sábado 21 de agosto de 2010
Las residencias advierten a 1.800 ancianos que pueden ir a la calle por los impagos del Consell
[Valencia] Bienestar Social informó en junio a las residencias que "por motivos presupuestarios" no renovaría los contratos de concertación de plazas, en vigor desde 2008 - Los centros avisan que con la medida "desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la C. Valenciana".
LAURA BALLESTER
Las familias de 1.800 mayores dependientes de la Comunitat Valenciana atendidos en residencias han recibido una inquietante carta en la que los centros les comunican que sus seres queridos pueden verse literalmente en la calle. "Se trata de una situación muy grave que se puede producir con la plaza concertada de la que disfruta usted o su familiar en uno de nuestros centros a partir del próximo 1 de septiembre", asegura la carta recibida por una vecina de la Marina que tiene a su madre ingresada en una residencia.
Los responsables del centro explican en la misiva que "el secretario autonómico de autonomía personal y dependencia", Joaquín Martínez Gómez, "mantuvo en junio una reunión con las empresas con plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social, dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social". En este encuentro, el responsable autonómico comunicó la posibilidad de que, por motivos presupuestarios, no se renueven a partir del 31 de agosto los contratos de concertación de plazas, en vigor desde el año 2008".
Esta decisión podría afectar a 1.800 beneficiarios a quienes la administración paga, de media, un 80% del coste de la residencia. "Los centros se quedarían sin recursos económicos" para prestar los servicios, salvo que "cobren el precio privado de la plaza" a los familiares, "un precio que no podrán abonar con casi total seguridad".
"Si los contratos con la administración "no se renuevan, significaría la desaparición efectiva de las 1.800 plazas concertadas" y, para las empresas que dan el servicio "la imposibilidad de seguir ofreciendo este servicio con las condiciones actuales de estabilidad y precio".
Además, advierten las residencias, "con las 1.800 plazas desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana y suspenderían pagos algunas de las empresas que actualmente conciertan servicios con la Generalitat".
El Plan de Accesibilidad Social se puso en marcha en 2001 para conceder ayudas a la financiación de la estancia en centros residenciales a las personas con recursos económicos insuficientes. Dentro de esta planificación se distinguen las plazas privadas, el bono residencia y las plazas de accesibilidad social que se consideran como una especie de cupo de las plazas públicas que deben tener todas las residencias aunque sean privadas. En 2005 existían 1.118 plazas de accesibilidad social frente a 6.056 de bono residencia.
Este periódico intentó ayer obtener la versión de la Conselleria de Bienestar Social sobre el futuro de las plazas de accesibilidad social, sin éxito pese a haberlo intentado en tres ocasiones porque, alegaron, "la mayoría del personal está de vacaciones".
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Cuatro escritos y la callada por respuesta
Las residencias con plazas de accesibilidad concertadas no han estado quietas desde la reunión de junio con el secretario autonómico de autonomía personal y autonomía. El 16 de julio las empresas del Plan de Accesibilidad social remitieron un escrito a la Conselleria de Bienestar en el que "denunciábamos la situación y reclamábamos que se proceda a la renovación de los contratos".
Durante la primera quincena de agosto, algunas empresas afectadas enviaron un nuevo requerimiento a la subsecretaria de la conselleria en el que reiteraban "las consecuencias negativas de la no renovación de los contratos" porque "existe la posibilidad real de que no podamos seguir prestando el servicio en caso de no renovación". Si este es el caso requerían que se les "confirmara la decisión final de la conselleria para poder tomar a tiempo las medidas operativas y legales pertinentes".
La patronal del sector, Aerte, también tomó cartas en el asunto y remitió otro escrito a la subsecretaria del departamento que dirige Angélica Such, "instándole a una reunión urgente en la que se informe a las empresas de la decisión de la Conselleria y de la situación en la que quedarán las plazas afectadas".
Silencio administrativo
Por último, las empresas han enviado un cuarto escrito en agosto en el que requieren la confirmación de que "el silencio a los escritos presentados supone confirmación expresa de la no renovación de los contratos a los efectos de poder comunicar a los usuarios afectados los efectos" de la decisión de la Conselleria de Bienestar Social. Ninguna de estas misivas han obtenido respuesta. "A fecha de hoy no hemos recibido respuesta a ninguno de estos escritos, no se ha desmentido la información del secretario autonómico de junio ni se nos ha convocado para firmar un nuevo contrato". Ante esta tesitura, las residencias instan a las familias a "pedir directamente a la Conselleria de Bienestar Social que se renueve el contrato de concierto de su plaza". Legalmente podrían exigir a los usuarios de las residencias el pago de la totalidad del precio de la plaza, "pero es la última medida a la que queremos llegar".
Fuente: levante-emv
Publicado por AVaFURCeG
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