porque durante la recogida de firmas, el centro aseguró que sólo podía firmar una persona por familia y que no podían llevarse una hoja para poder hacer copias. «Es un poco extraño que no dejen que captemos el mayor número de firmas posibles, porque así conseguiríamos hacer más fuerza de cara al Consell», explicó un familiar.

Los familiares también echaron en falta representación municipal o algún tipo de apoyo por parte del consistorio. «El ayuntamiento no hace más que dar largas cuando le pedimos su ayuda para resolver este tema que preocupa a todo el pueblo», se quejaba un familiar. Sí estuvo presente el portavoz del PSPV en el ayuntamiento para darles su respaldo.



Las cartas llegan a Alicante


Mientras tanto, en Alicante también han comenzado a recibirse las notificaciones de la Conselleria. Se calcula que en esa provincia pueden residir unos 700 de los 1.800 afectados que se cuentan en el conjunto de la Comunitat Valenciana.
Fuente: levante-emv

Publicado por AVaFURCeG